Sobra recurrir a un trillado recordatorio: los estudios de opinión suelen captar un estado de ánimo puntual, fungen como “fotografías” del momento y sus particulares pulsos. No obstante, del más reciente informe de Datincorp (23 agosto) podría decirse que no describe simplemente el humor de un país agotado. Quizás topamos allí con la arquitectura de una desafección que atraviesa por igual al poder y a quienes se le oponen, y que precede -y, probablemente, sobrevivirá por mucho tiempo- al propio 3E. En ese sentido, el dato más destacable del estudio no parece ser un detalle de coyuntura, sino que más bien opera como clave para ser procesada en atención a un arco histórico más amplio. Venezuela atraviesa un interregno político que no es fruto de una insurrección popular ni de una elección, sino de una intervención militar externa. Sin embargo, cuando se pregunta a los venezolanos qué sienten respecto a sus nuevos y viejos liderazgos, la respuesta se asemeja mucho a la que este país ha dado en cada uno de sus grandes puntos de quiebre desde 1989.
A sabiendas de que se trata de un fenómeno no precisamente excepcional, la cíclica crisis de confianza va acompañada en este caso de una paradoja: 57% proyecta una tendencia positiva para su situación personal en los próximos 12 meses, 62% cree que el trance «se supera, pero tomará años», y 64% afirma que, si tuviera posibilidad real de emigrar, no lo haría. Son cifras que hablan de una expectativa restaurada, algo inédito tras una década en la que encuestas regionales de referencia como el Barómetro de las Américas y los propios estudios de opinión nacionales documentaron sistemáticamente el deseo de mayorías dispuestas a irse del país. El cauto optimismo convive, sin embargo, con un deterioro material que no ha cedido: 41% opina que las condiciones actuales son peores que hace un año, y 55% dice que la situación de su familia «se mantuvo igual», en un país donde mantenerse en mismo punto, tras una década de colapso, ya es en sí mismo un dato ambivalente. El paisaje es el de una sociedad que se ha permitido esperar por mejores tiempos, sí, pero que, al mismo tiempo, no abandona su coto de escepticismo.
Otro hallazgo contundente en este sentido se refiere a las personas que hoy ocupan el espacio público. Cuando se pregunta si algún líder político actual representa al entrevistado, 59% responde “ninguno”. 69% sostiene que el liderazgo político vigente «no sirve» y que hace falta uno nuevo; y cuando se pide elegir entre alguien proveniente de partidos existentes o «completamente nuevo», 66% se inclina por lo segundo; un 44%, además, precisa que ese alguien debería carecer de todo pasado político. Tal crisis de representación alcanza además a un sistema de partidos desmantelado por el poder y prácticamente autofagocitado tras las primarias opositoras de 2023. 34% cree que estos «deben desaparecer y que surjan nuevos», 31% que deben «transformarse radicalmente”; mientras 65% se define como independiente, sin alineación partidista. Sobre el propio proceso de negociación, el descreimiento es abrumador: solo 21% cree que las conversaciones producirán «cambios importantes» y 31% que no se logrará nada. 43% considera, además, que no es posible que chavistas y opositores «marchen juntos» dejando de lado sus diferencias.
Considerando contextos políticos aun disímiles (hablamos de la democracia frágil y cuestionada del siglo XX, pero todavía funcional) ninguno de estos datos es enteramente ajeno a nuestra historia reciente, insistimos. El país ha atravesado episodios previos de dilución de esa argamasa que facilita la cooperación entre personas, de fractura profunda entre la ciudadanía y la élite dirigente, momentos en los que el patrón del rechazo simultáneo al poder y a la oposición institucional, el deseo de «algo completamente nuevo» y el desapego partidista, ya estaba presente. 1989 marca el momento en que amplios sectores de la sociedad venezolana dejaron de creer en el sistema vigente desde 1958, uno que en sus postrimerías fue percibido como una “partidocracia» fosilizada, cerrada, clientelar y desconectada de las mayorías. La explosión de indignación de “El Caracazo” no resolvió esa crisis, por cierto: la hizo visible, la agravó, abriendo una década de inestabilidad que el liderazgo tradicional no pudo contener.
Cabe recordar que, con matices locales, el mencionado patrón del rechazo tampoco es inusual en la historia de países que atravesaron rupturas semejantes; de hecho, es prácticamente la fotografía que ha precedido a los grandes reacomodos políticos, para bien o para mal. En 2024, el informe de Latinobarómetro encontró que la confianza en los partidos políticos promediaba apenas 17% en 18 países de la región, con mínimos de 9% en Colombia y Perú; la confianza en el Congreso promediaba 24% y en el Poder Judicial, 28%. He allí una pauta que Datincorp documenta como manifestación particularmente aguda -y en el marco de un sistema en potencial tránsito- de una tendencia continental. Lo distintivo de nuestro caso no es la desconfianza en sí, sino su combinación con un cambio de modelo gestado desde fuera, sin que medie el ciclo electoral o de movilización social que ha servido al menos como cauce de esa desconfianza.
Lo descrito ocurrió en la Argentina de 2001, por ejemplo, tras el colapso económico que produjo el slogan que mejor resume estos episodios: «que se vayan todos, que no quede ni uno solo». La situación posterior a ese evento no trajo, sin embargo, una salida institucional ordenada. En última instancia, la crisis absorbida por el kirchnerismo capitalizó el descrédito de la política, reconstruyendo un liderazgo personalista dentro del mismo justicialismo que se había puesto en entredicho. En ausencia de una alternativa organizada y creíble, pues, el vacío tendió a ser ocupado por quien mejor supo nombrar el enojo, no necesariamente por quien sabía gobernar mejor. También en la Italia de 1992, el propio sistema judicial (la investigación conocida como Tangentópoli y el movimiento Mani Pulite que borran virtualmente del mapa a los grandes partidos de la posguerra, acusados de corrupción) y no una revuelta social, produjo la ruptura de la confianza cívica; pero el resultado fue estructuralmente similar al de la Venezuela de 1998. El colapso de partidos tradicionales abrió la puerta al outsider Silvio Berlusconi que fundó Forza Italia en apenas meses y ganó elecciones en 1994, pero eso no significó una renovación democrática robusta. Un caso distinto, el del Chile de 2019, aporta otras perspectivas: el estallido social demostró que la estabilidad macroeconómica no inmuniza contra la crisis de confianza cuando la ciudadanía percibe que el sistema no la representa. El doble fracaso del proceso constituyente, además, sugiere que dichas crisis pueden generar un enorme impulso reformista y, aun así, no desembocar en ningún acuerdo capaz de reconstituir la legitimidad perdida.
La secuencia invertida que distingue a la Venezuela de 2026 -un cambio de status por vía externa y antes de que la crisis de confianza que lo precedía encontrara resolución propia, doméstica, y procesada por la sociedad a través de sus propios mecanismos políticos- tal vez podría estar ofreciendo, a la vez, un riesgo y una oportunidad. Por un lado, habrá que recordar que una transición que no nace de un acuerdo social interno para cambiar las reglas de juego, corre el peligro de reproducir incesantemente, con elencos distintos, la misma desconexión entre dirigencia y ciudadanía que Datincorp está documentando. Pero, al mismo tiempo, esa crisis general de confianza ofrece una encrucijada genuinamente abierta y con potencial democratizador. Lo que la dirigencia haga o deje de hacer en los próximos meses a favor de una reinstitucionalización ganada para configuraciones más óptimas determinará si Venezuela logra, por fin, romper el patrón que la propia región lleva treinta años repitiendo, o si simplemente inaugura una nueva versión de ese “paño caliente” que no termina de dar soluciones al problema de fondo.