Lo hemos venido reiterando: todo desastre produce un vacío de certezas que pide ser llenado con datos, enunciados, orientaciones, relatos, palabras. Una responsabilidad que corresponde en primera instancia al Estado, sin duda, a sus voceros, instituciones, canales oficiales. La comunicación política en momentos de catástrofe, más que apéndice protocolar de la gestión de la emergencia es, en sí misma, una forma de gestión. Se gestiona con acción desplegada en el terreno, con censos precisos de fallecimientos, heridos, damnificados, estructuras colapsadas, status de habitabilidad, pasos concretos y verificables, así como con la forma en que esos datos son transmitidos para “regular el sistema nervioso de la comunidad” (Flavia Valgiusti, 2023).
Distinta a la reactividad de la comunicación de crisis, la comunicación de riesgo es proactiva, remite a una política pública planificada, sostenida en el tiempo. De allí que un Estado que improvisa sus mensajes en el momento del desastre ya llega con retraso a su propia responsabilidad comunicacional. En tal sentido, cabría admitir que la crisis post-sísmica venezolana y el manejo de amenazas a la estabilidad en el corto plazo exige simultáneamente más abordaje político -entendido como diseño deliberado de decisiones públicas eficaces y su adecuada difusión- y menos politización en el sentido degradado del término, la instrumentalización del sufrimiento con fines de reafirmación identitaria o de mera búsqueda y acumulación de poder. No hablamos de cosas contradictorias, por cierto. Pueden verse, de hecho, como dos caras de una misma exigencia ética.
El asunto camina más allá, por tanto, de la monda demanda de despolitización. Ante la comprensible aspiración de sacar a la política de la ecuación, de pausar las diferencias ante el dolor colectivo, no puede olvidarse al mismo tiempo que la reconstrucción es, por definición, un ejercicio de política pública. Decidir dónde se reubicarán los desplazados, qué normas de construcción sismorresistente se exigirán, cómo se distribuirán los fondos internacionales de ayuda, qué criterios de escalabilidad o desescalabilidad se aplicarán o qué infraestructura se priorizará -hospitales o vialidad, agua o electricidad- son decisiones intrínsecamente políticas. No es este un trámite que pueda sustraerse del terreno de la deliberación pública y la asignación de responsabilidades, problema puesto en evidencia por casos tan dispares como el terremoto de Ciudad de México (1985), el de Kobe, Japón, (1995) o el de Lorca, España (2011).
Acá quizás resulte útil la discriminación que propone Mouffe entre lo político (la dimensión de antagonismo inherente a toda vida en común; el núcleo del conflicto humano, según Schmitt) y la política, la serie de prácticas e instituciones mediante las cuales se intenta ordenar esa enemistad. Un desastre no deroga lo político, no hay comunidad humana sin intereses en pugna sobre recursos escasos. Pero sí exige que la política funcione con una solvencia que en tiempos normales podría incluso permitirse cierta morosidad. Al reflexionar sobre la «sociedad del riesgo», por cierto, Ulrich Beck señalaba que, más que hechos naturales puros, los riesgos y catástrofes contemporáneas son construcciones sociales y políticas, en la medida en que su gestión o desatención revelan y redistribuyen poder. La administración y comunicación de los efectos del terremoto requiere calibrar esas consideraciones, las que remiten a la necesidad de que las decisiones oficiales sean debidamente escrutadas por la sociedad.
Pero hay que subrayar la distinción. Una cosa es el debate legítimo sobre políticas públicas de reconstrucción, eso que necesariamente involucra visiones distintas sobre el papel del Estado, la cooperación internacional, la descentralización o el modelo de desarrollo territorial. Otra, el uso del sufrimiento de las víctimas como munición discursiva para reafirmar identidades tribales preexistentes o para el ejercicio de un poder que no busca resolver sino perpetuarse. Timothy Coombs, teórico de la comunicación de crisis, insiste en que la primera obligación de una organización ante una catástrofe es la protección de las personas afectadas, no de la propia imagen institucional. Cuando esa jerarquía se invierte, cuando la comunicación política se diseña para gestionar percepciones y, sólo después, para informar y proteger, se corre el riesgo de que el desastre se convierta en un episodio más de la guerra simbólica permanente. Recordemos que ese acercamiento que todo comunicador con responsabilidad pública asume para comprender al otro, también puede ser usado como pretexto para reafirmarse a sí mismo: he allí una trampa que abarca tanto intencionalidad como método. La ruptura de puentes por intransigencia o la sustitución de la rendición de cuentas por la retórica del enemigo externo o interno, por ejemplo, son algunos síntomas de esa patología.
Hay otra forma de la degradación, pues, que tiene lugar cuando esa comunicación, en lugar de un proyecto sustantivo, persigue la conservación del poder como fin en sí mismo. En este caso, el desastre suele comunicarse exclusivamente en función de sus efectos sobre la gobernabilidad inmediata, como otra plataforma para la propaganda: qué tanto erosiona o fortalece el control territorial o social, qué actores pueden capitalizar los apoyos, qué silencios son manejables y cuáles no, cómo las víctimas pueden volverse escenografía de un relato que las excede e instrumentaliza. Ante peligros que pueden verse agudizados por nuestra disfuncionalidad de base, habrá que recordar que la ética de la comunicación pública se funda en el reconocimiento de que, junto a cada cifra, hay personas de carne y hueso, con nombres y pérdidas reales, almas y vínculos dislocados, sobrevivientes y recipientes de traumas cuyo abordaje implicará un trato sensible, continuo, diferenciado, de largo plazo.
Entonces, ¿dónde ubicar el “dorado medio” entre el reclamo utópico de despolitización y la voracidad particular? No está, sin duda, en una posición negociada entre facciones, sino en un método para establecer y sostener datos duros antes de que la política se apropie del vacío que deja la incertidumbre. El deslave de 1999 en Vargas -sin cifra oficial de fallecidos sometida a verificación forense y demográfica sistemática- ofrece de hecho referencias de lo que debe evitarse. El compromiso con la transparencia, la exactitud, el rigor técnico implica aceptar que el desacuerdo y el escrutinio externo, el de la prensa, la oposición o los organismos internacionales, lejos de ataques a neutralizar, son expresiones legítimas de accountability, el camino para fortalecer el tejido social que la reconstrucción material necesitará para sostenerse.
Lo anterior entraña un correlato inquietante. Aunque expresada en otro registro, la oposición enfrenta, en circunstancias de desastre, una tentación similar a la descrita. Si el poder de facto puede instrumentalizar la tragedia para blindarse, una oposición sin agencia puede intentar lo mismo para debilitarlo. Ambos movimientos, aunque de signo contrario, comparten la misma falla de origen, la subordinación de la verdad de las víctimas a una estrategia de hegemonización del relato y acumulación de capital político. De nuevo: antagonismo y agonismo son conceptos que en el caso venezolano se ponen a prueba. En el marco de un sistema con reglas de juego democráticas, gobierno y oposición se relacionarían no como enemigos existenciales sino como adversarios que disputan una visión de país. Pero aún al tanto de la carencia, y sin pasar por alto la “otra” excepcionalidad, esa en la que ya antes nos sumió el 3E, cabe revisar el momento con nuevas, ingentes dosis de ética de la responsabilidad.
Eso lleva a pensar, claro, en el deber de la oposición de ejercer contrapesos, fiscalizar, denunciar la opacidad, exigir cifras verificables, visibilizar a las comunidades desatendidas. No obstante, el despliegue legítimo del cuestionamiento también puede degradarse si se licúa en la sola denuncia sin propuestas: la comunicación que solo acumula agravios, capitaliza el dolor como evidencia acusatoria y deja la construcción de alternativas para “después”. La búsqueda desesperada de relevancia sin procura simultánea de soluciones termina consumiendo la propia credibilidad. Una oposición eficaz no debería limitarse a preguntar por qué falló la autoridad, entonces; tiene que estar en condiciones de responder, con el mismo rigor técnico, qué haría distinto y cómo lo verificaría. Encuadrar exclusivamente el desastre en clave de responsabilidad penal del rival, sin ofrecer abordajes alternativos y concretos de reconstrucción, terminará cebando la percepción de oportunismo. Lo deseable entonces es construir algo más duradero que la indignación y su viralidad, de combinar la exigencia de rendición de cuentas con planes propios, mesas técnicas, alianzas con expertos en gestión de riesgo y canales de ayuda paralela o complementaria. Además de asumir que el desastre no puede prescindir de la política, en fin, se trata de demandar que esa política que lo atraviesa sea también la de la corresponsabilidad.
@Mibelis