Tras la exaltación sobreviene no la calma, sino el despecho. Las amargas expresiones de venezolanos que hasta ayer clamaban por el auxilio foráneo para hacer lo que no pudo ni supo hacerse con los medios de la política, resultan llamativas, por decir lo menos. En su momento se argumentó sobre los albures de esa intervención, sobre todo en lo tocante al ensueño de instauración “express” de democracia por parte de un actor no precisamente democrático. Meses más tarde, las consecuencias siguen a la vista de quien quiera avistarlas. Un cambio de elenco, no de estructura, aunque en cierto modo distinta a la que le precedía. Un plan de tres fases que avanza con foco en la revitalización económica, premisa que una y otra vez subrayan los funcionarios norteamericanos. El objetivo inmediato, ha dicho el encargado de negocios John Barrett, es echar raíces para un crecimiento que ofrezca la seguridad que requieren las empresas e inversores estadounidenses, sentar las bases materiales e institucionales que garanticen que Venezuela tenga una posición sólida cuando llegue la tercera fase. El secretario de Energía Chris Wright, por su parte, habló de su deseo de que unas elecciones libres y justas ocurran “lo antes posible, pero no se quiere que sea antes de lo posible”.
Al margen de la racionalidad que destila esta hoja de ruta, no podemos ignorar otras agendas, claro está. Los intereses de Washington en cuanto al control exclusivo del negocio petrolero venezolano mediante sanciones y licencias, gozan de ventajas mientras perdura la situación de transitoriedad del gobierno en Caracas. La excepción, madre de una legitimidad ad-hoc, es por tanto un aliño fundamental para seguir operando en el país con la fluidez que el propio presidente de los EE. UU. no para de elogiar. Un esfuerzo propagandístico que responde, además, a la necesidad de ganar los endosos domésticos que requiere en medio del complejo escenario previo a las midterms y su costoso fracaso en Irán. Su “éxito” en Venezuela lo acredita para ejercer el rol de tutor “legítimo” y tomar decisiones corporativas como las que recientemente anunciaba Rubio en relación a Cuba: “El único bloqueo que ha ocurrido es que los venezolanos han decidido que no les vamos a dar más petróleo gratis”.
Aún a expensas de esa imprevisibilidad, del artero giro que ha coronado con la asociación improbable, lo cierto es que nos conviene hacer lo mejor posible con lo que se tiene, apuntando a aquello que listaba García Pelayo: saber qué se quiere o conciencia de finalidad. Saber qué se puede o conciencia de posibilidad. Saber qué hay que hacer o conocimiento de la instrumentalidad. Saber cuándo hay que hacerlo o sentido de oportunidad. Y, finalmente, saber cómo hay que hacerlo o sentido de la razonabilidad.
Indicios como los de una Perestroika en ciernes, cierta sensación de distensión del clima político en un contexto de alta fragilidad y precariedad sistémica, condicionan dichas tareas. En ese sentido, cabe mencionar, por un lado, la aparente remoción de trabas que hacia lo interno del bloque de poder bloqueaban la aplicación de medidas más pragmáticas y audaces en materia económica (reforma de la ley de hidrocarburos, reinserción financiera y gestión ante el FMI, entre otras) así como política (reorganización ministerial y de las FANB, destitución de figuras clave y renovación de autoridades, reformas al poder judicial, ley de Amnistía y otorgamiento de libertad plena a 8.616 personas). Por otro lado, está la certeza de que esa vigilancia externa y constante sobre un equipo de tutelados en período de mutación y adaptación, obliga con mayor razón a retornar al origen, al grassroot de la política: devolver a la arena interna el protagonismo de la participación ciudadana a la que jamás se debió renunciar.
Desechar el espejismo de la salvación externa (que persiste); trascender el dilema autonomía vs. dependencia, resulta vital. En la lucha contra los autoritarismos, la tentación de delegar la resolución del conflicto a la comunidad internacional no es nueva, lo sabemos. De modo que la serie de acontecimientos referidos sugiere poner atención a lo que ya confirman las experiencias históricas: que la tercerización de esa gestión, lejos de ayudar, puede convertirse en trampa estratégica en la medida en que paraliza, mutila, reduce incluso la maniobrabilidad financiera de las fuerzas democráticas locales.
Casos como el del Chile del siglo XX arrojan pistas sobre los desafíos de esas simbiosis, incluso si van amarradas a propósitos democráticos incontestables. El apoyo al Partido Demócrata Cristiano chileno por parte de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania Occidental, canalizado principalmente a través de la Fundación Konrad Adenauer, puso a competir la garantía de supervivencia con la determinación de la estrategia política. El paraguas diplomático que la potencia alemana brindaba al PDC elevaba los costos de la represión; no obstante, en el contexto de la Guerra Fría, imponía límites a la vocación reformista y la búsqueda de alianzas del PDC con la centro-izquierda. Las fricciones no faltaron, en especial cuando sectores de la CDU mostraron posturas más ambiguas o incluso proclives al orden económico pinochetista. La adaptación a las redes externas preparó al PDC para la transición, pero implicó ajustes y límites en su estrategia. Por supuesto, hablamos acá de una sintonía virtuosa que favoreció una transición imbuida del espíritu de la reconstrucción alemana: estabilidad, grandes acuerdos, una economía abierta pero con red de protección social. Siempre conducida, eso sí, por los intereses de una oposición democrática resuelta a no delegar sus obligaciones a terceros.
Lo contrario, la pérdida de la propiedad del conflicto, es una puerta abierta a la disfuncionalidad. La agenda de lucha deja de ser dictada por las necesidades de la población local y pasa a estar supeditada a los ciclos electorales y geopolíticos de los aliados, un “issue” más en los asuntos internos de esos países. Si el país aliado cambia de gobierno o reajusta sus prioridades, la oposición prohijada queda huérfana. Al priorizar la búsqueda de legitimidad externa, además, los líderes pueden perder contacto con la realidad, las demandas y urgencias de la propia población. Asimismo, la desmovilización social que esta subordinación acarrea se vuelve un obstáculo para la recuperación y despliegue de agencia de quien no tiene el poder. Ese estado de espera mesiánica suele destruir la autoconfianza de los ciudadanos, licúa esa “potentia” (Arendt) individual que permite «actuar en concierto”. Una sociedad que apostó y sigue apostando a la solución externa tendrá menos incentivo para organizarse y detectar ventanas de oportunidad, para tomar parte activa en los cambios y “poner el pellejo” cuando haga falta.
Ya antes del 3E y en línea con estudios como los de Erika Chenoweth o Zoe Marks, se discutía acerca del efecto contraproducente de esta intrusión en términos de la recohesión de filas de los autoritarios bajo una lógica de asedio, o de la fragmentación de la oposición, la competencia por ser interlocutor privilegiado en lugar de construir un frente unitario doméstico. Lo ocurrido en Venezuela, sin embargo, desafió los parámetros tradicionales de análisis. Tras la irrupción militar, y una vez que quedó claro que se prescindía de la fórmula de una «democracia» construida de afuera hacia adentro (seguramente tras considerar que la total dependencia del apoyo militar y financiero de EE.UU. habría evitado, como en Afganistán, que las instituciones locales desarrollasen raíces o legitimidad propia), los viejos antagonismos se han reconfigurado a la luz de un inopinado ganar-ganar, la cooperación entre socios estratégicos. Algo que ha añadido maraña a las luchas de poder dentro de un chavismo tan herido políticamente como afanado en sobrevivir, sí; pero que, al mismo tiempo, parece dejar fuera del plan a esa oposición que, sin influjo directo en las tomas de decisiones, se ha mostrado no sólo ideológicamente afín a Trump y sus aliados del bloque de derecha, sino atada operativamente a sus intereses.
Ante el pecado consumado, esa cesión de derechos al extranjero ansioso por cerrar negocios, esa renuncia a la autonomía en aras del endoso a una auctoritas “espiritual” sin fuerza para impactar el statu quo, las fuerzas de seguridad o PDVSA, queda replantearse un camino que vaya más allá del ajuste narrativo. A estas alturas, luce cada vez más clara la convergencia entre las prioridades de actores con poder de decisión en Caracas y Washington, en desmedro de una agenda opositora basada en la sola exigencia de elecciones. El problema sigue siendo cómo ser políticamente eficaz a la hora de ampliar los espacios democráticos en un entorno no democrático. No basta por tanto explotar el “coco” del improbable estado de anarquía con la ilusión de que el resbaloso aliado reconsidere sus planes, sino emprender la reconquista de esa autonomía perdida, la voz que el dueño del poder reconoce, la relevancia y el influjo interno que últimamente se han vuelto tan esquivos.
@Mibelis