Estabilización, recuperación, reconciliación y transición. He allí el actualizado mantra, freno y continente del gobierno interino, provisional; uno que, aunque constreñido por los efectos del 3E, sí cuenta hacia lo interno con el poder real que nunca tuvo el de 2019. La secuencia del plan Rubio para Venezuela no lo explicita, pero entendemos que, en esa hoja de ruta, el protagonismo de la elección es clave. Las democratizaciones, en tanto dinámicas definidas por el cambio de reglas de juego, por transformaciones perdurables en el largo plazo, suelen coronar con comicios que, más allá de la simple sustitución de elencos, sellan el complejo giro hacia un nuevo sistema político.
Nos referimos acá al conjunto de instituciones, actores, normas y creencias que interactúan para gestionar el poder, tomar decisiones colectivas, asignar valores en una sociedad y roles a sus miembros. Esta serie de interacciones y procesos de decisión que, en un marco de integración y adaptación han penetrado además como cultura y ethos en una sociedad, no suele desmontarse en una transición de manera inmediata o por vía cosmética. He allí la certeza que seguramente orientó a la administración estadounidense para optar por la solución “gris”: intervenir unilateral y militarmente, tal como había hecho en el pasado, pero manteniendo la estructura política de base que neutralizaría la posibilidad de anarquía subsiguiente. Meses más tarde, sin embargo, y cumplidos los objetivos de hegemonía hemisférica, no parece evidente que ese plan esté guiado por la urgencia de modificar el sistema a fin de que la democracia imponga sus principios y modos. Aun así, la situación de excepción latente sigue abriendo rendijas para que los venezolanos dejen de ser espectadores y asuman su responsabilidad histórica, cooperar con mudanzas que no estén condenadas a priori por el voluntarismo vacuo o la desesperación.
En este distintivo contexto, el papel de unas elecciones no apuntaría al simple conteo de votos para ratificar la aceptación de tal o cual liderazgo, visibilizar fuerzas o impedir que los espacios sean copados sin brega por el adversario. Se trata nada menos que del rito de pasaje de un sistema de fuerza a uno de legitimidad. Cabe pensar entonces que, abordadas en condiciones adversas o insuficientes, en lugar de ayudar podrían poner en riesgo ese cambio sustantivo del sistema; la estabilidad, recuperación económica y reconciliación que sentarían bases sostenibles para el futuro. Calibrar el impacto del sufragio en el marco de esta suerte de transición “inducida” obliga a repreguntarnos: ¿se trata de un punto de partida o una meta?
Casos y fórmulas como los de España (un acuerdo tácito: superar el pasado), Sudáfrica (poder compartido como regla de oro), México (reforma electoral progresiva e intensa), Polonia (institucionalización de la derrota) o la Venezuela del 58 (el epílogo del pacto de élites y la fundación de un sistema de coexistencia defensiva) dan fe de la función crítica que cumplen las elecciones en una transición. Por un lado, canalizan el conflicto, transformando la lucha por el poder desde un juego de suma-cero a uno de suma variable que promueve la competencia institucional. Por otro, fomentan la distribución de legitimidad, otorgando al nuevo gobierno el derecho moral y legal de implementar reformas profundas. Todo ello ha supuesto a su vez una prueba de fuego para los actores, en tanto obliga a grupos intransigentes a moderarse para atraer al votante medio.
Con la experiencia histórica en mente, la noción clave sigue siendo la adopción y compromiso genuino con nuevas reglas de juego. Para que una elección catalice una transición y no una crisis, se necesitan cláusulas institucionales estrictas, a menudo cristalizadas en los llamados pactos de transición. Ello incluye la indispensable autonomía del árbitro electoral y del sistema de justicia, organismos independientes del Poder Ejecutivo que ofrezcan seguridad de que el juego no estará viciado antes de iniciarse, así como el desmantelamiento del aparato coercitivo. No menos importante es el establecimiento de garantías para el perdedor, una de las reglas quizás más ignoradas y difíciles de procesar, y que sienta bases para la reconciliación pragmática, no afectiva sino efectiva: la transición exige que quienes dejan el poder sientan que no serán aniquilados políticamente. A esa serie de prerrequisitos se suma, claro está, la nivelación de la cancha, el “fair play” disuelto por el sistema autoritario y que en Venezuela ha generado una asimetría radical.
Lo ideal es que tales consensos se definan con suficiente antelación, a fin de evitar otros riesgos. Recordemos que la concreción de una transición a través de las urnas encierra una paradoja: el mismo mecanismo que otorga legitimidad al cambio puede convertirse en instrumento que asfixie el pluralismo necesario para sostenerlo. Cuando la mayoría se interpreta no como victoria estadística temporal sino como mandato absoluto de identidad, se crean condiciones para esa «tiranía de la mayoría» que malogra el experimento democrático antes de que este pueda estirarse y caminar por sí solo. El mayoritarianismo -fenómeno no ajeno a nuestra historia, vivido tanto como “licencia” de aplastamiento del otro en los años de Chávez, como efímero espejismo opositor en 2015- suele responder a la tesis de la perversión de la que habla Hirschman: cualquier concesión a la minoría, cualquier retraso en la agenda de la mayoría se presenta como una “traición al pueblo”. En el marco de las transiciones, esto alimenta la dinámica de suma cero que lleva a pensar que se debe «arrasar» con el antiguo régimen, ignorando que la estabilidad democrática requiere pactos que protejan a quienes pierden las elecciones.
Estas y otras derivas abonan al temor de que precipitarse a las urnas sin instituciones sólidas ni compromisos reales puede interferir con la aspiración democrática. Ocurrió en las elecciones express en el Egipto de 2012, por ejemplo, el tránsito frustrado tras la victoria que los Hermanos Musulmanes interpretaron como cheque en blanco para imponer una visión religiosa que ignoraba a las minorías. El resultado fue un golpe de Estado y el retorno a un autoritarismo militar aún más rígido. También en Angola, en 1992, se convocaron elecciones antes de desmovilizar a las guerrillas. Cuando perdió UNITA, partido opositor liderado por Jonás Savimbi, retomó las armas y reinició la guerra civil. Esa lección traumática para ONU, por cierto, permitió replantear su estrategia a la hora de implementar los Acuerdos de Paz de Roma en Mozambique durante las elecciones de 1994, cuando se pasó exitosamente de una paz “barata» y apresurada a una blindada por condiciones institucionales, técnicas y de seguridad óptimas.
En atención a esas premisas, reiteremos algunas ideas. La elección luce como un punto de llegada ineludible en el proceso venezolano, sí. Esa es una realidad que el bloque de poder procesa a duras penas, a sabiendas de que ellas tenderán a favorecer a la alternativa opositora. Pese a la presión foránea, no obstante, es lógico que el chavismo trabaje para llegar a ese momento reduciendo sus debilidades e impopularidad; esto, a fin de asegurar su supervivencia y, de cara al tutor, de la manera más «institucional» posible. La lucha por el poder anticipa por tanto algunas jugadas audaces.
El control de recursos e instituciones sigue dándole ventajas, permite al chavismo mantener su dominación y relevancia interna en desmedro de competidores ausentes, cada vez más restringidos en su agencia e influjo. A juzgar por las declaraciones de voceros de gobierno venezolano así como por la labor de contención de ímpetus que Washington ha desplegado, y a menos que una negociación poderosa en materia de incentivos reoriente la tendencia, cabría prever unos comicios menos desiguales, pero imperfectos. ¿Qué puede hacer la oposición, qué mecanismos de incidencia activaría en ese caso? Si puntuales pero dolorosas restricciones desafían lo esperable, ¿cuál será la estrategia? Armados de pesimismo de la inteligencia lo prudente será ir construyendo escenarios realistas que tengan como motor no el solo deseo, el proyecto personal o la mera apetencia de poder, sino la necesidad de asegurar la viabilidad del proyecto democrático, un cambio de sistema político capaz de sostenerse -y sostenernos- en el tiempo.
@Mibelis