Agencia política, acción deliberada, vinculación, pactos, incidencia concertada en la esfera pública. Hablamos de esa capacidad de los individuos y grupos para actuar juntos con el fin de influir en las tomas de decisiones que los afectan, en los procesos del poder y las estructuras que los habilitan. Reflexionar en torno a este concepto resulta fundamental en la medida en que se encuentra estrechamente relacionado con la noción de sujeto, eje sobre el cual también gira la idea de la política. En contextos de creciente desafección democrática, rescatar tal facultad sirve para entender no sólo cómo se mantiene el orden social, sino cómo este puede ser transformado por los ciudadanos.
Ya lo decía Arendt: lo particular de la vida humana es que esta se incorpora a un espacio pleno de significado, uno que “trasciende nuestro tiempo vital tanto hacia el pasado como hacia el futuro; estaba allí antes de que llegáramos y sobrevivirá a nuestra breve estancia”. Este espacio, pues, permite a los individuos no sólo permanecer más allá de su propia mortalidad, sino poner en evidencia su particularidad y unicidad. Se trata de un mundo significativo, estable y duradero, surgido del “entre nos”, y que habilita el intercambio humano, el vínculo con los otros, la creación de lo nuevo: “pero tal mundo en común sólo puede sobrevivir al paso de las generaciones en la medida que aparezca en público”. He allí el núcleo distintivo de la acción política.
Para el ciudadano, entonces, la agencia política no se reduce al simple el acto de votar. La agencia habla, nada más y nada menos, de la manifestación de la libertad humana en la esfera pública. Lo cual no significa, por cierto, que los sujetos operan al margen de restricciones internas y externas, de las limitaciones y oportunidades que imponen las estructuras sociales. Lo que sí significa es que esos individuos están en condiciones de comenzar algo nuevo gracias, también, a la presencia y concurso de otros sujetos que le otorgan sentido y significado a su acción. Esto último es clave. La agencia política, si bien se vincula a un sentido inicial, originario, su validación posterior está atada a la interpretación y sentido que otros le otorgan.
Sin agencia, el individuo queda reducido a un animal laborans, apenas movido por la necesidad biológica y disuelto políticamente por la inmersión en rutinas, inercias, vetos, procesos burocráticos, disposiciones internalizadas, como las llama Pierre Bordieu (1990). Desde una perspectiva ética y económica, Amartya Sen ha expandido a su vez esa visión de la agencia -un fin en sí mismo- a través de su enfoque de las capacidades (Desarrollo y libertad, 1999), un marco teórico con reclamos normativos centrales. Al definir al agente como alguien que actúa y provoca cambios, Sen pone el acento en logros que pueden evaluarse como expresión de valores, deseos y objetivos, incluso si ellos no aumentan el bienestar personal; en eso que las personas son capaces de ser y hacer; en la libertad para participar en decisiones políticas que rigen la vida propia, reduciendo a su vez las injusticias y promoviendo el desarrollo humano.
De allí que, paradójicamente, no cabe ver esta suerte de “individualismo ético” como individualista. Si se parte de la premisa de que esas elecciones no están separadas de la sociedad y los acuerdos que se producen en su seno, como plantea Arendt, lo siguiente será concluir que ningún sujeto es capaz por sí solo de conjurar las limitaciones impuestas por sistemas sociales producidos y reproducidos por agentes humanos. Romper con los habitus (Bordieu) que preconfiguran nuestras acciones políticas, depende entonces no sólo de hacerlos conscientes y de desafiar las reglas de juego del campo político, sino de poder articular la propia consciencia con las de otros actores dispuestos a romper el círculo vicioso del determinismo.
Hablar de habitus, de fatalismos invalidantes o capacidad de agencia adquiere especial valor en el contexto de una transición hacia la democracia. Más cuando el orden que se pretende transformar ha significado la aniquilación de prácticas generalizadas y mediaciones funcionales, con correspondiente saldo de anulación y auto-anulación de la capacidad de los sujetos políticos para decidir sus destinos. En tales situaciones, la agencia política deja de ser un concepto teórico para convertirse en una cuestión de supervivencia sistémica. El problema central en este caso es que las instituciones suelen cambiar más rápido que las subjetividades. Podemos reformar o derogar leyes en semanas o meses, pero desarrollar capacidad de agencia en una ciudadanía acostumbrada al miedo, al chantaje múltiple, a la justificación moral de la parálisis o al clientelismo, puede tomar mucho más tiempo.
Esa transición subjetiva que apunta al desarrollo de agencia requiere, por ende, de la expansión e introyección de esas libertades instrumentales de las que hablaba Sen. Poder introducir contrapesos al sistema, exigir rendición de cuentas y desplegar accountability, por ejemplo, es fundamental para enfrentar estructuras residuales del antiguo orden y promover cambios de fondo: giros tendientes a la adquisición de genuina autonomía, sostenibles a largo plazo, no sólo cosméticos. De allí la insistencia en poner el foco en reformas que adecúen las instituciones (esto es, las reglas del juego) a las nuevas lógicas de relacionamiento, antes de apresurar gestiones que pudiesen malograr fases no maduradas. Aquí, la labor del agente político debe ser la del emprendedor institucional: uno que impulsará el progresivo desaprendizaje, la ruptura con el hábito de la pasividad; y que, en el vacío dejado por la vivencia que se desea superar, trabajará para restaurar la confianza, re-tejer redes de asociación, promover la participación a fin de que la apertura no se haga puramente desde arriba y entre élites. Si hay participación activa de los agentes políticos, lo probable es que se genere una cultura de legalidad que sostendrá la democracia en el largo plazo.
Partiendo de la premisa de que la transición no es un camino lineal o previsible, sino un campo de batalla donde la agencia forcejea entre el deseo de cambio y la inercia de viejas jerarquías, toca entonces cooperar para el desmontaje de esas dinámicas que, en el interregno, bloquean lo que lucha por nacer. Eso supone también incentivar la irrupción del reformismo. Para ello, varias dimensiones deben ser atendidas: la cognitiva, la organizativa, la psicológica. Ante la anulación de la alfabetización política, por ejemplo, urge generar competencias para evaluar críticamente las opciones, gestionar las contradicciones, deponer la agencia obstructiva del poder. Ante la restricción para la asociación, el desafío es crear una sociedad civil solvente y autónoma, resistente a las trampas del mesianismo y el “state-coaching”. Ante la internalización de la impotencia aprendida, lo deseable será recuperar la identidad política, e inducir el reconocimiento del «yo» como actor con poder de cambio.
La alusión al caso venezolano es evidente. Allí donde la capacidad de agencia ha sido socavada por prácticas autoritarias institucionalizadas, por errores de conducción y costosos abandonos, por intrusiones de “salvadores” cuyos llegaderos no necesariamente anticipan democracia, parece más urgente regenerarla. Al respecto, encontramos datos útiles en casos de transiciones pactadas como las de España, Polonia o Sudáfrica (un brillante ejemplo de desarrollo de agencia inclusiva, de gestión asertiva del trauma, gracias a la articulación entre Mandela y el movimiento de masas que impulsó el ANC); transiciones prolongadas y frutos de la erosión, como la de México (con una serie de reformas electorales que ayudaron a “ciudadanizar” el conflicto); o procesos fallidos como el de Egipto (con una agencia política avasallante pero desestructurada, que no logró ser constitutiva de un orden estable). Tales lecciones sugieren, por un lado, que la agencia durará si opera para sanar el tejido social. Que la movilización sin articulación es efímera. Que el éxito de esos procesos se mide no sólo por la calidad de la nueva arquitectura legal, sino por la densidad de incidencia de la ciudadanía para convertir la protesta en propuesta institucional.
@Mibelis