En su más reciente entrega de “Tubazos”, el periodista venezolano Eligio Rojas Habló sobre el caso de José Concepción Martínez Ortega, médico de 58 años de edad, acusado de asesinar mediante estrangulamiento a su esposa, Yoleida Urdaneta de Martínez, de 41 años de edad.
El periodista relató que Martínez Ortega y Urdaneta eran esposos y dueños del Centro Médico La Candelaria, ubicado en Cúa, estado Miranda. Entre ambos surgieron desavenencias y la mujer pidió el divorcio.
Según la investigación inicial, el 15 de enero del año 2010 la crisis de pareja llega a su punto culminante cuando ambos se encontraban en el mencionado centro de salud y el médico supuestamente se abalanzó sobre la mujer y la estranguló causándole la muerte. Ese mismo día, Ortega Martínez fue detenido por agentes de la Policía de Charallave y presentado ante un Tribunal 18 días después, refieren sus abogados.
El 19 de marzo de 2010 el Ministerio Público concluyó la investigación y solicitó abrir un juicio contra Martínez Ortega. Pero, al mes siguiente, el 21 de abril de 2010, fue exhumado el cadáver de Yoleida Urdaneta, quien estaba sepultada en Santa Bárbara del Zulia.
Dicha exhumación fue solicitada por los abogados de Martínez Ortega y acordada por el Tribunal Tercero de Control de Santa Bárbara del Zulia. La nueva autopsia arrojó que la mujer murió por un infarto agudo al miocardio. El cuerpo no presentaba signos de violencia y su cuello estaba totalmente sano, según el informe.
Desde entonces sus abogados solicitaron la libertad del médico al considerar que hubo una variación del caso, ya no se trata de un homicidio sino de muerte natural.
No obstante, comenta Rojas, los tiempos procesales siguieron corriendo y se dio inicio al juicio contra Martínez Ortega por el delito de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles. En diciembre de 2011 el hombre fue condenado a 28 años y 10 meses de prisión, según sentencia del Tribunal Segundo de Juicio de Yaracuy.
Dicha decisión fue confirmada en noviembre de 2012 por la Corte de Apelaciones de Yaracuy, donde los abogados de Martínez Ortega habían acudido para revertir la condena.
En 2015, la Sala Penal del TSJ anuló la decisión de la Corte de Apelaciones de Yaracuy y el 27 de agosto de ese año una sala accidental de la Corte de Apelaciones de Yaracuy anuló el juicio contra Martínez, con la respectiva sentencia de 28 años, y ordenó repetirlo.
En medio de ese nuevo juicio, específicamente el 11 de noviembre de 2016, los defensores del médico solicitaron que el proceso judicial prosiguiera en libertad, ya que habían pasado siete años y cinco meses sin ningún resultado sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.
Específicamente, los defensores invocaron la norma según la cual, después de dos años, si no hay una decisión respecto al enjuiciado, decae o fenece la medida privativa de libertad y, en ese caso, el Ministerio Público debe solicitar una prórroga de esa medida, para proseguir las investigaciones o el juicio, si es el caso.
En esta ocasión, el procesado se encontraba en la etapa de juicio y llevaba seis años con una medida privativa que el Ministerio Público no había solicitado prorrogar.
La petición de proseguir el juicio en libertad de Martínez Ortega fue rechazada por la jueza Ligmar Lisette Alvarado Corona, titular del Tribunal Tercero de Juicio de Yaracuy, pese a que en la sentencia admitió que hubo dilación en el proceso. Esa decisión fue respaldada por la Corte de Apelaciones.
Ante esa negativa, los abogados de Martínez Ortega acuden a la Sala Constitucional del TSJ e interponen la acción de amparo, alegando que se le está vulnerando el derecho a tener un juicio en libertad, entre otras garantías. Dicha medida es respaldada por los dos hijos del matrimonio entre José y Yoleida: Yoselin Katherine Martínez Urdaneta y José José Martínez Urdaneta.
Los magistrados analizaron el caso y dan la razón a los abogados; en consecuencia, ordenan la inmediata libertad del hombre, la presentación cada 30 días ante la oficina de alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy, así como la prohibición de salida del país.
En la sentencia además los magistrados llaman la atención a la Corte de Apelaciones de Yaracuy porque justificaron el retardo en el juicio seguido a Martínez Ortega, pese a haber reconocido una dilación del mismo.
Rojas aclaró que los magistrados no se están pronunciando sobre la culpabilidad o inocencia de Martínez Ortega, sino sobre la violación de sus derechos y garantías constitucionales durante el juicio. Destacó que el juicio contra Martínez Ortega se mantiene, pero ahora es procesado en libertad.