Funcionarios de la GNB y de la Policía Militar restringieron el acceso a la morgue de Bello Monte. Solo podían ingresar familiares de las víctimas de la masacre y de otros hechos de violencia
Natalia Matamoros/El Nacional
Cuando Richard González acudió ayer en la mañana a retirar el cadáver de su hijo Kendry Xavier González, de 29 años de edad, una de las 12 víctimas de la masacre de Barlovento, lo detuvo un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana que le preguntó a dónde se dirigía y él le respondió desesperado: «Voy a retirar lo que queda del cadáver de mi hijo».
Al escuchar esa frase el funcionario lanzó una carcajada como si hubiese escuchado un chiste, y lo dejó entrar a las instalaciones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, donde se congregaron otros parientes que acudieron para someterse a pruebas de ADN para cotejar las identidades de los cadáveres.
Indignado, González relató que su hijo Kendry no vivía en Barlovento, sino en Barquisimeto, pero visitaba con frecuencia el sector Los Fernández, en el municipio Acevedo, para ver a su madre. El jueves 13 de octubre viajó hasta allá para compartir en familia unos días y el sábado a las 10:30 pm tocaron la puerta de la vivienda. Los visitantes eran ocho miembros del Ejército que no esperaron a que les abrieran y entraron a la fuerza. Una vez adentro dijeron que se trataba de una OLP. Ese despliegue se inició el día 7 de octubre en varias regiones de Barlovento, entre ellas Aramina, El Café, Capaya, Yaguapa y El Cumbo, y estuvo integrado por más de 1.000 funcionarios.
Kendry González estaba durmiendo y uno de los militares lo levantó de la cama y le dijo: «Párate y acompáñame». Su madre intervino, les suplicó que no se lo llevaran y les preguntó: «¿Por qué hacen eso?, si él es un chofer de transporte público que no estaba metido en problemas». Los funcionarios hicieron caso omiso a la petición de la mujer y, según el relato de González, se llevaron al joven en un vehículo rústico al mismo comando ubicado en la población de El Café, donde fueron trasladados los otros 11 hombres. En esa dependencia algunas de las víctimas permanecieron tres días, y otras personas, cinco días.
Zulay Hernández, madre Freddy Hernández, otra de las víctimas, explica que los obligaban a hacer trabajos forzados. «A mi hijo le ordenaban que cortara el monte y le pegaban en el cuello, y también a un joven de 17 años que también fue arrestado y torturado. Al adolescente lo liberaron, pero mi muchacho no corrió con la misma suerte», dijo Hernández.
El 19 de octubre los familiares de los detenidos acudieron a visitarlos, pero les informaron que habían sido trasladados al fuerte Chaguamal, en Cúpira. Allí el padre de Kendry se le acercó a un teniente coronel para preguntar por su hijo, pero le dijeron que él no se encontraba allí. Tampoco rindieron cuenta sobre el paradero del resto de los detenidos.
Ese fue el punto de partida de una peregrinación por subdelegaciones del Cicpc, hospitales y morgues. En esas dependencias la familia de Kendry no obtuvo respuesta sobre su paradero. La búsqueda se extendió a Caracas, a la morgue de Bello Monte y a la Fiscalía. «Acudimos a la ONG Justicia y Paz, y se ejerció presión para agilizar las investigaciones; 36 días después de la desaparición fuimos notificados por el Ministerio de Interior que fue localizado en una fosa común. «Nos prometieron una indemnización, pero quién nos puede resarcir el daño que le hicieron a nuestros hijos», expresó.
Al igual que Richard González un grupo de allegados a las demás víctimas permanecían ayer en la morgue de Bello Monte para someterse a las pruebas de ADN y retirar los cuerpos. La custodia militar y policial se mantuvo, pero esta vez los dos accesos a la medicatura forense fueron restringidos por hombres de la GNB y de la PNB. Estos últimos portaban equipos antimotines y manejaban, y solo permitían entrar a los funcionarios de esa dependencia, a los que iban a retirar cadáveres y a exámenes forenses. El ingreso de los periodistas estuvo prohibido.
Aumentan desaparecidos. Los familiares de Freddy Hernández y de Yulmar Rengifo, habitantes de Barlovento que están desaparecidos, acudieron a la morgue para identificar los cuerpos a través de fotografías. Denis Rengifo alegó que las características del cadáver que le mostraron no corresponden con las de su hijo. «Mi hijo tenía un tatuaje y el cadáver que me enseñaron no lo tiene», aseguró. Estos parientes fueron acompañados por la diputada Delsa Solórzano, presidente de la Comisión Política Interior de la AN, quien afirmó que ha recibido más denuncias sobre personas desaparecidas durante este operativo y solicitó la renuncia del ministro de Interior, Néstor Reverol.
Kelly Mejías, hermana de Yorman Mejías, también estaba con los diputados. Su familiar era agricultor, estaba recogiendo la cosecha cuando fue abordado por los militares. Lo montaron a un jeep y se lo llevaron al sótano de una quinta que los militares tenían en la población de El Café. Allí permaneció 48 horas. Lo torturaron y luego apareció en la fosa común. El llanto no dejaba hablar a la mujer, solo alcanzó a pedir justicia.
El dato
El Ministerio Público imputará a los 11 miembros del Ejército implicados en la masacre ante el Tribunal 2° de Control del estado Miranda por delitos relacionados con violación de derechos humanos. El diputado Teodoro Campos instó a que se active un Consejo de Guerra accidental, presidido por un general en aras de que se solicite a la Fiscalía Militar y al Ministerio Público que se investigue y penalice a aquellos funcionarios que actuaron como cómplices.