A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad seis efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a las Fuerzas de Acciones Especiales, por su presunta vinculación con la muerte del funcionario de la Policía del municipio Chacao, Eligio Alexander Barrios, ocurrida el pasado 6 de marzo en la población de Guarenas, municipio Plaza del estado Miranda.
Durante el hecho también resultó muerto el ex funcionario policial Fernando Lira Granados.
En horas de la tarde de ese día, las víctimas se encontrarían con un hombre en una estación de servicio en la intercomunal Guarenas-Guatire, para entregarle un dinero tras una transacción en divisas.
Luego de abandonar el lugar, los funcionarios de la PNB, a bordo de un vehículo particular, iniciaron una persecución y dispararon contra el automóvil en el que se trasladaban Barrios y Lira Granados.
Una vez estacionados, los dos hombres descendieron con las manos en alto, pero los policías les dispararon sin mediar palabra y después los trasladaron hasta un centro de salud al que llegaron sin signos vitales.
Ante las diligencias de investigación, los involucrados fueron detenidos el 4 de abril debido a las órdenes de aprehensión en su contra.
En la audiencia de presentación, representantes de las fiscalías 94ª nacional y 10ª de la referida jurisdicción imputaron al supervisor de la PNB, Alexander Efraín Uzcátegui Flores, como autor en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivo fútil, uso indebido de arma orgánica, agavillamiento, simulación de hecho punible y omisión al socorro en perjuicio del funcionario policial.
Por su parte, los oficiales Richard Alfredo Sánchez Pérez y Meyfer José Díaz López fueron imputados como coautores en los mismos delitos en perjuicio del ex funcionario.
Adicionalmente, los oficiales Semmy Wladimir Prin Morales, Hugo Rafael Martínez Sánchez y Francisco Jesús Paredes Peña resultaron imputados como cómplices necesarios en los referidos tipos penales en perjuicio de ambas víctimas, con excepción del uso indebido de arma orgánica.
Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por el Ministerio Público, el Tribunal 4º de Control de Miranda dictó la medida privativa para los uniformados, quienes permanecerán recluidos en el Internado Judicial de la Región Capital Yare III.