El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este miércoles que se inició un proceso penal en contra de los representantes de Directv en Venezuela, porque hay elementos de convicción para presumir que el cese de actividades de la empresa, el pasado 19 de mayo, fue concertado de manera ilegal.
En rueda de prensa, desde la sede del Ministerio Público, Saab indicó que la junta directiva de Galaxy Entertainment de Venezuela en conjunto con su unidad de administración y operatividad, compuesta por los ciudadanos venezolanos, Héctor Rivero, gerente general; Rodolfo Carrano, vicepresidente de Operaciones; y Carlos Villamizar, vicepresidente de Estrategias y Negocios, son responsables directos de la comercialización y operatividad de los servicios de telecomunicación de “Directv Venezuela” ante el Estado venezolano, representado por Conatel.
Al respecto, explicó que la referida unidad de administración y operatividad de Directv Venezuela, debió solicitar autorización de Conatel para prescindir del uso del espectro radioeléctrico, de conformidad con la “Concesión para el Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico”, celebrada en fecha 16 enero de 2018; y de acuerdo con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
Por lo que se presume – manifestó el fiscal- la existencia de daño moral a la colectividad, por cuanto la suspensión de tal servicio creó incertidumbre y zozobra, ocasionando la transgresión de derechos constitucionales colectivos y difusos, en un momento de emergencia como lo es una pandemia del COVID19.
Fue «quebrantado el Decreto Presidencial N° 4.198 de fecha 12 mayo de 2020, mediante el cual se declara la prórroga del Estado de Alarma para atender la Emergencia Sanitaria por el virus Covid-19», el cual refiere en su artículo 9 y numeral 1, que no serán objeto de suspensión las empresas de servicios de telecomunicación.
Asimismo transgredieron el artículo 15, numeral 10, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que establece la obligación de los operadores de telecomunicaciones a la prestación de servicios en estados de excepción.
El fiscal también dijo que se les acredita el daño patrimonial causado a personas naturales y jurídicas, que hicieron inversiones en equipos electrónicos y pago de suscripciones y espacios televisivos. Las personas «fueron sorprendidos en su buena fe, para el presunto provecho injusto de la transnacional Directv, empresa que hasta el mismo día de la suspensión de sus actividades, vendía decodificadores y suscripciones de Directv a precios cercanos a los 100 dólares»
«Todas las personas que compraron esos equipos perdieron su dinero por la decisión ilegal de esta empresa», dijo Saab al comentar que por esa razón el pasado 5 de junio fueron aprehendidos los directivos Rivero, Carrano y Villamizar por parte funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
El 8 junio se llevó a cabo la audiencia de presentación, en la cual el MP les imputó la presunta coautoría en la comisión de los delitos de estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir, así como la medida de privación judicial de libertad.
Héctor José Rivero Olivares, en su condición de gerente general de la empresa, protocolizó la venta de 25 vehículos automotores pertenecientes a Directv Venezuela a finales del año 2019, lo cual constituye – indicó- uno de los indicios de que desde entonces se estaba preparando el cese de las operaciones.