Este miércoles se conoció sobre la detención de una fiscal pública de Barinas, Yuleidy Querales a quien acusaron de delitos de extorsión agravada y agavillamiento, por, “presuntamente, solicitar 30.000 dólares al dueño de un restaurante a cambio de no involucrarlo en un hecho delictivo”.
La fiscalía de la administración de Nicolás Maduro emitió un comunicado, en el que detalló que la funcionaria Querales, fue privada de libertad, junto a su esposo, Javier Ernesto Ávila, luego de que fuese denunciada por el dueño de un restaurante.
Aparentemente, la pareja, ahora detenida, lo visitaron en el restaurante, para “informarle que poseía una investigación por legitimación de capitales, razón por la cual debía pagar la suma exigida para no presentarlo ante los tribunales”.
Luego de la denuncia, la fiscal y su esposo fueron detenidos a principios de este mes por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana en Carabobo, y se mantendrán recluidos en un comando de la PNB en ese estado. Durante la audiencia de presentación, representantes de la Fiscalía 99ª Nacional imputaron a la pareja por los delitos de extorsión agravada y agavillamiento, ambos previstos en el Código Penal.
Sin embargo, se desconoce el porqué, la funcionaria y su pareja fueron detenidos en un estado distinto al lugar en donde, aparentemente, se ejecutó el delito, ni tampoco por qué estaba en ese estado.