Daniela Figueredo, de 19 años de edad, ingresó sin signos vitales a un hospital de Guatire, estado Miranda. Ella se encontraba privada de libertad en la sede de la Policía Municipal de Zamora. Una bala recorrió el conducto de su nariz hasta salir por su cabeza provocándole la muerte. El hecho sucedió el sábado 13 de marzo y, de acuerdo con el reporte policial, el accionar del arma resultó “accidental” y perpetrado por un funcionario municipal que entró a su celda.
El informe prosigue para identificar al uniformado. Daniel Alexander Galarraga Ortega, de 24 años de edad, fue detenido ese mismo día. La reseña termina y, hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial sobre por qué Figueredo recibió un impacto de bala cuando se encontraba en su celda.
La ONG Una Ventana a la Libertad informó que las privadas de libertad en ese centro de detención son hostigadas y obligadas a mantener relaciones sexuales con funcionarios que prestan servicio activamente en el lugar. En ese sentido, Daniela se habría resistido a tener relaciones sexuales y fue asesinada.
“Ellos (funcionarios) reciben órdenes de un policía de rango que también está preso y se llama Pedro García. Él es el que nos obliga a tener relaciones sexuales tanto con él y como con los demás funcionarios activos. Anoche entraron varios, uno de ellos le mostró la pistola a Daniela y cuando la apuntó, se le escapó el tiro”, declaró un testigo a Una Ventana a la Libertad.
El hecho se une a la noticia de otros tres asesinatos ocurridos en el sur del país, en el estado Bolívar. Todos ellos ocurrieron en menos de 48 horas, entre el 13 y 15 de marzo. Sus nombres: Alyamil Torres, de 24 años de edad; Milanyela Carvajal, de 22 años de edad y una mujer que todavía no ha sido identificada por las autoridades.
El caso de Alyamil Torres
La mujer fue maniatada y estrangulada. La periodista Pableysa Ostos indicó que fue la abuela de la víctima quien la encontró muerta en el baño de su propio apartamento ubicado en el sector Campo A, en ciudad Piar, estado Bolívar.
Alyamil Torres tenía 24 años de edad y se desempeñaba como comerciante en la zona.
En este caso, las autoridades lograron detener al primo de la víctima quien, con Anthony Junior Aguilera Jiménez, de 18 años de edad y otro menor de edad, fueron los responsables del asesinato de Torres.
Douglas Rico, director general de la Policía Científica, señaló que un equipo de expertos determinó la responsabilidad en este crimen sobre estas tres personas luego de que Torres descubriera, en reiteradas oportunidades, a su primo ingresando a su residencia para robar sus pertenencias.
Los feminicidas fueron detenidos en Ciudad Piar y los funcionarios lograron incautar dos escopetas y pertenencias de la joven. El caso fue puesto a orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la entidad.
El caso de Milanyela Carvajal
Carvajal fue asesinada por su pareja el 14 de marzo de 2021. Ella vivía en la mina El Algarrobo de la población de El Dorado, en el municipio Sifontes.
La mujer de 22 años de edad fue encontrada sin vida a causa de cuatro heridas en el cuello que, de acuerdo con el parte policial, fueron causadas por un arma punzante.
José Gregorio Tovar Estanga, de 27 años de edad, pareja de la víctima, es el principal sospechoso del caso. Sus familiares informaron que Carvajal fue vista por última vez cuando se encontraba con Tovar porque le pidió que lo acompañara a un campamento minero de la zona para cobrar una deuda. La mujer nunca regresó y fue su padre quien, luego de más de dos horas de búsqueda, la encontró muerta dentro de una barraca de madera.
La familia indicó a la policía que la mujer quería separarse de su pareja. Carvajal era madre de un niño de 5 años de edad y trabajaba con sus padres como vendedora informal de ropa desde hacía tres años.
Hasta el momento de redacción de esta nota, las autoridades no han capturado a Tovar Estanga y se desconoce su paradero.
El tercer caso
La cabaña donde fue encontrada la víctima aún sin identificar.
De este último hecho en el estado Bolívar hay pocos datos. Tampoco se ha hecho pública la identidad de la víctima. De acuerdo con un informe de la Policía Municipal de Caroní, el cadáver de la mujer fue localizado en los baños del abandonado Parque Cachamay de Puerto Ordaz la tarde del 15 de marzo.
Los detalles sobre cómo murió y bajo qué circunstancias también son escasos. No se han reportado más elementos de la investigación. En el reporte oficial solo se mencionó que la víctima no tenía heridas visibles.
Cuando el Estado revictimiza
Ante la falta de datos que permitan esclarecer si este último caso corresponde a un femicidio, Aimee Zambrano, antropóloga e investigadora de la plataforma que monitorea los casos en el país Utopix, explicó para El Diario que los criterios que utilizan para determinar una muerte violenta por razones de género es a partir del Protocolo Latinoamericano de investigación, creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Este instrumento, fundamentado en normas internacionales y regionales, incorpora directrices para el desarrollo de una investigación penal con la finalidad de erradicar prácticas nocivas en el ecosistema de las leyes venezolanas y lograr que los operadores de justicia transformen su visión ante la muerte violenta de una mujer, incorporando el enfoque de género.
La investigación diferenciada permite abordar el feminicidio como un problema multifactorial, resultado de la perpetuación de ideas asociadas al género y no como un asunto “doméstico” o local.
A juicio de Zambrano, la comprensión de la violencia contra las mujeres debe traducirse no solo en visibilizar el hecho o establecer una estadística sobre un delito sino que requiere una acción mucho más profunda para prevenirlo. Esto implica, no solo la obligación de los Estados de condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas, sino además tomar las medidas apropiadas en todas las esferas para asegurar su pleno desarrollo.
En tal sentido, cuando el Estado no cumple con estas obligaciones fundamentales en materia de género, las cuales se derivan de la propia suscripción de los tratados y acuerdos internacionales, se convierte en el responsable de la vulneración de los derechos humanos de las víctimas.
La experta menciona la falta de formación en materia de feminicidio de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y entidades receptoras de denuncias en donde incluso se romantiza este tipo de violencia como aquella que se comete a partir de los celos.
Muchas veces el proceso para hacer justicia es tan revictimizante que las mujeres abandonan la causa y no terminan el proceso de denuncia. Esto porque existe un nudo crítico en las denuncias por violencia de género. Muchas veces los cuerpos de seguridad hacen mal un expediente o intentan lograr una mediación. Y lo peor es que cuando una causa ya está hecha y pasa a Fiscalía, las mujeres son las que tienen que buscar las pruebas para que su caso avance”, indicó la antropóloga.
Zambrano recuerda que desde 2016 no hay registros oficiales de feminicidios en el país. Ante este vacío de información, Utopix reseña los casos de feminicidios difundidos en medios de comunicación. Entre los hallazgos destaca que una vez que ocurre el crimen, 50% de los feminicidas en el país son detenidos. El porcentaje restante corresponde a casos donde el agresor se suicida, se fuga o muere durante un enfrentamiento con la policía. Incluso, menciona la investigadora, existen casos donde el autor de los hechos está indeterminado.
Zambrano cita el caso de Milanyela Carvajal en el cual, de acuerdo al portal de Correo del Orinoco, los familiares denunciaron que temen que el hecho quede impune puesto que el proceso de gestión de traslado para pesquisas y autopsia duró al menos 36 horas. Además, fue el padre de la víctima quien tuvo que trasladar el cadáver de Carvajal hasta la sede del Cicpc debido a que este cuerpo de seguridad no realiza levantamientos en zonas mineras.
El reporte también detalla que el retraso de la investigación y la falta de refrigeración del cadáver, agilizó el proceso de descomposición. Esto impidió que sus padres pudieran solicitar una segunda autopsia para determinar si Carvajal también fue víctima de violencia sexual o algún tipo de tortura. Finalmente, de acuerdo con su testimonio, la autopsia final solo especifica la causa de muerte.
Los tres femicidios registrados en 48 horas en Portuguesa
Eliannys Martínez Roñoz, Carmine Yohanny Sosa, Eduarlis Falcón Torrealba, asesinadas en Portuguesa.
Eliannys Andreína Martínez Roñoz, de 17 años de edad, fue vista por última vez en una iglesia de Turén, en el estado Portuguesa. Su cuerpo fue encontrado en La Tabacalera, un terreno baldío adyacente a la sede municipal de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez). Su cuerpo sufrió maltrato físico y sexual. También fue estrangulada. Ocurrió en Turén el 22 de febrero de 2021.
Ese mismo día Carmine Yohanny Sosa de 33 años de edad fue asesinada por su expareja, Luques Jhon Keller, frente a sus hijos y con un arma de fuego. Luego, el hombre se suicidó. Ocurrió en la urbanización Baraure IV, sector 3 en Araure.
Un día después, el 23 de febrero, Eduarlis Carolina Falcón Torrealba de 20 años se encontraba desaparecida desde el 22 de febrero. La joven fue hallada en el puente Las Marías de Turén luego de haber sido abusada sexualmente y mutilada.
El feminicida fue identificado como Nelson Antonio Torrealba Saavedra, de 38 años de edad. Fue delatado por su esposa luego de asumir los asesinatos.
En total, ocurrieron 20 casos de femicidios solo en febrero. Este es el listado completo de los casos documentados por Utopix.
Los patrones de violencia se repiten ante el desinterés del Estado
Lo que le ocurrió a estas tres mujeres sucede cada 38 horas en Venezuela. Tan solo durante los dos primeros meses del año 2021 al menos 43 mujeres fueron asesinadas de acuerdo con un monitoreo publicado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
83,3% de estos asesinatos suceden en el hogar. El patrón, como ocurre en estos últimos casos, también se repite. En 44,5% de los casos las víctimas tienen edades comprendidas entre 22 y 42 años. Mientras que el 11,8% de las mujeres asesinadas tenían entre 64 a 80 años.
El motivo, como se explica en el estudio, coincide con el caso de Milanyela Carvajal. El 16,7% de los casos presenta como motivación aparente del hecho la decisión de la mujer de separarse afectivamente del agresor y en 38,9% se presenta la misma causa de muerte violenta: el acuchillamiento.
Cepaz también reveló detalles que reflejan el caso Alyamil Josefina Torres. La joven fue maniatada. El Observatorio también promedia que esto también ocurre en 11,1% de los casos así como la violencia sexual.
El monitoreo de las muertes violentas de mujeres que realizan distintas organizaciones de derechos humanos deja un registro de los nombres de cada una de las mujeres que fueron asesinadas y aún sus familiares exigen justicia. Una acción que no replican las instituciones del Estado desde hace seis años cuando el Ministerio público informó que durante ese año ocurrieron 253 casos. En 2020 fueron 256 y solo en los primeros dos meses del año en curso se han registrado 43 femicidios en el país.
Líneas de atención en caso de ser víctima de violencia de género
Si una mujer vive una situación de violencia en el país, existen diferentes tipos de líneas de atención promovidas por organizaciones civiles feministas.
La línea de psicoapoyo Por Nosotras, de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), está dirigida a mujeres víctimas de violencia.
A través del (0212) 414-5114 (marcan opción 1) se puede establecer contacto con el servicio a nivel nacional, de forma confidencial y gratuita.
La Unidad de Atención Psicológica de Plafam también dispone de servicios psicológicos especializados en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la prevención y atención de casos de violencia contra las mujeres.
Teléfono: 0412-2273712 (SMS o llamada telefónica)
Correo electrónico: [email protected]
Organizaciones como Cepaz y Fundamujer ofrecen asesoría legal y apoyo psicológico a mujeres víctimas y a familiares.
Teléfonos de atención psicosocial: 0412-3071273 / 0414-3281196 | Horario: De 8:00 am a 8:00 pm
Teléfonos de atención legal: 0424-1831025 / 0414-2812077 | Correo electrónico: [email protected] Horario: De 7:00 am a 2:00 pm
Cepaz puso a disposición líneas de asesoría legal y atención psicosocial de martes a sábado de 8:00 am a 8:00 pm en horario ininterrumpido.
Con información de El Diario
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