El Comité Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada de los tres botes desaparecidos en 2019, se reunió con funcionarios del Ministerio Público y acordó retomar la investigación para conocer el paradero de quienes viajaban con destino a Curazao y Trinidad y Tobago. Ha pasado casi un año y los parientes no han tenido apoyo del Estado.
El Carnaval estaba desbordado en Parque Carabobo. Las comparsas, la samba y un sinfín de niños con disfraces tenían trancada toda la avenida México, en plena mañana del jueves 20 de febrero. Todo era alegría entre la multitud, excepto para los familiares de las personas desaparecidas en altamar en 2019.
Eukaris Alcalá veía la celebración desde la plaza de Parque Carabobo. Fue hasta la sede del Ministerio Público a protestar —con otros familiares— porque desde hace casi 10 meses no tiene noticias de su hija, Yeukaris José Sifontes Alcalá.
La joven partió de su casa, en Güiria estado Sucre, cuando tenía 18 años. Le dejó una carta de despedida, en la cual le pedía perdón por irse sin avisar. Decidió montarse en el bote Jhonnalys José el martes 23 de abril de 2019. La embarcación naufragó.
Eukaris ahora se encarga de su pequeño nieto, que ya cumplió tres años. Es madre soltera y tiene un hijo menor, de 15 años. “Mi nieto solo me tiene a mí, soy lo único que tiene en la vida”.
Lo hago por ti y por Mathías (…) Estás todos los días con una angustia porque quieres ir al médico y no puedes porque lo que ganas no alcanza ni para comer bien y lo hago porque te quiero ver bien”, decía un fragmento de la carta que dejó Yeukaris, madre de un niño de tres años.
En Güiria se enteraron de este naufragio la noche del miércoles pero la búsqueda comenzó el jueves 25 de abril, dos días después. De los 28 pasajeros, solo fueron localizados nueve sobrevivientes y el cuerpo de una adolescente.
El Estado no investiga
La tarde del jueves 20 de febrero de 2020 una comisión del Ministerio Público (MP) recibió al Comité Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada, luego de una protesta que hicieron en la avenida México, pese a la comparsa de Carnaval que estaba ahí.
Sin embargo, los resultados no fueron tan alentadores como esperaban. Los recibió David Polis Fuentes, director general de Apoyo Jurídico del MP, y sostuvieron una reunión con dos fiscales con competencia en derechos humanos. Quedaron en entregar varios informes explicando la situación, para retomar las investigaciones, casi 10 meses después.
Los familiares de las víctimas aseguraron a Crónica.Uno que casi todo lo que conocen ha sido porque ellos mismos investigaron, pues no tienen apoyo del funcionarios del Estado.
Inti Rodríguez, miembro del equipo de investigación de Provea, instó al MP a que se investigue el paradero de 90 personas que desaparecieron en altamar. Además huyeron de la crisis del país para ayudar a sus familiares y podrían ser víctimas de trata de personas, prostitución, esclavitud forzada y tráfico de órganos.
Las autoridades no han dado respuesta ni responsabilidades detrás de las desapariciones. Denunciamos que esta situación forma parte de la ausencia de justicia para las víctimas”.
El 16 de mayo de 2019 desapareció la embarcación Ana María. También iba desde Güiria hasta Trinidad y Tobago con 33 pasajeros. No hay rastros de este bote, excepto el capitán Alberto Abreu, quien fue rescatado a 20 millas de Trinidad, en Granada. Posteriormente, escapó.
De acuerdo con testimonios que ha recogido Crónica.Uno, los familiares sospechan que las víctimas fueron captadas por una red de trata de personas que opera entre Venezuela y Trinidad y Tobago.
Kelly Zambrano, de 19 años, se montó en el bote Ana María. Una amiga de la universidad, de nombre Rommy, le ofreció trabajar en Trinidad y Tobago juntas. Ambas se encontrarían en el país caribeño.
Aunque no tenía suficiente dinero reunió 240.000 bolívares y Rommy se ofreció a prestarle 200 dólares para pagar el pasaje en la lancha. Luego de que se conociera que la embarcación desapareció los familiares perdieron contacto con Rommy.
La comisión especial designada por la Asamblea Nacional (AN) para investigar el naufragio de Jhonnalys José y la desaparición de Ana María denunció que hay funcionarios públicos venezolanos involucrados en una red de trata de personas.
El diputado Roberto Alcalá señaló que la Capitanía de Puerto da la autorización para que zarpen las embarcaciones y esto es ilegal, según la Ley de Comercio Marítimo, que prohíbe el uso embarcaciones pesqueras para el transporte de personas. Dijo que cobran hasta 550 dólares.
Naufragio en Coro
El 7 de junio de 2019 partió desde la playa Aguide, en Coro estado Falcón, una lancha con destino a Curazao. Viajaban 35 pasajeros y solo localizaron el cadáver de Elio Ramones, de 44 años. No había pasado un mes de los hechos de Güiria.
Jhonny Romero, padre de una de las víctimas y representante del comité de familiares de víctimas de Falcón, dijo a Crónica.Uno que el cuerpo de Ramones presentaba impactos de bala, aunque hicieron creer que falleció por inmersión.
El diputado de la AN, Eliézer Sirit, denunció en aquella oportunidad que la lancha iba cargada de jóvenes menores de 30 años. Todos viajaron para buscar una mejor calidad de vida.