Cuando Jhonny Godoy se estrenó en las redes sociales con un video en el que aparecía corriendo emocionado por una calle de su humilde barrio sosteniendo una bandera venezolana para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro, jamás pensó que esa sería su última grabación.
La mañana del 25 de enero, dos días después de publicar ese video y de acudir a una multitudinaria marcha opositora, este vendedor de miel de 29 años murió en un confuso incidente tras ser apresado en la populosa barriada de La Vega, al oeste de la capital de Venezuela, por supuestos miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), quienes aparecieron en su casa con fusiles y los rostros cubiertos y sin mediar palabras se lo llevaron arrestado.
La última persona que lo vio con vida fue su madre, Ana Buitrago, quien tras un forcejeo con los funcionarios fue encerrada dentro de su casa mientras su hijo era sacado a empujones por unas empinadas y estrechas escalinatas. Minutos después, sólo escuchó dos disparos que acallaron su voz para siempre.
El joven recibió dos impactos de bala, uno en un pie y otro en el abdomen, y luego fue asfixiado con un pañal desechable que presuntamente los funcionarios le colocaron en la boca, según relató a la AP Marvelis Sinai, prima del joven.
Jhonny es una de las 43 personas que murió entre el 21 y 26 de enero en Caracas y otras nueve ciudades durante unas protestas, en su mayoría nocturnas, y operaciones que realizaron en barriadas pobres miembros de las FAES, grupo élite de la policía nacional que fue lanzado hace dos años tras protestas antigubernamentales.
El saldo de fallecidos y los más de 700 detenidos que se registraron en la penúltima semana de enero encendieron las alarmas de Amnistía Internacional y otras ONG locales que han advertido sobre el recrudecimiento de la represión en Venezuela y el envío de las FAES a barriadas pobres para generar temor y apaciguar el descontento que ha proliferado en esas zonas, antiguos bastiones del oficialismo, donde ha crecido el rechazo por la crisis que golpea al país.
Esta no es la primera vez que las FAES son vinculadas a acciones letales. A inicios de 2019, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) presentó un amplio reporte en el que denunció que el grupo, que es utilizado para labores de seguridad ciudadana, estaría presuntamente implicado en unas doscientas muertes, algunas de ellas asesinatos extrajudiciales, ocurridas en 2018.
Tras las acciones recientes de las fuerzas de seguridad, los alzamientos en los barrios cesaron pero se teme que ante la profundización de la crisis puedan reactivarse de nuevo.
Las agrupaciones humanitarias locales expresaron preocupación porque la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores pobres, con edades comprendidas entre 16 y 42 años.
A pesar de todo esto, algunas figuras del gobierno como el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, han negado las denuncias sobre estos asesinatos y ha defendido la actuación de los militares asegurando que han actuado respetando los preceptos constitucionales y los derechos humanos.
Un mes sin ninguna explicación
A casi un mes de la muerte de Jhonny Godoy, su familia sigue a la espera de que las autoridades den alguna explicación sobre su detención y asesinato, pero concatenan su muerte con el video que difundió en redes sociales.
Marvelis, la prima de este joven que trabaja como empleada de una fundación de un político opositor que distribuye alimentos gratis en los barrios, atribuyó el asesinato a una acción que buscaría generar miedo en los sectores populares para que no salgan a manifestarse. Sin embargo, ella no se desanima.
“Yo no tengo miedo. Voy a seguir saliendo a marchar porque lo aprendí de mi primo. Él murió por dejarnos una Venezuela libre”, afirmó la venezolana de 26 años.
Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre el caso, pero este fallecimiento alcanzó notoriedad luego de que el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se reuniera con la madre de Jhonny para conocer lo sucedido y durante una conferencia de prensa responsabilizara a las FAES de la ejecución.
Al caso de Johnny se suma otro que también atrajo la mirada pública: durante la tercera semana de enero, el estudiante de secundaria Nick Samuel Oropeza Borja falleció tras sufrir una herida de bala que recibió durante una protesta que realizaban sus vecinos de la barriada pobre de Las Adjuntas, al oeste de Caracas.
Con información de Associated Press