Hace pocos días se conoció la última actualización del caso de Jheam Frank Campos Alvarado, quien fue condenado junto a Nerimar Yeila Sánchez por hechos de corrupción relacionados a la distribución ilegal del Carvativir, que en tiempos de pandemia que nunca tuvo el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Campos y Sánchez, adscritos al Laboratorio Farmacológico de Venezuela C.A. (Labfarven), fueron detenidos el 8 de noviembre de 2020 por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) luego de que un informe los señalara de intentar comercializar el producto en otros países sin la autorización del Estado venezolano.
Según recordó el periodista Eligio Rojas en su programa “Tubazos“, su aprehensión ocurrió luego que el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) les entregara 211.340 dólares para la producción del Carvativir justo cuando los contagios por Covid-19 aumentaban en todo el país y el suministro de vacunas no estaba garantizado.
El 16 de noviembre de 2020 se produjo la audiencia de presentación de Campos y Sánchez ante el Tribunal Especial Segundo de primera instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, adscrito al Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Inicialmente, ambos fueron imputados por fiscales del Ministerio Público (MP) por los presuntos delitos de peculado doloso propio, boicot y asociación para delinquir. Sin embargo, tanto en esa audiencia de presentación como en la posterior audiencia preliminar, fueron descartados los argumentos para enjuiciarlos por boicot.
El 13 de octubre de 2021 el juicio se vio interrumpido por razones no aclaradas. Unos meses después, el 18 de noviembre, se reanudó hasta su conclusión el 11 de julio de 2022. Campos y Sánchez fueron condenados a cuatro años de prisión en calidad de autor y cómplice, respectivamente. Lo sorprendente de aquella sentencia fue la adición del delito de agavillamiento a su condena, pese a que nunca fueron imputados por ello.
Campos apeló con dos denuncias mediante un recurso de casación en la Sala Penal del Tribunal Supremo (TSJ), pero Sánchez desestimó hacerlo. En sus argumentos, los abogados de Campos sostuvieron que durante el juicio se produjo la incorporación ilegal de un testimonio de Raúl Antonio Ojeda, creador del Carvativir y socio de Tareck El Aissami.
Ojeda, había sido detenido brevemente el 18 de febrero de 2018 por presunta corrupción mientras era vicepresidente de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP). Sin embargo, fue liberado y encumbrado por la cúpula chavista al ser responsable del cuestionado producto antiviral.
Pese a las claras irregularidades en el caso, la Sala Penal desestimó las denuncias de Campos y ratificó su condena a través de la sentencia 265 emitida el pasado 23 de mayo por la ponente Elsa Janeth Gómez Moreno.