Las autoridades de Venezuela desmantelaron este año ocho bandas de «mafias carcelarias» en varios operativos militares y policiales desplegados en centros penitenciarios, entre ellas la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que operaba desde la prisión de Tocorón, una de las siete cárceles intervenidas, informó el Gobierno.
Según un vídeo publicado en X (antes Twitter) por el mandatario Nicolás Maduro, están «100 % libres de mafias» las siete cárceles tomadas por miles de funcionarios de «diversos cuerpos de seguridad del Estado» a través de esta operación puesta en marcha en septiembre, que dio un «certero golpe» al «crimen organizado que operaba en estos centros penitenciarios».
Durante estos operativos, las autoridades incautaron 605 armas de fuego, 862 armas blancas y 399.587 municiones, de acuerdo con el balance oficial, que da cuenta también de la recuperación de 4.015 espacios dentro de estos centros y del traslado de más de 8.000 privados de libertad a otras prisiones.
Esta operación formó parte de las «acciones emprendidas durante el año 2023» para «garantizar la paz y la seguridad», según el video, que muestra diversas imágenes de los operativos, entre ellas de decenas de presos siendo trasladados o sentados con los brazos detrás de la espalda o sobre la nuca.
El jefe de Estado, quien pidió la semana pasada a los cuerpos de seguridad actuar contra los presos que lideran redes criminales dentro de las cárceles, aseguró que este año han «trabajado de manera articulada y cohesionada para garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población».
Las ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Una Ventana a la Libertad (UVL), que denuncian con frecuencia las irregularidades dentro de las cárceles, han advertido de un aumento del hacinamiento que -aseguran- existe en los centros penitenciarios, tras los traslados de los miles de presos que estaban en los recintos intervenidos.
Según datos del OVP, difundidos en marzo, en las cárceles se registró un hacinamiento del 64,19 % durante 2022, con una población reclusa de 33.558 privados de libertad sobre una «capacidad real instalada» de 20.438 plazas. EFE