La Fiscalía General confirmó el lunes 1 de diciembre la detención de Gabriel Peñaloza, asesino de los hermanos Faddoul, crimen que conmocionó al país hace 19 años, por lo que se le imputarán dos delitos.
En la cuenta de Instagram del Ministerio Público (MP), el fiscal general Tarek William Saab indicó que la Fiscalía 66 Nacional lo acusará por los delitos de «secuestro con muerte en cautiverio» y «asociación».
Saab mencionó que dicho delincuente, tras privar de libertad a los hermanos, fue el autor material del asesinato de Kevin, Jeison Faddoul y John Faddoul, además de su chofer, Miguel Antonio Rivas, a quienes mantuvo secuestrados por varios días.
La semana pasada, El Siglo informó sobre la captura del delincuente. El Sistema Integrado de Información Policial (Sipol) arrojó que sobre Peñaloza pesaban tres solicitudes de captura vigentes. Las dos primeras, de marzo y abril de 2002, correspondían a robos de vehículos en El Tigre y Caricuao, mientras que la tercera, la más grave, se relaciona con el Expediente 11810FC, abierto el 7 de junio de 2006, por secuestro y homicidio agravado, vinculado directamente al caso Faddoul.
Durante su aprehensión, se le incautó una cédula de identidad falsa a nombre de José Luis García Rosales y un equipo telefónico.
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Contexto del caso
El secuestro de los hermanos ocurrió el 23 de febrero de 2006 en Caracas, cuando un grupo de delincuentes, vestidos con uniformes de la entonces Policía Metropolitana, instaló una alcabala falsa en Vista Alegre para interceptar el vehículo en el que las víctimas se dirigían al colegio Nuestra Señora del Valle.
Los captores exigieron 4,5 millones de dólares —equivalentes a unos 10 mil millones de bolívares de ese momento— y, aunque la familia intentó negociar y reunir parte del dinero, el intercambio se frustró después de que los secuestradores detectaran presencia policial en la zona.
Tras 40 días de cautiverio, el 4 de abril de 2006 los cuerpos de las cuatro víctimas fueron hallados en el sector El Lechozal, en San Antonio de Yare, Valles del Tuy. Presentaban signos de tortura y heridas de escopeta en la cabeza.
El caso conmocionó al país y generó protestas en ciudades como Valencia, Puerto Ordaz, Mérida y Porlamar.
Dos días después del hallazgo, el 6 de abril, detuvieron a Julia Charte, encargada de llevar alimentos a los secuestrados. Su declaración permitió una serie de allanamientos que derivaron en cerca de 20 arrestos. Finalmente, 17 personas —entre ellas cuatro funcionarios de la extinta Policía Metropolitana— recibieron condenas de 30 años de prisión por su participación en el secuestro y asesinato.