El Fiscal General repudió que ante este caso, en el que mostró un video donde se demuestra que el médico de nacionalidad vendía medicamentos para el tratamiento de la COVID-19, Colombia pretenda armar un escándalo a través del pronunciamiento de un grupo de congresistas y la Cancillería de ese país, queriendo hacer ver que se trata de una detención arbitraria y de que su vida corre peligro.
“No, corrían peligro la vida de los pacientes que en mala hora cayeron en sus manos”, argumentó Saab, al tiempo aseguró que se repite la historia, la reincidencia de Colombia de que “por envidia y por intentar ver cómo se afecta a Venezuela”, ataca despiadadamente al país.
Calificó la acción de este médico como una deplorable violación de códigos éticos del ejercicio de la medicina y de graves delitos. En ese sentido, reveló que el pasado 03 de septiembre, la subdirectora de la CHET le ordenó a este galeno el ingreso del paciente José Reyes de 74 años; a quien le indicaron 4 ampollas de Remdesivir, por lo que médico estableció contacto con familiares de un fallecido, quienes habían adquirido previamente el medicamento y acordó la adquisición por un monto de 1.800 dólares y su posterior venta por 3.200 dólares al ingresado Carlos Reyes, a quien le fue administrada una única dosis el 4 de septiembre a las 11:30 am, pues falleció 45 minutos después.
El Fiscal General informó que al momento de su detención hallaron en su residencia insumos médicos y medicamentos: 55 recipientes de polvo liofilizado para dilución, 132 viales y 15 envases de solución fisiológica producidos para uso hospitalario exclusivo en Colombia.
“No deja de ser costumbre que autoridades colombianas se pronuncien en defensa de este delincuente, que no por ser médico tiene una patente de corso para hacer lo que quiera y actuar impunemente”, reprochó.
También se pudo conocer que junto a Amell Cantillo fue detenida Francis Margarita Aguiar Salazar, representante de la quincalla y frutería Central, ubicada detrás de Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera; donde se incautaron planillas y formularios de documentos que eran utilizados en la administración de servicios médicos del hospital, además de medicinas de distribución gratuita otorgadas por los programas sociales del Estado.
A Amell Cantillo se le imputa por concusión, contrabando de extracción y asociación para delinquir, mientras que a Francis Aguiar se le imputan los delitos de forjamiento de documentos públicos, contrabando de extracción y asociación para delinquir.
Este sujeto además mantenía asociación con al menos 5 farmacias privadas para vender los medicamentos que eran sustraídos del hospital.