La falta de traslado de los tres imputados fue la causa por la que el Tribunal 41° de Control de Caracas decidió diferir, por novena, vez la audiencia preliminar sobre el caso de Fabián Urbina, asesinado por un guardia nacional el 19 de junio del año pasado cuando protestaba en la autopista Francisco Fajardo.
Iván Urbina, padre de Fabián, aseguró que el presidente Nicolás Maduro y sus instituciones tienen como objetivo obstruir la justicia, y que todos los familiares de los asesinados en las manifestaciones de 2017 se desgasten en la exigencia de los derechos que se les han vulnerado.
“Los responsables tienen que pagar los crímenes que cometieron. Él y todos tienen que rendir cuentas a la justicia. Si olvidamos lo que sucedió es un punto a favor del gobierno. Eso es lo peor”, expresó.
Otro de los motivos que impidió una vez más la realización de la audiencia fue la remoción de la juez que conocía el caso. “Ahora, quien está al frente del despacho tiene que leer el expediente y saber los detalles porque tiene menos de una semana de haber llegado. La jueza nos manifestó su deseo de que en la próxima fecha que se fije se celebre la audiencia”.
Aunque el equipo defensor y los familiares de Urbina reconocen que hay intención por parte de la nueva jueza, no tienen expectativas de que el caso tenga justicia porque el gobierno trata de que prevalezca la impunidad, sobre todo en los casos políticos como en el del joven de 17 años de edad, que recibió un bala en el pecho cuando manifestaba en el distribuidor Altamira.
“Este es el primer caso en el que hay evidencias de utilización de armas de fuego en contra de los manifestantes. Hay fotos y videos que demuestran cómo mataron a mi hijo. Si de verdad hubiese justicia, ya el asesino estuviera condenado”, afirmó.
Urbina denunció la discrecionalidad y la complicidad con la que actúa el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. “No nos consta, ni siquiera, que la boleta de traslado haya llegado al centro en el que están presos los imputados”.
Aseguró que aún no tienen certeza del centro dónde se encuentra recluido el asesino de su hijo. Hasta mayo de este año presumía que se encontraba en la cárcel militar de Ramo Verde. Sin embargo, hay otra versión que señala que está en una dependencia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, porque fue el organismo encargado de apresarlo junto a otros dos funcionarios.
Para aclarar estas hipótesis, los abogados solicitaron por escrito al tribunal el detalle sobre el estado de libertad de los imputados y el lugar de reclusión. En la próxima audiencia, que aún no tiene fecha, esperan la respuesta así como la constancia y los motivos de los anteriores diferimientos.