A través de su cuenta Twitter, Linda Loaiza se solidarizó con Morella y exigió justicia. Los paralelismos en ambos casos saltan a la vista, a pesar de la distancia en el tiempo que los separa. Diputadas de la Asamblea Nacional exigieron que Mathías Salazar, a quien llamaron “el monstruo Salazar”, no reciba beneficios procesales y que caiga sobre él todo el peso de la ley.
Cuando Linda Loaiza López fue raptada por Luis Carrera Almoina, el monstruo de Los Palos Grandes, el 27 de marzo de 2001, Morella, la víctima de Mathias Salazar, tenía siete años, tres meses y cuatro días de cautiverio, pero aún faltaban muchos años para que el país lo supiera.
El 19 de julio de 2001, el captor de Linda salió del apartamento y por primera vez en los casi cuatro meses de su rapto, no la ató pero la dejó encerrada. Linda comenzó pedir auxilio a los vecinos y finalmente una patrulla de la policía y un equipo de bomberos acudieron a su rescate.
Morella no pudo hacer lo mismo. Cuando intentó evadirse en dos ocasiones durante los más de 30 años de encierro, Mathías Salazar la golpeó salvajemente. Hasta el pasado 24 de enero cuando el hombre dejó, quizá por descuido quizá intencionalmente, las llaves del apartamento a la vista y se fue. Morella huyó en dirección a las oficinas del Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) en Maracay, estado Aragua.
II
Linda estaba tan malherida que estuvo recluida por cinco meses seguidos en el Hospital Universitario, sometida a tratamientos, cirugías reconstructivas y atención psiquiátrica. Así consta en el Informe de Fondo del caso Linda Loaiza emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio de 2016.
Linda estuvo incomunicada de su familia por una orden de la fiscal 33 de Caracas, que asumió el caso. En todos esos meses, Linda solo pudo ver a sus padres y hermana una vez durante cinco minutos. Su abogado no pudo entrevistarse con ella sino hasta el 7 de noviembre de 2001, pues tampoco a él le permitía la fiscal entrar.
De acuerdo con el relato de Oscar Hernández sobrino de Morella, a Crónica.Uno, la mujer fue aislada de su familia durante todo el cautiverio. Aunque la reportaron como desaparecida de inmediato en 1988, las autoridades nunca iniciaron una búsqueda formal y persistente.
En todos sus años de encierro, Morella tenía una radio y un televisor de señal local. Eran su conexión con el mundo. En una ocasión escuchó un programa sobre violencia contra la mujer y memorizó el nombre de una institución: Inamujer. El día que escapó, luego de caminar medio desorientada durante dos horas por una ciudad que no veía desde los 18 años, llegó al lugar. Las primeras funcionarias de Inamujer que la atendieron (y cuyos nombres se omiten a solicitud de ellas) no le creyeron. Incluso cuando su familia fue a buscarla, hicieron comentarios cínicos como que ella había pagado a esas personas para que se hicieran pasar por su familia.
III
Luis Carrera Almoina, el raptor de Linda, es hijo de Gustavo Luis Carrera, un intelectual venezolano influyente y reconocido. Desde el momento de su rescate y luego durante el proceso judicial, las conexiones del padre permitieron un trato diferenciado a su favor. En el Informe de la CIDH y del testimonio de Linda se desprende la complicidad del padre de Luis Carrera Almoina en el crimen.
De Mathías Salazar y sus posibles conexiones políticas no hay información confirmada hasta el momento. Pero en las primeras declaraciones y verificaciones policiales se sabe que era propietario de al menos dos apartamentos en una zona privilegiada de Maracay: en uno estaba Morella y en el otro, otra mujer con la hija de ambos, desde hacía 23 años; y que en casa de su madre, en una zona distinta de Maracay, permanecía en cautiverio la esposa de Salazar desde hacía 32 años.
IV
Cuando Linda Loaiza desapareció, su hermana presentó una denuncia ante el cuerpo de investigaciones penales, según la cual había recibido una llamada de un hombre que le decía que Linda no volvería. Cuando ella devolvió la llamada al mismo número, el contestador automático reveló el nombre del victimario. El informe de la CIDH señala que “los funcionarios no registraron la denuncia porque le decían que había que esperar y que seguramente se trataba de un ‘problema de pareja’”.
En los casi cuatro meses de rapto, Linda se comunicó con su hermana una vez por teléfono y le dijo que la dejara en paz, que no la molestara más. Pero a la hermana aquello solo le aumentó las sospechas. La joven intentó interponer la denuncia hasta en seis ocasiones más ante la policía pero solo le registraron una denuncia por amenaza de muerte en su contra y no por la desaparición de Linda.
La familia de Morella denunció la desaparición casi de inmediato al rapto. La madre esperó el regreso de su hija o al menos una investigación policial que le dijera qué había pasado con ella, hasta el día de su muerte, hace ocho años. Algunos vecinos del apartamento donde estaba Morella llegaron a reportar sus sospechas a la policía en dos ocasiones. En ambas oportunidades los funcionarios fueron al sitio y Morella —se presume que bajo coacción— dijo que ella estaba bien. La policía no sospechó ni indagó más allá.
V
A pesar de que Luis Carrera Almoina llegó al apartamento alquilado —también en una zona privilegiada de Caracas— en el momento en que Linda era rescatada por la policía, este no fue detenido en el momento. La detención se produjo el 22 de agosto de ese año y el 10 de septiembre el juzgado le concedió el beneficio de casa por cárcel por los delitos de lesiones gravísimas, violación y posesión ilícita de drogas.
Aunque un mes después el tribunal ordenó su traslado a un centro de reclusión, la orden no se cumplió. Carrera Almoina permaneció en su domicilio hasta el 6 de noviembre, cuando se escapó con ayuda de su padre. El hombre fue recapturado. El juicio concluyó en octubre de 2004 con la absolución de todos los delitos.
La defensa apeló y la opinión pública se opuso. Hasta la Asamblea Nacional actuó para exigir un nuevo juicio. Se abrió un nuevo juicio. En mayo de 2006 el tribunal le condenó a seis años y un mes de cárcel por los delitos de privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas. Pero descartó el delito de violación y obstaculización de la justicia. En mayo de 2008 Almoina cumplió su pena; se le imputó una pena accesoria de vigilancia de la autoridad y en noviembre de 2009 obtuvo libertad plena, de acuerdo con el Informe de la CIDH.
Mathías Salazar fue detenido el 27 de enero. Le imputaron los delitos de violencia sexual, esclavitud sexual, inducción al suicidio y violencia psicológica, y fue trasladado a la cárcel de Alayón, cercana al edificio donde se perpetraron los delitos.
Este viernes, las diputadas de la subcomisión de Igualdad de Género de la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar y Tamara Adrián, exigieron al sistema judicial no permitir bajo ningún concepto el otorgamiento de beneficios procesales a Salazar.
“Estamos ante un caso que no es solo de violencia sexual y violencia física. Pedimos a los medios que no le llamen ‘el gordo Mathías’ sino ‘el monstruo Salazar’. Es un caso de 32 años de tortura. No es solo el caso de Morella, es que hay tres mujeres más incluyendo a su hija. Esos delitos no tienen beneficios. Ella debe estar bajo protección del Estado porque corre peligro. Hoy requiere que todo el peso de la ley recaiga sobre este sujeto, que permanezca privado de libertad. Y, sobre todo, que no exista impunidad”, dijo Bolívar.
Linda se solidariza con Morella
“Deploro cualquier acto o artimaña que quiera obstaculizar el acceso a la #JusticiaParaMorella. Mi solidaridad con la Sra. Morella y sus familiares”. Las palabras son de Linda Loaiza López. Las publicó este viernes 7 de febrero de 2020 en su cuenta Twitter, donde además recuerda que su caso, pese a la decisión de la CIDH, sigue impune porque el Estado no le ha cumplido.
A juicio de la diputada Karín Salanova, vicepresidenta de la comisión de Familia de la AN, los paralelismos entre ambos casos saltan a la vista. Aunque el caso de Morella apenas comienza su recorrido por el sistema de justicia.
Un sistema que la ONU ha descrito como corrupto y que a Linda Loaiza no le cumplió. Al punto que una vez agotada la vía interna, Loaiza presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 2007) y en 2018 se convirtió en la primera sentencia condenatoria contra un Estado por violencia de género por tortura y esclavitud sexual. Al día de hoy, el Estado venezolano que dice ser un estado protector de la mujer, no ha cumplido la condena ni ha resarcido a Linda.
La diputada Adrián no guarda mayores esperanzas de justicia en el caso de Morella pero insiste en que debe ser agotado todo el procedimiento y sobre todo documentado. La justicia internacional es posible: “El Estado venezolano de la usurpación ha hecho caso omiso de la sentencia a favor de Linda. Han pasado dos años de la sentencia y no ha cumplido con los dispositivos. Esta dictadura se ha caracterizado porque su principal producto es la propaganda y cuando eso está en contradicción con la realidad, ocultan la realidad. Aún así todas las víctimas deben denunciar”.
La diputada Delsa Solórzano, defensora de derechos humanos e integrante de la comisión de Familia, destacó las similitudes en la actuación de los victimarios y en la responsabilidad posterior del Estado para que haya justicia y la víctima sea reconocida e indemnizada.
“Son casos similares. A ambas las rapta un particular pero esto ocurre también porque el Estado ha fallado en su obligación de garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad. Estos casos van más allá de que el Estado meta preso al responsable y lo castigue. El de Morella y las otras víctimas es un proceso complejo que debe incluir atención psicológica especializada porque son mujeres que han sido sometidas durante muchos años. Tienen miedo, el hablar en un juicio, por ejemplo, puede ser muy difícil para ellas”, indicó Solórzano.
reseñado por Crónica Uno