Explican expertos en materia criminal, el crimen del GNB fue cometido con un arma que había sido decomisada en marzo de 2016.
Carlos D’Hoy/Deivis Ramírez Miranda/El Universal
Desde el 4 de abril cuando se iniciaron las protestas en Venezuela, 29 personas han muerto en hechos de violencia.
Simpatizantes de la oposición, afectos al gobierno y personas no vinculadas a ninguno de los bandos han perdido la vida en 28 días.
El Ministerio Público inició las averiguaciones para esclarecer cada un de los casos.
Uno de los más emblemáticos, fue el asesinato del sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Niunar Sanclemente Barrios, ocurrido en San Antonio de Los Altos la noche del 19 de abril.
Inicialmente se dijo que fue asesinado con un arma de largo alcance con mira telescópica, destacando que se trataba de un asesinato perpetrado por un francotirador.
Sin embargo, versiones policiales determinaron elementos que echan por tierra esa tesis.
En el ataque en el que murió Sanclemente y resultó herido el jefe de Estado Mayor de la Área de Defensa Integral 444 de Miranda, coronel (GNB) Juan Carlos Arias, no hubo un francotirador, y el arma involucrada fue una calibre 9 milímetros.
Al comprobar la bala extraída del cadáver del militar, a través del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), por sus siglas en inglés, se determinó que el proyectil salió de un arma que había sido decomisada por la Policía Municipal de Sucre el 9 de marzo de 2016, cuyas características son: pistola Steyr calibre 9 mm, serial 022629.
Tres meses después, el 7 de junio, esa pistola había sido remitida a la Zona de Defensa Integral (ZODI) Miranda, donde debía ser destruida o mantenida bajo custodia.
Sin embargo, el arma apareció en un nuevo panorama que podría implicar a los efectivos militares en la muerte de su propio compañero.
Las experticias planimétricas están avanzadas y serán las que determinarán qué ocurrió la noche del 19 de abril en el elevado de San Antonio.
El triángulo de la verdad
Expertos señalan que el método científico permite esclarecer este tipo de casos y llegar a la verdad de los hechos, superando aspectos externos que podrían enturbiar la investigación.
Ramón Silva Torcat, ex funcionario del Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), y ex director de la Interpol Venezuela, señala que como en toda investigación científica, el primer paso para resolver un crimen es la observación que permitirá determinar una línea de investigación que dirigirá las pesquisas.
«En el lugar donde ocurrieron los hechos recabamos evidencias como balas, cartuchos, manchas de sangre, rastros huellas, testimonios, videos, en fin todo lo que pueda tener valor probatorio», refiere.
«Paralelamente se lleva a cabo la autopsia que se inicia con el examen externo del cadáver hasta la evaluación interna, todo va creando un panorama sobre las causas físicas que condujeron al deceso, el daño causado a los órganos, todo debe estar relacionado, todo se analiza, desde la estatura, peso de la víctima, el ángulo en que ingresó el arma asesina puede determinar si se trató de un acto en defensa propia o no, si se disparó o apuñaló a una persona indefensa, todo es importante para esclarecer un asesinato», continúa el experto.
«Además los investigadores cuentan con herramientas que nos permiten analizar los distintos escenarios, desde el estudio comparativo de balas y rastros, hasta el análisis de videos, trayectoria balística, estudios químicos, en fin las ciencias se suman a la investigación criminal para hacer justicia».
Asegura que una vez se cuenta con suficientes indicios, se unen a las línea de investigación que se formularon para tratar de explicar el móvil del crimen.
«Para ello se usan herramientas como el triángulo de la verdad, en el que ubicamos a los protagonistas en los vértices: la víctima, el victimario y el lugar donde ocurrió el hecho. Al conectar los elementos, nos vamos respondiendo preguntas como: qué unió a la víctima con su victimario en ese lugar, qué hacía cada uno, si era manifestante, quién disparó, cómo lo hizo, por qué lo hizo, las evidencias van aportando los detalles que terminan por esclarecer los hechos», explicó.
Estatus de los casos que han causado conmoción entre los 29 registrados
Juan Pablo Pernalete Llovera. Asesinado el miércoles 26 de abril en Altamira. Según testigos, el joven recibió un impacto de bomba lacrimógena en el pecho. Sin embargo, fuentes oficiales no lo han determinado. Se dijo que había sido atacado con una pistola de perno. Hasta el momento el Ministerio Público no ha dado el resultado final.
Carlos José Moreno Varón. Lo mataron el 19 de abril en la Plaza La Estrella de San Bernardino. Recibió un disparo en la cabeza, presuntamente, a manos de un pistolero que llegó en moto a atacar a los manifestantes de la oposición. Hasta el momento no hay indicios de quién fue ese sujeto. Testigos han aportado datos de su fisonomía.
Almelina Carrillo. Recibió un golpe en la cabeza con una botella de agua congelada el 19 de abril en La Candelaria y murió cinco días después. Funcionarios del Cicpc realizaron un análisis del lugar donde cayó herida. Así mismo, verifican la trayectoria de la botella desde el edificio de donde fue lanzada, para determinar el apartamento exacto.
Paola Andreína Ramírez Gómez. Fue asesinada de un disparo el 19 de abril en el estado Táchira. El crimen fue esclarecido días después, tras la captura de un sujeto que admitió haber disparado desde la azotea de un edificio. Sin embargo, el Ministerio Público dijo que el hecho fue confuso, porque unos motorizados habían actuado también.
Niumar José Sanclemente. El sargento segundo de la GNB fue asesinado el 19 de abril en Los Teques. Recibió un disparo en el pecho en medio de una manifestación. Las autoridades acusaron a «grupos violentos de la oposición». Sin embargo, el Cicpc determinó que el arma usada en ese homicidio estaba en poder de la GNB desde junio de 2016.