Así funcionaba el imperio de la venezolana «Pitufina» y sus hijas en España

La explotación sexual es uno de los peores flagelos que, afecta a hombres y mujeres a la sombra de las autoridades. Durante los últimos años, España ha dado duros golpes a redes criminales que a través de la prostitución mantienen cautivas a cientos de mujeres de diferentes nacionalidades. El pasado 8 de diciembre, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil del país europeo, desarticularon una organización criminal liderada por la venezolana «Pitufina» y sus cuatro hijas conocidas como «las Mamis».

El cuerpo de seguridad compartió en su cuenta en X, antes Twitter, un video sin audio en el que se evidencia las pésimas condiciones de vida en la que permanecían las víctimas. Eran sometidas a explotación sexual y obligadas a permanecer confinadas en un sótano, un espacio sin ventanas donde dormían hacinadas en condiciones insalubres.

Una nota de prensa en su página web, precisó que las mujeres eran sometidas y obligadas a tomarse fotos para promocionarlas en páginas web donde se ofrecían sus servicios sexuales.

Como si fuera poco, en el chalé ubicado en la capital española también se traficaba droga: las jóvenes debían transportar la cocaína cuando tenían «citas» en el exterior de la casa.

Los líderes de la organización captaban a las víctimas en países de Sudamérica, mediante engaño, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y prometiéndoles trabajos dignos y bien remunerados. La red criminal se hacía cargo de todos los trámites y gastos necesarios para que viajaran hasta España. Al llegar, eran informadas que habían contraído una deuda económica con la organización, que llegaba a triplicar los gastos reales del viaje y que debería de ser abonada con el ejercicio de la prostitución, siendo trasladadas al chalé ubicado en Madrid.

«Aquí las mujeres eran sometidas a un control férreo, obligándolas a permanecer en el interior y multadas si no cumplían con las condiciones que se les imponían, por lo que vivían en condiciones infrahumanas, todas hacinadas en un sótano sin ventanas. Las víctimas tenían que abonar 100 euros por su estancia en el chalé y entre 16 y 20 euros por la comida. Tenían que estar disponibles las 24 horas del día y realizar ocho horas diarias de servicios sexuales efectivas si querían disfrutar de dos horas libres diarias. Durante su explotación, se les obligaba a realizar dos servicios sexuales con cada cliente y sexo oral sin preservativo. También en el chalé se traficaba con cocaína, que tenían que transportarla cuando salían al exterior», suscribe el texto de la Policía Nacional en su página web.

El imperio de «Pitufina» y sus hijas, las Mamis

En la operación conjunta, la Policía Nacional detuvo a doce personas. Los implicados cobraron a través de una plataforma de pago la cantidad de 1 millón 244 mil 767 euros. En los hallanamientos llevados a cabo en dos inmuebles, uno en la ciudad de Madrid y otro en la localidad Fuentidueña de Tajo (Madrid), se logró liberar a 12 víctimas.

Los agentes, además encontraron más de 30.000 euros en efectivo, 30 gramos de cocaína, 13 gramos de marihuana y diversa documentación relacionada con las actividades investigadas.

Un reporte del medio español El País, profundizó sobre el caso y destacó que las esclavas sexuales estaban desprotegidas ante el imperio de una venezolana apodada «Pitufina» y sus cuatro hijas, conocidas como «las Mamis». Por el momento, se desconoce la verdadera identidad y otros datos sobre la mujer y sus cómplices.

Las víctimas se acomodaban como podían en el sótano. Usaban lo que un día fue una piscina como tendedero, que amontonaban los zapatos de tacón que debían ponerse para resultar más apetecibles y que leían carteles en los que se les prohibía “coger el teléfono a los clientes”.

«Establecer cualquier relación estaba prohibido. Este era el imperio de terror controlado por una mujer y sus hijas, o lo que es lo mismo, Pitufina y las mamis, como las conocían las propias chicas», explicó en entrevista con El País, uno de los policías de la Comisaría General de Extranjería responsables de la investigación. “Puede tratarse del mayor local dedicado a la prostitución de Madrid”.

Si querían descansar, tenían que hacerlo maquilladas y con ropa sexy por si las requerían inmediatamente para un servicio. Los paseos al exterior debían ser breves y estaba prohibido pasarse de la hora establecida bajo riesgo de multa. La mayoría eran captadas por redes sociales o en sus lugares de origen por integrantes del entramado, la mayoría en Colombia y Paraguay. Les prometían un trabajo estable y en buenas condiciones con perspectiva de conseguir permiso de residencia.

A su llegada, las jóvenes firmaban un contrato que las obligaba a permanecer un mínimo de tres semanas en el lugar. En principio, no hacían falta cadenas ni agresiones físicas. Las captoras sabían que trascurrido ese tiempo no iban a tener ningún otro lugar a donde ir, sin dinero, y muchas estarían atadas por unas supuestas deudas o por la adicción a sustancias.

Si alguna decidía marcharse no les importaba porque había chicas de sobra en la reserva. Incluso era bueno para el negocio, pensaban ellas, porque así había nueva mercancía para los clientes habituales.

“Una siniestra maquinaria que nunca se detenía. Había agresiones psicológicas constantes, las amenazaban por todo. Tan solo había un hombre en este entramado encargado de los temas de seguridad y control de las entradas y salidas”, acotó.

Otro dato interesante es que Pitufina, rara vez pasaba por el chalet.

«Eran las hijas, a las que las mujeres llamaban mamis, las que se turnaban para vigilar y gestionar. Suministraban comida a las chicas que tenían que pagar con su trabajo y se la tenían que comer en el sótano. También las obligaban a costear la ropa que ellas llamaban sexy para hacerles fotos y publicarlas en páginas de contactos. También estaban obligadas por contrato a transportar droga en una red de chóferes particulares de los que disponía la organización”, confirmó el investigador. «Toda una red bien planificada y engrasada para que nunca acabara la esclavitud de estas mujeres».

Llamada anónima alertó a los cuerpos de seguridad

El policía reveló que la operación inició por dos denuncias anónimas vía telefónica que se reportaron desde el norte de España. Notificaron la existencia de un posible caso de trata y daban algunos detalles de la ubicación y las personas responsables del negocio ilegal.

“Las vigilancias en estos lugares siempre son complicadas porque son delitos que se producen de puertas para adentro”, expuso. «El chalé en cuestión ya estaba en el punto de mira desde hacía al menos tres años, e incluso otros cuerpos policiales habían llegado a identificar a los ocupantes en noviembre de 2020. Su actividad en el año de la pandemia, cuando las restricciones encerraron la explotación tras los muros de los narcoburdeles, fue incesante. Esperamos que esta operación sea el final».

El País agregó que Pitufina y una de las hijas vivían en una casa en la localidad madrileña de Fuentidueña de Tajo, que también fue registrada.

El día en el que las fuerzas policiales entraron al narcoburdel, había 21 mujeres, de las que 12 han aceptado ser víctimas y recibir ayuda, una de ellas tiene una discapacidad intelectual del 67 %.

En el operativo participaron miembros de las asociaciones destinadas al apoyo a víctimas de trata Operation Underground Railroad y Amar Dragoste. Carolina Sánchez es la responsable de esta última:

“Era una situación insalubre, las mujeres tenían miedo, estaban llorando, asustadas. Habían estado sometidas a un control tremendo. Nuestra labor fue la de darles apoyo y brindarles una red asistencial después de ese momento. Las mujeres no se deberían poder comprar ni vender y lo que sucedía en ese chalet es absolutamente terrible”.

Prostitución y trata en cifras

En mayo de 2022, RTVE reseñó que según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, 3 de cada 10 hombres reconocer haber pagado por sexo en ese país. Uno de ellos dice haberlo hecho «una sola vez», mientras que los otros dos son «consumidores ocasionales».

Por su parte, El Periódico de España recopiló en junio del año pasado, algunas cifras de informes oficiales, de datos de ONGs y opiniones de expertos que dan cuenta de que España «es el primer país europeo en consumo de prostitución».

El Ejecutivo español estima que al menos 45.000 mujeres ejercen la prostitución, un dato que se extrae del informe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado de 2012, en base a la información policial de los años precedentes y las estimaciones económicas que genera la industria del sexo, señala el reporte web consultado por El Cooperante, este lunes.

En cuanto a víctimas y proxenetas, refirió a un balance estadístico del Ministerio del Interior correspondiente al período 2016-2020 que precisó: «Apenas hay detenciones de tratantes o proxenetas y se rescatan pocas víctimas. En 2020, se detectaron 3.867 personas en situación de riesgo, de las cuales solo 575 fueron consideradas víctimas y 172 sus explotadores detenidos».

En 2018, la Fiscalía de España indicó que la explotación sexual y la trata de personas «mueven más de cinco millones de euros al día». Siendo, según la Europol, la segunda fuente de ingresos ilícitos de la delincuencia, detrás del tráfico de drogas: anualmente llena los bolsillos de los captores y líderes de trata de hasta 32 mil millones de euros en toda Europa.

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