El fiscal general Larry Devoe informó este viernes que 10 personas fueron condenadas por su vinculación en el caso «Brazalate Blanco» y otras cuatro recibieron la absolución y «libertad plena».
Tras la declaración de Devoe, la organización no gubernamental Foro Penal detalló quiénes fueron los ciudadanos que fueron condenados.
En un reporte hecho en sus redes sociales, la organización detalló que por los delitos de conspiración fueron condenados Guillermo Enrique César, Ronald Ferrer, con 12 años de prisión, y Ángelo Heredia, quien, a diferencia de los dos anteriores, recibió 18 años.
Por su parte, por el delito de encubrimiento fueron tres años, siendo los condenados Karen Gómez, Carlos Sánchez, Guillermo Henry César, Diana y Jesús Suárez. A este último, quien estaba privado de libertad en el estado Táchira, se le otorgó una medida cautelar sustitutiva de libertad.
Por este caso, el tribunal también dejó absueltos, con libertad plena y sin restricciones, a la activista Rocío San Miguel y otros tres ciudadanos identificados como Alejandro González, Luis Camacaro y Guillermo López.
Devoe dio a conocer que el jueves 1 de octubre un tribunal concedió la «libertad plena y sin restricciones» para la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y otras tres personas vinculadas al caso conocido como «Brazalete Blanco».
Devoe explicó que el Ministerio Público (MP) solicitó «sentencia absolutoria» para estos ciudadanos que enfrentaban un proceso penal, tras haber sido acusados de «participar en la presunta comisión de diversos delitos».
A los condenados, según el fiscal, se les «acreditó plenamente su participación en los hechos objeto del proceso».
Rocío San Miguel, por su parte, celebró la «libertad de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en su contra», afirmando que «durante este tiempo fueron puestas a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios».
San Miguel también manifestó su deseo de que las condenas emitidas en este caso contra los otros acusados «sean anuladas», al considerar que son «profundamente injustas».