Dentro de tres semanas se realizará el referéndum con preguntas sobre la controversia por el Esequibo que tiene poco más de 200 años. La consulta es una realidad, aunque parte del público está en modo de negar la realidad. Voy a votar en el referéndum del 3 de diciembre. Igualmente, participaré en el simulacro que se hará el 19-11-23.
No soy conocedor del asunto sino un ciudadano que considera que votar y manifestar su opinión es lo correcto. Le tomo la palabra al presidente Maduro, quien en un acto por el Esequibo del 7-11-23, propuso un “debate abierto y sincero” acerca del tema y de las 5 preguntas. Aquí va mi aporte “abierto y sincero” al debate.
Hay que recordar que en 2018 la controversia fue remitida por la ONU a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en una interpretación que el secretario general de la ONU hizo del artículo IV del acuerdo de Ginebra (1966).
En un comunicado con fecha 9-11-23 Guterres ratificó esta decisión de 2018. Indicó que “en enero de 2018, después de analizar cuidadosamente la evolución del proceso de buenos oficios que había tenido lugar durante los años anteriores, el secretario general, en ejercicio del poder y la responsabilidad que le confiere el Acuerdo de Ginebra de 1966, eligió la Corte Internacional de Justicia como el siguiente medio a ser empleado para la solución de la controversia fronteriza entre los dos países” (subrayados míos).
El 10-11-23 Cancillería emitió un comunicado en el que rechazó esta posición de Guterres. Le señaló que, con su mensaje, “pretende declinar su responsabilidad en las tensiones generadas por Guyana, relacionadas con la controversia territorial por la Guyana Esequiba”.
Guyana aprovechó la remisión y demandó a Venezuela. Presentó sus alegatos en marzo de 2022. Básicamente, que la CIJ valide al Laudo de 1899 (“la validez jurídica y el efecto vinculante”, planteó el vecino país en su documento ante la corte). Es lo que el tribunal decidirá.
En 2019, Venezuela presentó una memoria para cuestionar la demanda de Guyana contra nuestro país, pero desconoció a la CIJ como instancia para tratar la controversia por el Esequibo.
En 2020, la corte reconoció que posee jurisdicción respecto a la validez del Laudo de 1899. Nuestro país no asistió a las distintas audiencias hasta febrero de 2021. A ésta fue “por cortesía”. En noviembre de 2022, Venezuela asistió para plantear las objeciones a la posición de Guyana.
En abril de 2023, La CIJ votó en contra de la “excepción preliminar” -básicamente, que la demanda de Guyana no procede porque UK no es parte del caso, cuando debe porque se obligó con el acuerdo de Ginebra de 1966; la CIJ decidió 14 a 1 que a UK no le corresponde ser parte en el caso- formulada por Venezuela y acordó que tiene jurisdicción para decidir sobre la demanda de Guyana (la validez del Laudo de 1899).
El 21-9-23 la AN aprobó realizar un referéndum consultivo para “que el pueblo refuerce la defensa de la Guayana Esequiba”, según texto de la nota de prensa de la AN de ese día.
En la sesión del parlamento, Jorge Rodríguez justificó la consulta por “las insolentes declaraciones del Gobierno de los Estados Unidos en flagrante agresión contra la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo. Al respecto, Rodríguez calificó de ignorante e injerencistas las aseveraciones del subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU) Brian A. Nichols, quien manifestó este miércoles su apoyo a Guyana para explotar los recursos naturales del Esequibo plegándose a los intereses transnacionales y en contra de los derechos legítimos de Venezuela”.
Este será mi tercer artículo acerca del asunto. El primero, en octubre de 2022, esbozó lo que hoy es la tensión entre los dos países. Casualmente, lo escribí por un tuit de Nichols a favor de Guyana.
El segundo, el 16 de octubre, que planteó como hipótesis que Maduro hizo un “Brinkmanship diplomático” al proponer que Caricom organizara un encuentro entre el presidente de Venezuela y el presidente de Guyana. En ese artículo comenté que la idea del presidente no me pareció mala, pero no se ha concretado ni creo se materialice a estas alturas dada la tirantez entre las dos naciones. De hecho, de acuerdo a la agencia EFE, el primer ministro de Guyana aseguró que “el tiempo de negociación acabó, no habrá dialogo entre Maduro y el presidente de Guyana Irfaan Ali”.
El objetivo del “Brinkmanship diplomático” es ambicioso e irreal en un sentido: que Guyana desista del contencioso en la Corte Internacional de Justicia o, en su defecto, converse con Maduro (a pesar de lo dicho por el PM de Guyana, todavía no lo descarto. La política cambia de un día para otro). Lo ideal para el gobierno es que el vecino regrese al acuerdo de Ginebra de 1966, pero eso no va a suceder. Guyana considera que su victoria está en la CIJ.
Veo el consultivo del 3-12-23 como un “Brinkmanship electoral” con el mismo fin: hacer presión a Guyana para que regrese al acuerdo de Ginebra o, alternativamente, el presidente de ese país se encuentre con el presidente Maduro.
El problema no es el referéndum consultivo o los lugares comunes de la oposición que si “la soberanía se ejerce, no necesita una consulta”. El artículo 71 de la carta magna permite esta consulta.
El artículo establece que “Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.
“También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia parroquial, municipal y estadal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal, o al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al Alcalde o Alcaldesa, o al Gobernador o Gobernadora de Estado, o a un número no menor del diez por ciento del total de inscritos e inscritas en la circunscripción correspondiente, que lo soliciten”.
La carta magna no excluye ningún tema a ser consultado. Ejercer la soberanía no choca con una consulta sobre la misma. Es un referéndum consultivo, no es uno abrogatorio. Así que la consulta vale. Si debe ser o no, es otra discusión. Si uno la quiere o no, es irrelevante. La realidad es lo que es no lo que uno quiere que sea. Los que están con “la soberanía se ejerce” tienen que ir al Esequibo para “ejercerla” o presentarse “en el cuartel en el término de la distancia”.
Es evidente que la controversia y su situación actual es una materia de “especial trascendencia nacional”. La fecha para la entrega de la contra memoria venezolana es el 8-4-24. El tiempo apremia. Es un asunto de Estado que puede ser planteado al público. No veo que esta consulta pregunte sobre ceder el territorio o que “la soberanía se ejerza”. También se puede ejercer con un referéndum consultivo o litigar en la CIJ. Así que no se puede rechazar de entrada. La oposición pierde el tiempo en preciosismos porque no tiene una estrategia ante el Esequibo y el referéndum en particular. Y ya debería tenerla.
El problema no es el consultivo. El problema es que el gobierno no consultó cuando debió. Pudo ser un consultivo pero me refiero a consultar a los sectores del país. A la sociedad civil o a las organizaciones sociales como le gusta decir al chavismo.
Tampoco creo que el gobierno -principalmente el del Maduro- descuidó la defensa del Esequibo. Al menos a nivel de comunicados.
En la web, está un archivo de la Cancillería en la que están registradas todas las acciones del gobierno de Maduro desde 2015 para la defensa del Esequibo. El problema es que el chavismo juega solo y quiere que todo el mundo acepte sus juegos y sus reglas. Con Guyana esta estrategia salió mal. Pero tanta es la arrogancia del ejecutivo, que optó por un consultivo para darse la legitimidad que no quiere buscar en los expertos en el tema del Esequibo. Chávez decía algo como que “prefiero consultar al pueblo que a los sabios”. Eso es lo que hace el chavismo, aunque sus sabios no son suficientes. No veo nada de malo en consultar al pueblo pero en este tema hay que preguntar a “los sabios”, que no están solo en el chavismo. El general de brigada Pompeyo Torrealba no es el único que sabe sobre el Esequibo.
No lo digo a mal. El general Pompeyo es una de las pocas voces consistentes sobre el tema cuando no se hablaba del mismo o concitaba poco interés. Aprendí del entonces coronel Pompeyo acerca del Esequibo. Celebro su ascenso a general de brigada. Solo señalo mis respetos al oficial general y su constancia, pero hay otros conocedores del asunto fuera del mundo chavista. El presidente debería dar el paso y, al menos, escucharlos. Algo como “tomarse un café sin compromiso para hablar sobre el Esequibo”.
Consultar a los “sabios” no supone de mi parte asumir que el ciudadano no sabe del asunto. Posiblemente no lo sepa como experto -tampoco yo lo domino- pero las personas tienen información y una opinión acerca del Esequibo. Me resultan un tanto “clasistas” las opiniones en redes sociales que piden una “campaña educativa” sobre las preguntas que asumen son “complicadas para el común”. Lo son. Tienen sus “conchitas de mango” o hay que “leer entre líneas”. Que sea así no significa esa división que algunos todavía se empeñan en Venezuela: entre un pequeño grupo de ilustrados que saben –“el venezolano que más sabe de…”; el sueño del “gobierno de los que más saben en…”- y la “masa” a la que hay que enseñar desde cómo ser libre hasta del Esequibo. Ese “clasismo” de “es complicado para el pueblo” persiste en nuestro país, como si la gente fuera tonta. Es la misma que sobrevivió a una terrible inflación y la que no cayó en el conflicto civil promovido por élites irresponsables del gobierno y de la oposición (me disculpan la “equiparación”).
Otro motivo para el referéndum es compensar la falta de apoyo internacional a la posición de Venezuela. Igualmente no es grato reconocerlo como venezolano, pero es el hecho. Guyana concita más respaldos públicos que Venezuela en su posición. La consulta busca decirle al mundo que no hacen falta esos apoyos porque con el respaldo interno es más que suficiente.
Henos aquí, entonces, embalados al referéndum consultivo acerca del Esequibo ¿Qué el gobierno lo aprovecha dentro de su estrategia política? Por supuesto ¿Qué por eso voy a dejar de participar? No. Salvo que la oposición defina una estrategia que hasta ahora no la veo, que vaya más allá de la indignación moral -su estado natural últimamente- o la “etapa de la lógica” en la que está como mecanismo de defensa ante una realidad que la sorprendió y no esperaba. La negación de la realidad se transmuta en lógica, “no se puede consultar sobre algo que ya existe”. La política entra en la dimensión ontológica. Así está la oposición mientras atina a una respuesta y a una estrategia.
Evadirme de la realidad no es un lujo que me pueda dar como hace cierto público. Por eso voy a participar en la consulta del 3 de diciembre. Varias razones para hacerlo. Tres de entrada.
La primera es la más sencilla. Considero mi deber expresarme en este tema. Si bien no ir a votar es una forma de expresión política -en la carta magna votar es un derecho no un deber así, pues, la persona opta por sufragar o no hacerlo, es su derecho- pienso que el “voto activo” es más útil que la abstención. Más en Venezuela cuando nadie reclama el no votar. Por supuesto, es un Estado autoritario que no va a permitir que surja un grupo que llame a la abstención para esta consulta y no sé si habrá alguno que se atreva a hacerlo. Menos en esta consulta donde el gobierno hace una alta apuesta. “Analistas” cercanos al gobierno dijeron lo que el gobierno le gustaría decir pero caería muy mal: quien cuestione la consulta o vote No, que sea inhabilitado.
No lo dice el ejecutivo sino “analistas” cercanos al mundo oficial, pero el día de mañana el gobierno puede hacerlo si los resultados de la consulta no son de su agrado o el referéndum no sale cómo se espera. Pero igual, el ciudadano puede no votar y decidirlo con su conciencia. En mi caso, opto por dar mi opinión en las 5 preguntas. No las voy a votar en bloque, sea con un sí o sea con un no.
El segundo motivo puede ser “paranoico”. Los sistemas autoritarios generan “paranoias” tanto en los “opresores” como en los “oprimidos”. No voy a ser la excepción.
Hay preguntas con implicaciones de guerra. Considero mi deber expresarme para evitar una. Puede ser mi “propia paranoia” al exagerar algo que no será, pero prefiero expresarme, no esperar para ver si sucede, para después rasgarme las vestiduras con ovacionadas explicaciones en redes sociales, cuando ya es tarde. Si hay un conflicto, me costaría llevar en la conciencia no haber dicho mi opinión cuando fue menester hacerlo el 3 de diciembre no después.
No estoy con el discurso de la paz ni tampoco con el de los “tips para el periodismo de paz” o de “curaduría de fuentes” (luego de destrozar a personas en redes sociales); bien lejos de eso, pero evito la guerra.
La paz que disfrutan muchos de los que llamaron a guerras dentro de Venezuela -hoy dicen que no fue así- la parimos quienes durante esos años de conflicto optamos por la contención. Esa paz -así sea autoritaria como es- la erigimos de manera colectiva. Hablo en plural porque fui uno de los que ayudó a construir esa paz. Y pagué y pago un alto precio dentro de la oposición, por lo que me gané mi derecho a opinar y no a seguir “líneas” que “famosos e influencers” bajarán en tuiter para decirme cómo debo opinar y “ser bien visto”.
Al participar el 3 de diciembre expresaré que no deseo una guerra. No me importa si paso por cobarde. Eso ni me quita el sueño. Tengo claro que, si hay un conflicto, y me toca reincorporarme al servicio, lo haré “sin protesto” y sin shows para tuiter. Pero prefiero evitar ese escenario o contenerlo. No vivo de la crisis como algunos famosos e influencers que, de haber una guerra, monetizarán los videos en tuiter de los hijos de Petra y Ramona -no ellos, ni sus hijos o nietos- en el frente mal heridos o con problemas. No será en mi TL. Estos “valientes” se irán de Venezuela -como ha pasado- y aparecerán en algún otro país con su segundo pasaporte. Frescos. Como si nada (lo que ya es tradicional).
Las preguntas que estimo tienen implicaciones bélicas son la 3, 4 y la 5. Más abajo explico por qué.
Finalmente, votaré para tener la autoridad y verle la cara al chavismo. De esta consulta el gobierno hará otra división entre “nacionalistas” y “no nacionalistas”, por poner algo zanahoria.
No votaré por esa división. Uno debe asumir las consecuencias de sus actos. Allí no hay obligación. Si creyera en no votar no lo haría, no me importa si el gobierno me dice “anti venezolano” o me hace algo. Ahí es donde se necesita coraje de verdad; y no voy a estar con el culillo que “me obligaron porque estoy secuestrado”, explicación dada para justificar la visita de Maduro Guerra a la UCAB el 1-11-23 “¡Pobrecitos, están secuestrados, no podían hacer otra cosa!”. Qué sabroso ese “secuestro” es lo que veo en redes sociales con las grandes vidas que llevan algunos connotados “secuestrados”.
Considero necesario que el chavismo y la oposición se reconozcan. Esa ha sido mi política desde que comenzó el gobierno de Maduro, donde ya era visible que la capitulación del gobierno o de la oposición no era viable ¡Desde 2016 se sabía! reconocimiento mutuo, alternancia, organización política, y participar con las reglas del sistema autoritario y ganarle en su terreno.
Para eso, debo comprender el lenguaje del chavismo para poder expresar mis opiniones en mi lenguaje. Pero primero, tengo que tener una legitimidad allí. La tengo.
Ningún vocero del chavismo me podrá reclamar que apoyé insurrecciones y sanciones, que pedí TIAR, “macutazos”, “cucutazos, o “gedeones”, “intervenciones humanitarias”, celebré el “framework para la transición”, el “GI”, no me podrán restregar la llamada de Vanessa Neumann, o que no hablé de Orlando Figuera (o del crimen contra Robert Serra y María Herrera, o el atentado contra el presidente el 4-8-18). Lo hice. Puedo ver al “chavismo a los ojos”. Ni Maduro, ni “Diosdado”, ni Jorge Rodríguez podrán restregarme lo que les sacan a opositores y algunos se asustan (como ahora, que “pasan agachaos” y hablan duro, de paso). Puedo intercambiar opiniones como pasó con el ministro Padrino López a propósito de su segundo libro.
Como lo puedo hacer, puedo cuestionar sus “5 Sí”. Si me abstengo, reforzaré en el chavismo el guion que tiene sobre la oposición -si es cierto o no, es otra discusión, pero “percepciones son verdades”- que son “apátridas”. Esto, a su vez, empujará más la división entre dos sectores que tendrán que reconocerse, tarde o temprano, cuando se cansen de jugar a Bolívar. Me expreso para afirmarme en mi autoridad frente al chavismo y no ahondar en la división estructural que hay en Venezuela.
Ahora voy con las preguntas sobre el referéndum, comunicadas por el CNE el 23-10-23.
Conocedores del tema han escrito acerca de las 5 preguntas. En mi caso, no soy conocedor del tópico sino un ciudadano que va a expresar su opinión en este asunto de Estado.
El 30-10-23 el portal América 2.1 reprodujo un artículo que el profesor Héctor Faúndez -autoridad en el derecho internacional- escribió para El Nacional en el que analizó las 5 interrogantes (“Héctor Faúndez: El Esequibo, el Caricom y cinco preguntas irrelevantes”).
El profesor Faúndez no participará en el referéndum, pero expresó como serían sus respuestas. Por cierto, similares a las mías menos en la pregunta 5 en donde el académico no respondió con un sí o con un no. Me da la impresión que sería sí, pero Faúndez optó por plantear los escenarios para cada opción de la pregunta #5. El profesor votaría sí, sí, no, sí, e interrogante (preguntas 1, 2, 3, 4 y 5). En mi caso, es sí, sí, no, sí, y no respectivamente.
Es lo que voy a explicar a continuación para cada una de las 5 preguntas. Mi razonamiento no es la de un experto o erudito sino la de un ciudadano que sí tiene una posición y opinión en el tema y en las 5 interrogantes de la consulta.
Lo primero que observo es que el gobierno pensó bien las preguntas. Al menos su redacción. Pueden parecer y ser complicadas o enjundiosas, pero están redactadas de tal manera que negar o afirmar según el caso, sea imposible. De aquí que el ejecutivo hable “El Esequibo es 5 veces sí”.
Al leer las preguntas, es difícil negar el sí/no, pero si se examinan las interrogaciones con detalle y se analizan, tienen sus implicaciones. La redacción persuade pero hay que examinar las consecuencias. No dejarse llevar por la primera reacción.
Pasemos, entonces, a las preguntas del referéndum. La interrogante #1:
“¿Está usted de acuerdo en rechazar, por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?
La respuesta es afirmativa. Es la nuez del contencioso de Venezuela cuando se descubrió el memo de Mallet-Prevost que llevó a que en 1962 el gobierno de Rómulo Betancourt planteara en la ONU revisar el caso porque el Laudo es nulo (con su antecedente en el Tratado de Washington de 1897).
Para el profesor y conocedor del tema, Héctor Faúndez, el Laudo es una cosa y la controversia fronteriza es otra, que regula el acuerdo de Ginebra. Es un punto a tener en cuenta en todo este debate.
La labor del embajador Carlos Sosa Rodríguez y del canciller Marcos Falcón Briceño fue decisiva para formalizar el reclamo de parte de nuestro territorio que fue despojado por el írrito Laudo de 1899 o “trampa procesal” como lo denomina el profesor Héctor Faúndez en la introducción de un reciente libro sobre el Esequibo (abril de 2023) escrito por Rafael Badell Madrid.
El 4-4-1962 el entonces Congreso de la República manifestó su acuerdo con, “Respaldar la política de Venezuela sobre el diferendo limítrofe entre la posesión inglesa y nuestro país en cuanto se refiere al territorio del cual fuimos despojados por el colonialismo; y, por otra parte, apoyar sin reservas la total independencia de la Guayana Inglesa y su incorporación al sistema democrático de vida(…)Venezuela tiene derechos irrenunciables sobre un territorio arrebatado por el laudo arbitral de 1899, a todas luces injusto, dictado por el interés de expansión colonialista de la Inglaterra victoriana”.
Ese fue el primer congreso de la democracia nacida en 1958. Destacó que nuestro país no solo reclamó su territorio, sino que saludó la creación de la hoy República Cooperativa de Guyana.
En su artículo, el profesor Faúndez hace la salvedad que cuando la pregunta habla de “conforme a derecho” se excluye el uso de la fuerza, aunque si gana el No, puede implicar el uso de la fuerza para el académico (porque se acepta el Laudo y, entonces ¿cómo recuperar el Esequibo? = fuerza).
En mi análisis, esta pregunta no pareciera tener mayor problema para una respuesta afirmativa. Voy a votar sí en la pregunta #1.
Pasemos a la interrogante #2:
“Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?
Igualmente, la respuesta es afirmativa. Quizás es la pregunta mejor redactada y más ajustada a los hechos de las 5 interrogantes de la consulta. La menos envenenada en el verbo. Puede parecer contradictoria con la #3 pero no lo en un plano jurídico si se quiere. En lo político puede ser.
Es la pregunta “lógica” de las cinco porque se va a afirmar un acuerdo que para Guyana ya no existe. Es la pregunta “lógica” porque el problema es cómo hacer que exista algo que solo existe para Venezuela pero que en la disputa en la CIJ tampoco existe. El fondo es cómo hacer de un acuerdo que existe pero es inexistente uno que exista o vuelva a existir.
Lógica aparte, la pregunta reivindica el punto de Venezuela a lo largo del litigio por el Esequibo: el acuerdo de Ginebra -el “único instrumento” dice la pregunta 2- que si bien permite ir a la Corte Internacional de Justicia -explico por qué en la pregunta 3- nuestro país privilegia la negociación entre las partes para, como señala la pregunta, “alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana”.
No tengo problemas con la segunda pregunta y por eso mi voto es afirmativo para la pregunta #2.
El desafío político es cómo traer a Guyana al acuerdo de Ginebra y volver a una situación pre marzo de 2018. Hoy esto es imposible. La negociación, método privilegiado por ambas naciones fue rota por Guyana. Si hay diálogo, será sobre otras bases o uno que no comprometa la posición de las partes. Este último sí lo veo posible. Creo es una de las metas del referéndum.
Pasemos a las “preguntas pelúas”. Las interrogantes 3, 4, y 5 tienen implicaciones importantes, a mi modo de ver. Hay que leerlas con cuidado y ponderar votar sí o no en cada una.
Si el gobierno no estudió psicología social, la aplica por intuición debido al orden de las preguntas. Usa una regla básica en persuasión que es la “técnica con el pie en la puerta”. Consiste en solicitudes que no generan rechazo, para “con el pie en la puerta” hacer otra solicitud más importante para que “abra la puerta”, y no sea rechazado hacerlo.
Las personas normalmente reaccionan con aquiescencia y por eso aceptan “abrir la puerta”, porque lo que se quiere no se dice de primero. Antes, “está el pie” con pequeñas solicitudes tipo “tendrás unos minuticos para responder una encuesta” o “esto ni me empobrece ni me enriquece”, afirmaciones que “ayudan a abrir la puerta” porque el público, de entrada, no las ve mal o ilógicas.
Las preguntas 1 y 2 son las que ayudan a “abrir la puerta”. Si la primera pregunta es la 3, la controversia que la interrogante 3 genera posiblemente lleve a que las otras sean respondidas de forma negativa, más cuando se pide un sí en bloque. En cambio, al abrir la consulta con dos preguntas “razonables”, es difícil negarse para las interrogantes que tienen mayores consecuencias como las preguntas 3, 4, y 5. Sencillamente funciona algo como, “si ya respondí dos veces sí ¿por qué no una tercera, cuarta y quinta vez?”.
Opera lo que en psicología social llamamos “el efecto de mera exposición” (de Robert Zajonc). La “mera exposición” son las preguntas 1 y 2 que hacen que, por “mera exposición”, responda de manera afirmativa la 3, la 4 y la 5 sin reparar en las “conchitas de mango” que poseen. Más si la persona va en modo de “pensamiento automático” que es el modo para una elección (es decir, no se vota racionalmente o no la racionalidad que creemos existe en lo cotidiano; excepción hecha con los teoremas de Condorcet o de Arrow).
Veamos la interrogante #3:
“¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia Territorial para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?”.
En esta pregunta mi voto será No ¿Por qué?
La pregunta 3 es muy complicada. Es la más difícil de todas. Para un venezolano, es de doble filo y sumamente riesgosa. No por casualidad, desde Guyana se pide votar no a esta interrogante (junto a la #5). Tremendo problema para quienes vamos a votar no, pero no porque Guyana lo solicite, sino por lo siguiente.
Se vote sí o no la respuesta favorece a Guyana, en las primeras de cambio, dado que nuestro país posee los títulos para probar la nulidad del Laudo y la defensa de la frontera con Guyana. Por eso debe seguir en la CIJ. Digo “debe seguir” porque al haber planteado una “excepción preliminar” en 2022, Venezuela reconoció a la corte.
Empero, la pregunta #3 es una interrogante que produce disonancia (al menos a mi). No estoy en el grupo “viva la pepa” y “mi derecho a ser feliz”, por lo que nada me importa más allá de mi bienestar. No, gracias.
Mi interpretación es que es un “paracaídas de oro” que tendrá el gobierno para salirse de la instancia de la CIJ. Algo como que el “pueblo nos encomendó hacerlo”, para no quedar mal porque, al final, aceptó la jurisdicción de la corte, aunque obligado. Ahora el gobierno quiere salirse de la corte, pero legitimado por el público. El presidente Maduro ratificó el no reconocimiento a la CIJ en el acto por el Esequibo del 7-11-23.
La pregunta busca justificar frente a la CIJ y a la comunidad internacional que no se favorece esa instancia en lo concerniente al reclamo por el Esequibo. No se niega la CIJ, sino que no es la instancia para tramitar la controversia.
Estoy claro que los Estados tienen su estrategia y su “razón de Estado” para mantenerse o salirse de los convenios. No hay linealidad cuando del poder se trata, aunque para los individuos sí debe existir (la integridad).
Mi voto negativo es para no darle al gobierno ese “paracaídas de oro”. Para que no abandone la CIJ. No porque quiera que el gobierno de Maduro fracase.
Mi sentimiento para cambiar al gobierno -con el CNE y con las máquinas del CNE, no con “cajitas y palitos”- no llega a hacerle el trabajo a Guyana o a esperar que el ejecutivo fracase en la CIJ en la esperanza que eso producirá “el quiebre de la coalición dominante” y habrá el esperado “pronunciamiento de militares institucionalistas” para la no menos esperada “transición” conducida por los “que más saben de…”. Las “luces para la transición”. Cierta oposición todavía sigue -y seguirá- en esa fantasía, ahora reconvertida en el “escenario Malvinas” como apuesta a la profecía que se auto-cumple.
Tampoco me voy a anotar en la onda patriotera del gobierno que si a insultar a figuras de Guyana o ganar puntos al destrozar a Almagro, por ejemplo. Destrozar gente en tuiter es algo muy bien recompensado tanto en el gobierno como en cierta oposición (perdonen la “equivalencia”). No entraré en el anti-Guyana ni en el nacionalismo balurdo y cursi del ejecutivo.
Simplemente votar sí en esta pregunta es no pedirle cuentas al gobierno por su pésima estrategia frente a la CIJ. Votar no es pedirle cuentas. Quiero reclamar cuentas al gobierno sobre su estrategia para el Esequibo. Luego, voto no.
Aquí viene el doble filo. Votar no es reconocer a la CIJ. Y admitir que podemos perder el caso ¿Y si lo perdemos? ¿Quiénes votamos no seremos responsables por tamaña decisión?
En primera instancia parece que sí, pero si se analiza con más detalle no por dos motivos.
El primero, que Venezuela se salga del juicio de la CIJ en el tema del Esequibo, no detendrá la labor del tribunal, salvo que el retiro criollo produzca tal crisis que la corte no pueda decidir. Pero, en principio, la corte decidirá sobre la validez del Laudo de 1899 con Venezuela o sin Venezuela.
Lo segundo es que el gobierno dirá, aunque la CIJ decida, que para Venezuela no existe tal decisión por lo que el Esequibo sigue en el contencioso. Es decir, negarnos a reconocer la decisión del tribunal ¿Cómo revertirla? O es con una acción armada contra el territorio en disputa o simplemente decir “no reconocemos la decisión de la corte, y la zona que se reclama se mantiene”, aunque Guyana avance en su estrategia porque la CIJ ratificaría. Es la opción del “desafío” o la “rebeldía” ¡Al gobierno y a la oposición cómo les gusta “un desafío”! Jugar, pues.
Si bien el acuerdo de Ginebra en su artículo IV y el protocolo de Puerta España (1970) en su artículo III sugieren que la búsqueda de mecanismos para resolver la controversia basados en el artículo 33 de la carta de la ONU debe ser de mutuo acuerdo, Guyana no actuó de esa manera sino unilateralmente y el 29-3-18 solicitó a la CIJ decidir sobre la validez de las fronteras que estableció el Laudo del 3-10-1899, que es lo que la corte sentenciará.
De acuerdo al documento de solicitud de Guyana entregado a la CIJ, “durante 63 años Venezuela aceptó sin reclamos las fronteras del Laudo”. Agregó que, de repente, “Venezuela cambió su posición en 1962”.
Guyana actuó unilateralmente al ir a la CIJ, pero la estrategia del gobierno de Maduro fue errada hasta 2021, cuando aceptó asistir “por cortesía” a una audiencia en la corte. Antes de ese lapso -en 2019- envió sus alegatos a lo señalado por Guyana y por qué consideró que la CIJ no tiene jurisdicción en la controversia, tema que la corte resolvió en 2020 al decidir que sí tiene jurisdicción. Este es el hecho.
La estrategia del gobierno es una negación. Se sale de la corte, ésta decide, el ejecutivo no reconoce esa decisión, y para Venezuela la controversia seguirá. Continuaremos en la “burbuja” pero “en rebeldía”. No sé si hay precedentes en este escenario con otros casos.
En un reciente fallo de la CIJ por un contencioso entre Nicaragua y Colombia por el mar de San Andrés, Nicaragua aceptó la decisión de la corte que validó los puntos de Colombia como “firme, definitiva y de obligatorio cumplimiento”.
En caso de que la CIJ decida en contra de Venezuela, no veo al gobierno de Maduro con una declaración similar. Por eso el referéndum. Como dijo el presidente en la actividad del 7-11-23, la consulta ayudará a “construir el espíritu nacional”.
El ejecutivo equivocó la estrategia porque fue la ONU la que remitió el caso a la CIJ en 2018. A todo evento, lo que el gobierno de Maduro debió hacer fue persuadir al secretario de la ONU para que no lo hiciera, dadas las consecuencias de tal acción. No sé si lo hizo. Si fue así, debería mostrar los mensajes y esfuerzos hacia ese propósito. El gobierno optó por negar a la CIJ y eso pesa, ahora que está allí en la defensa del Esequibo.
Votar No en esta interrogante #3 es una decisión muy dura y que produce disonancia para un venezolano. Es la conciencia que la CIJ puede decidir sobre la validez del Laudo de 1899 y sus decisiones serán aceptadas internacionalmente. Si ocurre será el fin de este reclamo y del acuerdo de Ginebra. Al menos, en una decisión judicial, lo que no va con nuestros intereses como nación.
Pero votaré porque lanzar esta pregunta para tener una excusa y salirse de la CIJ no me parece correcta. La irresponsabilidad del gobierno -salvo mejor información de sus gestiones- no puede desplazarse a los hombros de los votantes. Un ejecutivo que se quiere “bañar de pueblo” para decir que, “bueno, es el pueblo que lo ordena y la voz de pueblo es la voz de Dios” o cosas así.
Me parece un error salirse de la CIJ de esa manera, más cuando el vecino no desea volver al acuerdo de Ginebra ¿Qué haremos como país frente a esa realidad? ¿Seguir en una negación o tomar acciones de fuerza, por ejemplo?
Posiblemente naciones apoyen a Guyana. También es triste escribirlo. No es que antes la suerte era mejor -durante el gobierno de Luis Herrera, cuando igualmente subió la tensión, fue similar; Venezuela “la opresora” y Guyana “la oprimida”- pero ahora sería definitivo. Tampoco he leído que organismos o países apoyen el reclamo histórico de Venezuela. Ni siquiera de los aliados del gobierno.
El ejecutivo quiere trasladar su responsabilidad a los votantes para que le den “el casus belli” y retirarse de la CIJ en una imaginaria estrategia que dará resultados. Hoy no lo veo, aunque habrá una primera prueba el 14 y el 15 de este mes, cuando se haga la audiencia solicitada por Guyana la que pidió medidas a la corte por el referendo del día 3. Ahí veremos si el “Brinkmanship” de Maduro tiene éxito, sea parcial.
Mi voto No en esta pregunta #3 apunta a que el gobierno debe mantenerse en esa instancia y presentar sus argumentos sobre por qué el Laudo de 1899 no es válido.
No tiene otra opción -salvo la fuerza- en estricta lógica. Es la nuez de nuestra defensa ¿Por qué no quedarse en la CIJ? Creo por la arrogancia del gobierno -la izquierda insurreccional tiene tal creencia de ser moralmente superior y que las cosas son en sus términos- y porque no tuvo una estrategia frente a la solicitud de Guyana en 2018.
Con la pregunta el ejecutivo también previene de acercarse a sectores de la sociedad para este tema en condiciones de igualdad. Quiere que la sociedad lo apoye en sus términos, y que no pregunte. Que todos seamos activistas de la campaña oficial porque el “Esequibo nos une”. Claro, nos vincula, pero hay responsabilidades por la situación de la zona en reclamación. Responsabilidades de los gobiernos chavistas.
Si el gobierno se abriera a la sociedad y creara un grupo de trabajo para examinar esta pregunta, consideraría votar Sí porque habría una “razón de Estado”, un beneficio ulterior que sería una unidad de verdad para algo que no estoy de acuerdo: salirnos de la CIJ.
Los políticos venezolanos tienen la habilidad de no hacer su trabajo y, luego, tirar la pelota a los ciudadanos para que hagan lo que no quisieron hacer, y librarse de responsabilidades. Puedo revisar mi voto No en esta pregunta para votar Sí, en dos supuestos.
El primero. En un acto por el Esequibo del 7-11-23, el presidente Maduro señaló que tanto Ban Ki Moon como Antonio Guterres se salieron del espíritu del acuerdo de Ginebra y actuaron unilateralmente al promover a la CIJ. Lo que dice Maduro seguramente es cierto: que la posición histórica de Venezuela es no ir a la corte sino apelar a la negociación con el vecino. El acuerdo de Ginebra es el marco de reglas cuyo pivote son acciones consensuadas y no unilaterales como hizo Guyana en 2018. En eso estamos bien. Maduro leyó una comunicación que envió a Ban en 2015 para solicitar la designación del “buen oficiante” (estrategia para la resolución de la controversia seguida por los dos países desde 1990). Aquí viene el problema.
El presidente no leyó comunicaciones en las que se cuestione el deseo de Ban y Guterres de elevar el contencioso a la CIJ. Maduro señaló que los documentos están en la ONU, pero ¿el gobierno no los tiene? Solo hallé una nota diplomática con fecha 25-2-18 en la que Maduro escribe a Guterres para rechazar su decisión de enviar el caso a la CIJ. La respuesta del presidente es buena. Lástima que todo esto sale ahora. Si el gobierno ahonda en lo que hizo desde la decisión de Guterres hasta el presente, puedo revisar mi voto del No al Sí en la pregunta #3.
Lo segundo. Adelantemos el tiempo. Ganó el sí arrolladoramente en la pregunta #3 ¿Cuál va a ser la estrategia del gobierno? No se ha explicado, porque el caso en la corte seguirá ¿Será negarlo?
Esto me preocupa porque veo que el liderazgo venezolano -de cualquier signo, gobierno, oposición, y “los que no se doblan”- apela a la negación cuando la realidad no es lo que quiere. El gobierno no reconoce las primarias ni tampoco a María Corina. La oposición no reconoce al gobierno y apenas ahora admite las elecciones, que tampoco es seguro. Mañana puede volver a la abstención. Es un país de negar. Que no acepta la realidad. Eso sí, feliz.
Con todo el dolor de mi alma nacionalista, no puedo dar un sí para extender una negación de la realidad, para seguir en la fantasía. Ya es hora que en Venezuela aparezca el “principio de la realidad”. Si el ejecutivo presenta una estrategia para el sí puedo considerar cambiar ni opinión en esta pregunta en particular.
La unidad nacional sería un valor más importante que la justicia de la CIJ, al menos para mí. Como no ha ocurrido y no parece que sucederá -por eso se hace el referéndum, para circunvalar la consulta a la sociedad y asumir al “pueblo” como propio- por los motivos anteriores sufragaré No en la pregunta 3, consciente de las consecuencias de esta pregunta.
Ahora veamos la interrogante #4:
“¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios, conforme al derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar, pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del Derecho Internacional?
La pregunta 4 alude a la exploración de recursos que hay en la zona, que Guyana autorizó desde 2015. La interrogante también tiene su piquete al hablar de “oponerse, por todos los medios, conforme al derecho(…)” lo que deja la puerta abierta a muchas acciones “conforme a derecho”, incluso el uso de la fuerza, que está regulado por derecho (por ejemplo, el artículo 51 de la carta de las Naciones Unidas).
Es una pregunta difícil de negar porque si se hace, indirectamente se acepta la exploración aprobada por Guyana en un mar no delimitado; pero si se afirma, se deja la posibilidad de actuar con fuerza. Por ejemplo, la toma militar de barcos petroleros que, si sucede, posiblemente sea bien recibido por parte de la opinión pública.
La pregunta 4 es la dilemática de las cinco porque si voto sí puede implicar el uso de la fuerza para detener barcos. Venezuela lo hizo en el pasado, con barcos que fueron llevados por nuestra Marina a aguas venezolanas, para impedir que exploraran en un mar en litigio.
Si voto no, la consecuencia es aceptar de manera indirecta que Guyana autorice nuevas exploraciones y continúen las actuales. No me parece aceptable. Más cuando ese mar no está delimitado.
Mi voto será No porque el posible uso de la fuerza es más aceptable -en el supuesto de la pregunta- que permitir la exploración en aguas no delimitadas.
Además, como contrapeso, si hay un uso de la fuerza, prefiero que sea en el agua. El derecho internacional de la guerra naval y el derecho internacional humanitario naval, regulan las acciones de fuerza militar en el agua. La prefiero a una acción en el terreno en donde a “alguien nervioso” se le escape un tiro y sea “la chispa que encendió la pradera”.
Una acción naval puede ser más acotada, como ha sido en el pasado. Por ejemplo, el 22-12-18 un buque de nuestra Marina -el Kariña PO-14- interceptó dos barcos de exploración de la Exxon que realizaban actividades para la industria petrolera guyanesa en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana que genera el Delta del Orinoco.
Ante la acción de nuestra Marina, los barcos levantaron la faena y salieron de las aguas de nuestra ZEE. Cinco años antes, el 11-10-13, la Marina interceptó un barco de exploración petrolera y fue llevado a Margarita.
Ambas son acciones de fuerza, pero ajustadas al derecho internacional naval. Queda ver si el Estado está en capacidad de repetir -si es preciso- acciones similares. Falta despejar, igualmente, la capacidad de nuestra Marina en 2023. El contexto geopolítico de 2023 no es el mismo de 2013 o 2018.
Finalmente, la pregunta #5. Leamos:
“¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia, dicho estado en el mapa del territorio venezolano?”
La pregunta 5 alude a una suerte de mixtura para crear y no crear un “estado Guayana Esequiba” que se incorpore al mapa de Venezuela. Es y no es. Es porque se creará en una consulta -un territorio que no saldrá de la negociación que busca el acuerdo de Ginebra- pero es una acción simbólica la que también puede tener una realidad de fuerza: poblar ese estado, que no es la primera vez que Venezuela lo busca (el territorio Esequibo).
Lo hizo durante el gobierno de Raúl Leoni en Anacoco en 1966, cuya jurisdicción la ejerce Venezuela. Reportajes afirmaron que, “el gobierno de Leoni, a través del MOP, tutelado entonces por el ingeniero Leopoldo Sucre Figarella, introdujo una población civil, construyó una guarnición militar, una pista de aterrizaje, una oficina postal, una escuela y puestos policiales”. Igualmente en el Rupununi en 1969, aunque ésta fue una rebelión dentro de Guyana la que solicitó el apoyo de Venezuela.
La novedad ahora es que no habría una “zona en reclamación” sino un “estado Guayana Esequiba”. Quedará ver cómo se organizará en cuanto a su estructura y autoridades.
La pregunta solo deja ver que se actuará para dar identidad -cédula, pasaporte, y otros documentos de identidad- a los que allí habitan o habitarán. Solo se habla de un plan para la “atención integral”. Más nada. Es una pregunta con efectos simbólicos que puede tener consecuencias reales de fuerza.
Las preguntas 3, 4 y 5 son las que dejan ver escenarios bélicos (eventual uso de la fuerza militar que no significa que será así sino que eventualmente puede ser así y no debe descartarse).
No pensamos que el gobierno desee una acción militar convencional -una guerra- pero tal vez mostrar fuerza o acciones militares puntuales. También como rédito de imagen para el gobierno y para Maduro. No solo afirmar que “derrotamos a las sanciones” sino igualmente hacer gestos de fuerza por el Esequibo frente a Guyana y a países. Es jugar con la simbología de fuerza para afirmarse en el poder; “Maduro se atrevió, qué arrecho, ni Chávez lo hizo”.
Un ejemplo fuera de la pregunta. Parece que el “Brinkmanship electoral” tiene algún resultado. Por una parte, Guyana lo tomó en serio -no se puso con lugares comunes para los aplausos en redes sociales- y solicitó a la CIJ medidas ante la consulta del 3 de diciembre.
Por la otra, el 3-11-23 la CIJ informó que la audiencia para esta solicitud guyanesa será el 14-11-23 para los dos países. El 9-11-23 la CIJ informó acerca de un cambio: que la audiencia será de dos días. El 14 para Guyana y el 15 para Venezuela. O Venezuela lo solicitó o la CIJ igualmente tomó nota del “Brinkmanship electoral” del gobierno, y optó por separar los días para escuchar a las partes. Sea cual sea el motivo, pueden ser señales que la estrategia del ejecutivo tiene modestos logros, pero logros al fin y al cabo.
Al margen del ejemplo, por eso mi voto negativo a la pregunta 5. En un sentido, de manera simbólica, Venezuela se adjudicará un territorio que reclama, pero en donde no hay decisión o arreglo. Es jugar con un “nuevo estado/territorio” que en la realidad no existe, pero al que el gobierno le sacará rédito ¿Se imaginan la fiesta que hará el ejecutivo con el “nuevo mapa de Venezuela” que incluya el “estado Guayana Esequiba”? El ejecutivo dirá que “solo el chavismo lo hizo posible”. La pregunta #5 es el “bono simbólico” para el gobierno.
No es lo mismo hacer un mapa que incorporó la “zona en reclamación” -como se hizo durante el gobierno de Leoni cuando se presentó un nuevo mapa de Venezuela- que uno con un “estado Guayana Esequiba” que no existe en los hechos. Lo ideal es que existiera, pero para eso hay que luchar -en una mesa de negociación o en la CIJ- por la validez de los títulos venezolanos. El ejecutivo jugará como si fuera un “estado de verdad” para bañarse en un nacionalismo que le dé un carácter superior, de hacer cosas “que no se habían hecho” para mostrar que el chavismo “es invencible” y que Maduro es “lanzao, ni Chávez pues”.
La pregunta abre la puerta a un escenario bélico. Si se quiere un “estado Guayana Esequiba” en los hechos, o es el resultado de una negociación con base en el acuerdo de Ginebra/decisión en la CIJ o es un hecho de fuerza ¿Se usará una fórmula como la de 1966, una acción militar en el terreno; o solo la presencia de las FAN cerca (la pista de aterrizaje que ingeniería militar construye en La Camorra)?
Por lo demás, la pregunta #5 se aleja del espíritu del acuerdo de Ginebra que sí es la posición de Venezuela al menos desde 1966: un arreglo producto de una negociación y no por acciones de fuerza o en los hechos (lo que Guyana hace en el mar que no está delimitado por ejemplo).
Como expresé antes, mi No en esta pregunta es porque estimo tiene una eventual implicación bélica. No soy pacifista per se pero un conflicto se evita. Si no se puede, se asume. No hay guerras justas sino necesarias, cuando se agota todo. Con mi No expreso una opinión antes de agotar todo. Si hay una guerra necesaria, pues será. Si debo reincorporarme al servicio, lo haré, pero no ha ocurrido. El futuro se hace en el presente por lo que mi No quiere ayudar a evitar ese futuro que no hay que descartar.
Días antes de la invasión de Rusia a Ucrania, Zelensky aseguró que los alertas de Biden eran exagerados ¡Y miren, la invasión se acerca a dos años, con el olvido de la opinión pública mundial! ¡Qué ironía! Si lo de Gaza se prolonga, tendrá el mismo destino: la “normalización del horror” que será algún tuit para “likes” y “vistos”. Por lo que no descarto un escenario bélico así las “voces serenas de la hora” -que encantan en la “Venezuela civil”- digan que no es posible o “es hacerle el juego a la dictadura” (¡qué originales, para variar!). Hoy cualquier cosa es posible.
Los cisnes negros cada vez serán más familiares. Lo que hoy parece imposible mañana es una realidad. Actúo con un No hoy para conjurar un cisne negro que no traerá nada bueno a nuestro país, ya con muchos problemas.
¿El gobierno tendrá éxito con el referéndum?
Es difícil saberlo. Abrió una caja de Pandora. El nacionalismo es una fuerza que puede ser incontrolable. El gobierno moverá toda su base y a la población porque no puede permitirse un fracaso en la consulta. Así que se jugará el todo por el todo para que la asistencia sea importante.
Lo segundo es que cómo se instrumentará lo aprobado. Es casi seguro que las 5 preguntas tendrán el sí -variará la intensidad del sí entre ellas- porque la consulta se perfila como una “del chavismo” ya que, en redes sociales, personas de la oposición señalan que no hay que participar “porque la soberanía se ejerce, no se consulta”. Se verá si al final llama a hacerlo o no.
Pero lo interesante es cómo se instrumentarán las preguntas 4 y 5. Seguramente el gobierno buscará impresionar con despliegues de fuerza.
Para hablar del éxito del gobierno, el indicador será no si Guyana desiste de la CIJ, sino si accede a hablar con Maduro. Si pasa, éste habrá tenido un éxito: hablar con su adversario. Las audiencias del 14 y 15 de noviembre serán un primer indicador para ponderar los resultados de la estrategia del gobierno.
Este es mi análisis de las preguntas. Votar o no es una decisión individual que no puede ser coaccionada como se observa sibilinamente desde el gobierno al poner a “analistas” a plantear inhabilitaciones para quienes no voten. El objetivo es intimidar a personas para que voten en contra de su voluntad. Eso hay que rechazarlo de plano. Un país se hace hasta con quiénes cuestionan la bandera o la nacionalidad.
Votaré porque considero es lo correcto. Si bien abstenerse en un derecho, lo veo como una forma de decir Sí a las 5 preguntas o, por la misma vía, favorecer a Guyana.
Lo anterior no supone juzgar a quienes no voten. Hay motivos para no hacerlo. Uno, es que el gobierno hace del referéndum una “fiesta del chavismo” aunque su consigna para la campaña es “Venezuela toda” pero no es en la realidad.
Un ejemplo. En la reunión del “alto mando político” del 31-10-23, el presidente Maduro acusó a la plataforma unitaria –“la plataforma unitaria esa”, dijo, con un dejo de desprecio que no le queda bien- de repartir volantes en contra del reclamo por el Esequibo. Me pareció que los volantes son un “falso positivo” del gobierno porque partes del texto estaban redactadas en inglés. Creo que la oposición no hace esas cosas y me luce una proyección del ejecutivo que tiene una obsesión con la “oposición lacaya”.
Esta conjetura me hace pensar en un montaje del gobierno para culpar a la plataforma unitaria y construir el clivaje “nosotros-ellos” -muy caro al chavismo- para desarrollar su campaña: la “oposición anti venezolana”.
¿Quién de la oposición va a ir a votar con una campaña así? Casi nadie. Pero iré al margen de la barata manipulación del presidente de la República -aunque en el acto del 7-11-23 el presidente Maduro quiso “remendar el capote” de su irresponsable y tonto exceso del día 31-10-23- porque lo veo como una responsabilidad para expresar mi opinión ante un tema esencial, importante. Como un asunto no de “dignidad” o de “honor” sino de conciencia.
No sé qué sucederá luego del referendo, pero no me perdonaría decirme, “pude haber opinado y no lo hice. Mira ahora lo que pasa” y, luego, como si nada, a disfrutar de la vida y de las Navidades. Feliz. Y así hasta el infinito. Sin ninguna responsabilidad. Como usualmente pasa en Venezuela. Hasta la próxima crisis. Qué sabroso debe ser vivir así, pero no quiero ser así. Por eso, me expresaré el 3 de diciembre.
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