En días recientes, el debate público en Venezuela se ha centrado en la pérdida de unos 3 mil millones de dólares, las detenciones y las fake news que circulan en las redes sociales. Este es un tema que ha sido utilizado por algunos sectores para desviar la atención de sus propios actos de corrupción. Sin embargo, la realidad es que al país ha ingresado más de un millón de millones de dólares desde que este gobierno llegó al poder, incluyendo esa década en la que se registró la mayor bonanza petrolera de nuestra historia.
El exministro Jorge Giordani ha hablado de que se pudo haber malversado solo hasta el 2012 unos 300 mil millones de dólares, cifra que es 100 veces superior a la que hoy está en discusión. Estamos ante un problema estructural de corrupción que no puede ser evaluado únicamente por las detenciones y confiscaciones que se han llevado a cabo en los últimos días. Es necesario crear un marco jurídico institucional que garantice la transparencia y la rendición de cuentas, lo que nos permitirá transformarnos en una sociedad más justa e inclusiva que sea capaz de poner límites, como por ejemplo a la alharaca mediática gestionada en la actualidad por el simple hecho que estamos en vísperas de una campaña electoral.
De igual manera vale la pena recordar uno de los primeros casos de corrupción de este gobierno, como lo fue el Plan Bolívar 2000, en el cual se desaparecieron más de 150 millones de dólares que le costó en su momento su puesto al Contralor General, el Fiscal y la Defensora del Pueblo, dónde fue 13 años después que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó juzgar al General Cruz Weffer por corrupción.
Ya en el pasado vimos un sinfín de casos de corrupción en los que se instauraron juicios penales, que no llegaron a ningún lado, solo por mencionar tres ejemplos: Banco La Guaira, Banco Latino y el Banco de los Trabajadores. Traigo esto a colación ya que de nada sirven esos episodios agitados, donde quien paga los platos rotos es nuestro pueblo, porque el dinero se esfumó.
La lucha contra la corrupción es un tema que debe unir a todos los venezolanos de bien. No hay corruptos buenos ni corruptos malos, y es fundamental que desplacemos a esas cúpulas nefastas que han venido robando en nombre del «pueblo» y de la «libertad». Es importante tener en cuenta que este no es solo un problema de cambio de gobierno, sino del Estado.
Insisto en la necesidad de contar con un marco jurídico e institucional que garantice la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instancias del Estado. Se debe crear un sistema de pesos y contrapesos que permita la vigilancia y el control de las acciones de los funcionarios públicos. Es necesario que el Gobierno Digital se convierta en una herramienta fundamental para poder tener un registro completo de los ingresos y auditar de manera regular.
Es fundamental que la sociedad civil participe activamente en la lucha contra la corrupción y se sume a la demanda de una verdadera transformación del Estado. Esta lucha no puede ser solo de un sector político o de un gobierno en particular, sino que debe involucrar a todos los ciudadanos que desean un país más justo, equitativo y democrático.
La corrupción no es un problema de las personas, sino de las estructuras. Es necesario que se generen cambios profundos en la forma en que se manejan los recursos públicos y se toman las decisiones en el país. Se debe terminar de desplazar a las cúpulas corruptas que han saqueado al país y generar un cambio en la cultura política que promueva la ética y la integridad en todas las esferas de la sociedad.
En conclusión, la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad para todos los venezolanos de bien. Se trata de la dignidad del país y de la vida de su gente. Es hora de generar cambios profundos y estructurales que permitan erradicar la corrupción y avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. Solo así se podrá construir un futuro próspero y esperanzador para Venezuela.
Omar A. Ávila H.
Diputado a la Asamblea Nacional
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