En el complejo escenario internacional de marzo de 2026, una vieja paradoja regresa con fuerza a la economía venezolana: el barril de petróleo supera -al momento de escribir este artículo- los 80 dólares, los ingresos fiscales aumentan, y sin embargo la cesta básica se encarece. La pregunta que surge en los hogares no es retórica; es un diagnóstico de una vulnerabilidad estructural que ningún boom petrolero ha logrado resolver, ¿por qué, si entra más dinero al país, la cesta básica es cada vez más costosa? La respuesta no está en el precio del crudo, sino en lo que ese precio arrastra consigo.
La conexión más profunda entre la tensión en Medio Oriente y el plato de comida en Venezuela no pasa por el petróleo, sino por el gas natural. Este hidrocarburo es el insumo central en la producción de fertilizantes nitrogenados -amoníaco, urea- que sostienen entre el 40% y el 50% de la producción agrícola mundial. Cuando el gas sube, los fertilizantes suben, la producción agrícola global se contrae o se encarece, y los precios en origen escalan antes de que el barco siquiera salga del puerto.
Venezuela, paradójicamente, debería estar blindada de ese mecanismo. Pequiven produce fertilizantes nitrogenados usando gas propio, lo que en teoría otorga al país una ventaja competitiva real frente a naciones que sí dependen de la importación. Pero esa ventaja existe sobre el papel más que en el campo: la planta opera crónicamente por debajo de su capacidad instalada, por fallas en el suministro de gas y déficit de mantenimiento. El resultado es que el productor agrícola venezolano no se beneficia del gas barato que tiene bajo sus pies, y termina compitiendo en desventaja en un mercado mundial donde los fertilizantes están más caros que nunca. No es un costo importado; es una oportunidad sistemáticamente desperdiciada, que el actual ciclo de ingresos extraordinarios podría -y debería- corregir.
A ese encarecimiento en origen se suma la logística. La tensión bélica en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico ha disparado las primas de seguro marítimo y el costo operativo de los buques de carga. Movilizar mercancía por vía marítima cuesta hoy, en promedio, entre un 15% y un 20% más que hace doce meses. Este sobrecosto actúa como un arancel invisible: no financia obra pública, no entra en las arcas del Estado, no redistribuye; en consecuencia, se transfiere íntegramente al precio final del producto importado.
Para una economía con la estructura importadora de Venezuela, este incremento logístico representa una inflación importada que ninguna política cambiaria doméstica puede neutralizar completamente.
Un caso ilustrativo es el de la proteína animal: el pollo, el cerdo y los huevos que llegan a la mesa venezolana son, en su mayoría, producción nacional; pero esa producción depende de maíz y soya importados como insumos para los alimentos balanceados. Cuando los precios internacionales de esos granos suben -como ocurre en un contexto de encarecimiento logístico global y presión sobre la oferta agrícola mundial- el costo de producción avícola y porcino sube localmente, aunque el producto final nunca haya cruzado una frontera. La vulnerabilidad no desaparece; simplemente está un eslabón más arriba en la cadena, menos visible pero igualmente real.
Es cierto que el mayor ingreso petrolero ofrece al Estado una ventaja táctica: más divisas en el mercado cambiario tienden a estabilizar el bolívar, lo que en teoría modera la inflación de los bienes transables. Pero esta lógica tiene un límite preciso: solo funciona cuando la inflación proviene de la depreciación monetaria. Cuando proviene de un encarecimiento real de los bienes en el mercado internacional -como ocurre hoy con los alimentos- estabilizar el tipo de cambio no baja los precios; simplemente evita que suban aún más rápido. Dicho de otro modo: el ancla cambiaria que ofrece el petróleo puede frenar la hemorragia, pero no cura la herida.
Es ingenuo atribuir esta vulnerabilidad únicamente a los vaivenes del mercado global, ya que la dependencia estructural del ingreso petrolero tiene una causa doméstica tan profunda como la geopolítica: la ausencia de una política monetaria que abra el crédito como mecanismo real de inversión productiva, y las regulaciones que ahuyentan al capital privado en lugar de encauzarlo. Mientras el Estado ocupa el centro de la economía, el sector privado no puede actuar como amortiguador cuando la renta petrolera falla. Esta no es una fatalidad geográfica ni histórica; es una decisión de diseño institucional. Economías con recursos energéticos comparables han logrado desacoplarse de la volatilidad del precio del barril precisamente porque construyeron arquitecturas institucionales que generan inversión, crédito y producción interna con independencia del ciclo petrolero. Esa capacidad de desacople es lo que Venezuela todavía no ha querido o podido construir, y esa es, quizás, nuestra tragedia más permanente.
El mundo entero está aprendiendo que comer es cada vez más caro, mientras los venezolanos entendemos que tenemos tantos recursos energéticos como la infraestructura productiva para blindar nuestras mesas. La pregunta crucial es, si esta vez decidiremos activarlos y distribuirlos para todos.