A propósito de haberse conmemorado el pasado 15 de marzo el primer Día Nacional de las Personas con Discapacidad en Venezuela, nos llama a reflexión sobre cuánto ha hecho el gobierno en pro de una verdadera inclusión de este sector importante de nuestro país.
Recientemente veía las sesiones del Examen Inicial que realizara el Comité de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al Estado venezolano, notando que falta mucho por hacer para que el gobierno cumpla realmente con los artículos de esta Convención, de la cual Venezuela es parte.
Una de las objeciones o inquietudes de los Relatores de la ONU en este Examen Inicial, tiene que ver con datos y cifras oficiales, así como con temas de accesibilidad y ajustes razonables.
Es importante destacar que según el último Censo Nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el año 2011, en Venezuela hay 1.454.845 personas con discapacidad, equivalente a 5% de la población, sin embargo, 11 años después, no se conocen datos desagregados. Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2017 había 4,5 millones de venezolanos con alguna discapacidad, cifra que además coincide con el promedio mundial de personas con discapacidad (15%), según datos del Banco Mundial (2021).
La relevancia de manejar números específicos de una determinada población, como en este caso es el de personas con discapacidad, es para que los Estados puedan generar políticas públicas efectivas para todos los ciudadanos.
Hace casi un año, aprobamos de manera unánime en el Parlamento Nacional en primera discusión un Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de Personas con Discapacidad, con el objetivo de establecer las nuevas formas de clasificación de las discapacidades de acuerdo con la CRPD, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la OMS.
Es menester recordar que el Estado está en deuda con esta población, cuando las personas sordas no cuentan con accesibilidad en la comunicación debido a la ausencia de interpretación en Lengua de Señas en las comunicaciones oficiales, en los entes de justicias, en los centros educativos y de salud; las personas ciegas no habitan en ciudades accesibles; así como las personas con discapacidad motora no cuenta con un sistema de transporte accesible, ni con las condiciones o ajustes razonables para su total autonomía, faltando no sólo a la CRDP, sino también al artículo 81 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Desde Unidad Visión Venezuela vamos a solicitar próximamente un derecho de palabra a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral para que se le dé celeridad al mismo, así como hacer algunas propuestas y consideraciones a esta Ley para lograr la inclusión y autonomía de todas las personas con discapacidad en Venezuela.
Omar A. Ávila H.
Diputado a la Asamblea Nacional
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