Runrunes de Nelson Bocaranda
ALTO
YA MICHELLE HABLARÁ:
La dos veces presidenta de Chile Michelle Bachelet está en Caracas. Por su alojamiento en el Hotel Eurobuilding, en la urbanización Chuao, dicho establecimiento fue tomado por los cuerpos de seguridad del régimen de Maduro haciéndolo parecer como un alojamiento en plena zona de guerra en Siria o Irak. Ella ha buscado recibir a sus convidados venezolanos a informarle de la realidad que vivimos en las oficinas de la ONU o en otros lugares preseleccionados para evitar la injerencia de los agentes de seguridad del régimen o de otros funcionarios de maduro y así poder escuchar sin tapujos las quejas e informes que le presenten.
La decisión de mover algunos encuentros del Eurobuilding obedece a la certeza que se tiene de haberle colocado micrófonos u otros artilugios para escuchar sus diálogos. El régimen ha querido rodearla para intimidar a sus interlocutores. Por eso descubrimos que Areaza, el canciller, le asignó a un chileno que es su asistente en el ministerio para que fuera “asistente de la Alta Comisionada”. Igualmente le asignaron al viceministro de Exteriores ante Organismos Multilaterales, Felix Plasencia, y a una asistente del canciller que es la “comisaría política” en el MPPRE, para que la acompañen en sus periplos.
En lo que se ha llamado un “golpe afectivo” trajeron desde México a la médico Maria Urbaneja, exministra de Salud de Chávez y embajadora en ese país debido a su amistad con la expresidenta Bachelet para que la acompañara y le transmitiera en las pocas horas que estaría en Venezuela “todo lo bueno que Maduro ha hecho por los derechos humanos de los venezolanos”. Tomo de la página de la ONG Acceso a la Justicia punto ORG la mejor explicación de esta visita oficial que no es alegre invitación de Nicolás Maduro como él mismo nos la quiere vender a traves de la malintencionada propaganda oficial. Increíble que se dejen ver la oreja con tanto desparpajo. Hoy jueves tras la reunión en cancillería con funcionarios rojos fue Ricardo Menéndez -uno de los “socios” del trío con Jorge Arreaza y Manuel Fernández- quien repetía al salir de la reunión con la Alta Comisionada Bachelet que ella era invitada del presidente Maduro. Mas aún cuando anoche al subir del aeropuerto de Maiquetía con el canciller Jorge Arreaza y el rojito y parcializado Larry William Devoe Green, encargado del Consejo Nacional de Derechos Humanos, la llevaron a la Casa Amarilla para darle un concierto con una agrupación juvenil de integrantes del Sistema Nacional de Orquestas mientras el perenne mentiroso canciller repetía el agradecimiento a ella por haber aceptado la invitación de nuestro presidente Maduro. Falsa y desmentida por los hechos ya explicados.
Que el gobierno de Nicolás Maduro use como excusa las diversas sanciones internacionales de las que han sido objeto sus altos funcionarios e integrantes de otros poderes públicos por violaciones de derechos humanos, para justificar su ineficiencia, en este caso ante la emergencia humanitaria compleja que padecen los venezolanos, no es nuevo. Partiendo de ello, lo primero que debemos decir es que la visita de la señora Bachelet no es política ni tiene como finalidad la legitimación del régimen de Nicolás Maduro, y por lo mismo no puede ser celebrada por este como un reconocimiento o no de su condición de gobernante democrático. El mandato de la alta comisionada es muy claro: velar por la protección de los derechos humanos, denunciar su violación y pedir su respeto. De ahí que tomar su presencia en Venezuela como un espaldarazo a Maduro o un respaldo a su Gobierno no sólo es equivocado, sino que implica no comprender que para hacer efectivo su mandato la Oficina de la Alta Comisionada debe tratar con todo tipo de régimen, pues precisamente donde más se le necesita es en aquellos sitios en los que, como Venezuela, existen graves violaciones de derechos humanos y no hay garantías democráticas.
En el caso de nuestro país, además, ese mandato general viene reforzado por la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 26 de septiembre de 2018, aprobada por holgada mayoría (23 votos a favor y 7 en contra), que declaró la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela con cientos de miles de víctimas, y como consecuencia de ello le ordenó a la alta comisionada mantener informado al Consejo sobre la situación del país y presentarle un informe para este año. Asimismo, exhortó al gobierno venezolano a poner fin a tan catastrófica situación. En razón de ese mandato particular la señora Bachelet, mediante el equipo técnico de su oficina, ha estado recopilando y organizando información.
Esto trajo como consecuencia la venida al país, en marzo de este año, de una comisión de expertos del despacho de la alta comisionada, que llegó en medio del primer apagón nacional y visitó centros penitenciarios y hospitalarios, además de reunirse con víctimas de violaciones de derechos humanos y con las organizaciones no gubernamentales que los han documentado, teniendo así un contacto de primera mano de la realidad nacional, haciendo inútiles los esfuerzos gubernamentales por mostrar un respeto por los derechos que este régimen nunca ha tenido. En esa oportunidad el contacto con víctimas y con la sociedad civil organizada se hizo sin presencia de representantes gubernamentales que intimidaran o impidieran la libre expresión de quienes querían exponer sus casos. Este sólo hecho, el que pudiera escucharse a las víctimas, es en sí mismo un triunfo, sobre todo cuando se toma en cuenta que en Venezuela los órganos públicos tienen como política la indiferencia y la negligencia en la atención a los casos de violaciones de derechos humanos; el sentirse finalmente escuchados con atención por parte de unos funcionarios de Naciones Unidas les permitió al menos expresar no sólo sus casos, sino la frustración que lamentablemente les ha venido acompañando ante un Estado cuya estructura y organización favorece la impunidad.
La primera consecuencia de esta visita ocurrió pocos días después de iniciada, cuando Michelle Bachelet denunció en una intervención ante el Consejo, entre otras cosas, las 205 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las FAES en el año 2018, y las 39 verificadas hasta el mes de enero de este año, poniendo en evidencia un patrón generalizado de violación de derechos humanos por parte de ese órgano gubernamental que, de acuerdo con lo dicho, en lugar de disminuir este año, se ha venido agudizando. Aunque se haya dicho que su visita es muy corta y que no le va a dar tiempo para conocer el alcance de la tragedia venezolana hay que recordar el trabajo que los miembros del despacho de la Alta Comisionada han realizado antes, durante y después de su visita a principios de este año. En ese contexto, la visita de Michelle Bachelet es la culminación de un ciclo de investigación, no la investigación en sí misma, sobre el caso venezolano, que además no se va a agotar, pues su mandato de protección de los derechos humanos seguirá vigente mientras persista su violación sistemática y generalizada.
También debemos hacer referencia a quienes señalan que este tipo de eventos son sólo protocolares y que al final si se hace una denuncia el Gobierno la ignorará y continuará en su política de violación de derechos humanos como si nada. A tal señalamiento debemos responder que, si bien la Oficina de la Alta comisionada no tiene medios de coacción para hacer cumplir sus requerimientos a los Estados, el que los denuncie públicamente y los dé a conocer al resto de la colectividad internacional es un ladrillo más en el muro de repudio que en el mundo existe sobre el régimen político venezolano. Adicionalmente, hemos de señalar que la misión de la alta comisionada respecto de Venezuela no se va a agotar con su visita al país, sino que continuará con la presentación de un informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo 5 de julio, donde esperamos haya un reflejo fiel de la atroz situación venezolana. Y para quienes creen que los informes de Michelle Bachelet van a terminar en el olvido de alguna gaveta gubernamental, les recordamos que uno de los informes sobre Venezuela por parte del anterior Comisionado, Zeid Raad Al Hussein, acompañó la remisión que seis estados realizaron del caso venezolano ante la Corte Penal Internacional, por lo que mal puede decirse que tales documentos son simple papel mojado.Ese mismo Comisionado denunció como ilegítima la elección de Maduro como presidente en 2018.
Hasta el momento la Alta Comisionada ha sido coherente con la misión encomendada. Este párrafo del portal que mencionamos define muy bien la actualidad: “Cuando la Alta Comisionada de los órganos de protección de los derechos humanos viene a Venezuela, mal puede interpretarse como un espaldarazo o una legitimación al régimen, pues en realidad se hace en ejecución del mandato de protección de derechos humanos. Por ello, en la trágica situación venezolana, el simple hecho de que ocurra esa visita no es un triunfo del régimen sino de todas las víctimas que ha ignorado y, en consecuencia, una luz de esperanza en las tinieblas que actualmente nos rodean, pues cada vez que se oye la voz de alguien a quien han violado sus derechos, se acerca un poco más la justicia.
Un llamado de atención a todos pues ya los miembros del equipo técnico de trabajo de la Alta Comisionada estuvieron desde el pasado 11 de marzo de visita en Venezuela, saliendo de allí un completo informe sobre la emergencia humanitaria compleja que padecen los venezolanos, agravada con el colapso del sistema eléctrico y de otros servicios como el suministro de agua.
Esa visita se dio en el contexto de un ambiente de represión por parte del régimen de Maduro, que en su empeño por imponer su versión ajena a la realidad se dió a la tarea de “maquillar” las principales áreas de los centros hospitalarios y dotarlos, no sabemos si de forma temporal, de medicinas e insumos para hacer ver que no estamos en crisis o que no es tan grave. Incluso se le ordenó a los colectivos (grupos irregulares que pueden estar armados) para que agredieran a médicos, pacientes y periodistas que intentaron acercarse al equipo de la ONU, como ocurrió durante una visita al Hospital Central de Barquisimeto. El simple hecho de que Maduro haya tenido que recurrir a los colectivos para impedir que quienes padecen más duramente la crisis humanitaria se acerquen a la misión de ONU muestra la verdadera y despiadada cara de un régimen para el que las muertes ocasionadas son secundarias si con ello se mantiene en el poder.
Sin embargo, con independencia o no de la visita de Bachelet, lo cierto es que los esfuerzos del llamado “régimen usurpador” por enmascarar la dura realidad han trascendido y, con ello, la certeza de que la crisis humanitaria es responsabilidad de quien la quiere ocultar. El olor a pintura recién puesta en los hospitales en marzo pasado no ocultó el hedor de nuestras miserias, como bien dice el informe de la ONG acceso a la justicia.org.
La pediatra Bachelet ha logrado que dos informes de su oficina referentes a esa visita hayan sido contundentes contra el régimen corrupto e inmisericorde que gobierna Venezuela. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encontrará con el presidente Nicolás Maduro, el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, representantes de organizaciones de la sociedad civil y “víctimas de abusos y violaciones de los derechos humanos”, según informó la ONU.
Tiene previsto también reunirse con el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general y el defensor del pueblo, tres joyas ilegítimas del régimen represor y violador de los Derechos Humanos. Regimen al que gran parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, considera un gobierno ilegítimo.
La comisionada ha recibido críticas en el pasado por no pronunciarse contra Maduro y algunos, especialmente en círculos opositores, le reprochan no denunciar con claridad la situación del país en materia de derechos humanos. Aunque en febrero condenó los episodios violentos vividos en febrero en Venezuela y en sus fronteras con Brasil y Colombia, cuando fuerzas afines al presidente Nicolás Maduro bloquearon el intento de ingreso de la ayuda humanitaria organizado por la oposición. Resumiendo, dos informes presentados bajo su mandato y levantados por el mismo equipo de la ONU bajo su predecesor han sido muy duros contra el gobierno de Maduro al presentar la terrible realidad venezolana. Tenemos quince días para conocer su visión de Venezuela, su gobierno y los derechos humanos de los venezolanos en el informe a presentar en Ginebra.
MEDIO
ARREAZA Y SUS 4 MENTIRAS:
Utilizaré parte del informe que el portal AlNavio.com del colega Juan Carlos Zapata, basado en Madrid, presentó sobre el primer encuentro del canciller con la señora Bachelet y donde le cazaron 4 mentiras en apenas 5 minutos de su intervención al darle la bienvenida a la Casa Amarilla como “invitada del presidente Maduro”: “Es verdad, pero una verdad a medias. Maduro, por medio de Arreaza, le entregó a Bachelet una carta para que visitara Venezuela. Siete meses después se está produciendo esta visita. No se hizo antes porque el régimen no garantizaba las condiciones exigidas por Ginebra. Se pusieron trabas. Primero, a la misión técnica de la ONU, que se demoró hasta marzo. Y luego a la visita personal de Bachelet, quien exigió poder hablar con todos. Ahora, luego de reunirse con Bachelet este miércoles por más de dos horas, Arreaza dice: “Vamos a dar todas las facilidades para que todas las instituciones del Estado se reúnan con la alta comisionada. El resto de los poderes públicos también se reunirán con ella”. ¿Será esto verdad? Porque en su declaración, de seis minutos, lo que hubo fueron cuatro mentiras:
1) “Nuestra Constitución fue el primer paso para armar y ejecutar un sistema de protección de los derechos humanos que va más allá de los derechos civiles, políticos, culturales”…Mentira. Ese sistema de protección de los derechos humanos, basado en la Constitución, se rompió con claridad cuando Maduro decidió inventarse un Parlamento, la Asamblea Nacional Constituyente. Este acto, coinciden los analistas, fue la ruptura del hilo constitucional. Desde entonces, la situación no ha mejorado. Al contrario. Lo dijo la propia Bachelet en el informe oral sobre Venezuela que presentó en marzo en Ginebra, luego de la visita técnica de la ONU: “Desde junio de 2018, la última vez que publicamos un informe sobre Venezuela, el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente. Los grupos de población más vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas se han visto especialmente afectados. Por ejemplo, las arduas condiciones de vida obligaron a un número considerable de miembros de la etnia warao a cruzar la frontera con Brasil, en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos”. ¿No era que el chavismo armó un sistema de protección de los derechos humanos?
2) “Analizamos el impacto del bloqueo criminal e ilegal de EEUU que dificulta el avance de este modelo de protección social que privilegia a la familia”…Mentira. En Venezuela, según dijo Bachelet, más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela. “La mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por la falta de docentes y personal”. Una “devastadora crisis social y económica”, agregó Bachelet, que “comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017”. Por tanto, “el modelo de protección social que privilegia a la familia” del que se vanagloria Arreaza ya estaba deteriorado. Antes de las sanciones. Sanciones, eso sí, que “preocupan” a Bachelet por las “posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población”.
3) Queremos ir de la mano con la oficina de la alta comisionada para mejorar, corregir, rectificar donde haya que rectificar. Mentira. El informe oral que expuso Bachelet en Ginebra estaba siendo transmitido por la televisión pública venezolana, hasta que de repente, se cortó la transmisión. ¿Casualidad? No lo parece. El informe no le gustó nada al chavismo. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el Parlamento inventado por el régimen, reaccionó así a la lectura de Bachelet: “Mandó una comisión por ahí y dio un informe más chimbo que nada, sólo leyó lo que le entregaron los escuálidos [término con el que se refiere a la oposición] con información tergiversada. Eso sabíamos que iba a hacerlo quien gobernó ocho años con la Constitución de Pinochet, un dictador… Una señora que gobernó con la Constitución genocida de Pinochet no puede hablar de derechos humanos”. El embajador de Maduro ante la ONU, Jorge Valero, también reaccionó al informe. “Está distorsionado”, dijo, “por la falsa campaña mediática internacional”. Ante estas declaraciones la pregunta es: ¿Acaso el régimen ha corregido o rectificado algo de lo dicho por Bachelet? Y ante estas declaraciones, especialmente la de Cabello, ¿la siguiente declaración de Arreaza se puede considerar como cierta?
4) En Venezuela todos y todas también reconocemos sus aportes [los de Bachelet]. Y reconocemos su honor y la importancia de que esté visitándonos en este momento. ¿De verdad todos y todas? ¿De verdad Cabello -quien dijo que el informe de Bachelet era “chimbo”, falso, y quien la acusó de gobernar Chile bajo las leyes del dictador Augusto Pinochet– reconoce los aportes de Bachelet? He aquí la cuarta mentira.
Zapata cierra así su trabajo sobre la bienvenida a la dos veces expresidenta chilena, hija de un militar torturado y cuyos estudios universitarios fueron en la Universidad Karl Marx de Leipzig (tras el derrumbe del comunismo en 1991, en cuyo territorio alemán del Este estaba situada, su nombre cambió a Universidad de Leipzig):
“Al margen de la intervención de Arreaza, el periodista venezolano Nelson Bocaranda advierte en Twitter que hay condiciones exigidas por Bachelet que no se están cumpliendo. Una de ellas es que las reuniones no tuvieran cobertura mediática. “El canciller Arreaza comenzó violando esa petición al montarle concierto en Cancillería con medios oficiales transmitiendo”, denuncia Bocaranda. Lo cierto es que el régimen le brindó a Bachelet un recibimiento por todo lo alto. Con nutridas comitivas de funcionarios, personal de seguridad, medios de comunicación e, incluso, una orquesta. Ni rastro de la discreción que supuestamente pidió la alta comisionada. Ella, no obstante, mantiene un perfil bajo. Su única comunicación fue un tuit: “Espero escuchar todas las voces y trabajar con todas los actores para promover y proteger todos los derechos humanos de todos los venezolanos. Haré una declaración el viernes”, dijo. La declaración será el viernes, a las nueve y media de la noche. Antes se reunirá con Maduro. Con los ministros del régimen. Con altos funcionarios gubernamentales. Con Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Con Tarek William Saab, fiscal general. Y con Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo.
También dialogará con el Presidente Encargado, Juan Guaidó, y demás diputados de la Asamblea Nacional, así como con otros referentes políticos en Venezuela. Desde delegados de sindicatos hasta líderes religiosos. Hoy se reúne con el cuerpo diplomático. Y recuerden que hay 50 países que no reconocen a Maduro, incluido Chile, en cuya embajada hay dos asilados, los diputados Freddy Guevara y Roberto Enríquez. La visita de Bachelet acaba de comenzar. Por lo que al régimen le queda margen para seguir mintiendo. De momento, Arreaza prometió “facilidades” para que la altacomisonada haga su trabajo. ¿Será así?”
BAJO
MI CARTA A LA Dra. BACHELET:
Gracias a los colegas de la ONG Espacio Público por hacérsela llegar a la ilustre visitante. Es mi denuncia del gobierno de Maduro por violar mis Derechos Humanos al quitarme, por órdenes giradas desde Miraflores, mi pasaporte vigente y recién renovado el pasado septiembre. Lo hago ante el silencio cómplice de los funcionarios y organismos a los que he acudido como un ciudadano de a pie:
Caracas, 19 de junio de 2019
Muy respetada Señora
Michelle Bachelet, Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos:
Yo, Nelson Bocaranda Sardi, le escribo a los fines de solicitar sus buenos oficios en relación a tomar medidas para evitar que continúen las violaciones graves a los derechos humanos que he sufrido como ciudadano venezolano, pues fui privado de manera ilegal de mi pasaporte venezolano sin que hasta ahora lo haya podido recuperar sin haber en mi contra ninguna causa abierta por ningún motivo que me prohíba ejercer ese derecho al libre tránsito y de movilización dentro o fuera de mi país.
Cito aquí mi caso:
“El 24 de agosto de 2018, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) emitió una prórroga a mi pasaporte # 081707852, extendiendo su validez hasta el año 2020.
El 6 de septiembre de 2018, intenté viajar desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar utilizando dicho documento venezolano. Sin embargo, el funcionario encargado de realizar el procedimiento de migración me informó que el pasaporte supuestamente había sido anulado y retuvo este documento de identificación sin darme más explicación. En el mismo documento de identidad estaban estampadas las visas de Estados Unidos y otros países hasta por los próximos diez años.
Desde ese momento, personalmente he acudido ante el SAIME (Servicio de Inmigración y Extranjería) en diversas oportunidades (11) sin que ese organismo me haya dado una justificación legal de la retención del pasaporte y, mucho menos, me haya emitido uno nuevo.
Asimismo, presenté una denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de Retención de Pasaporte por Funcionario Público y Abuso de Autoridad, pero después de más de 7 meses ni siquiera se ha designado a un Fiscal para que dé inicio a una investigación.
Igualmente, he denunciado este hecho ante la Defensoría del Pueblo sin que tampoco haya recibido respuesta.
Estas circunstancias han impedido trasladarme libremente fuera de Venezuela, así como a tener un documento de identificación como venezolano, al cual tengo derecho según el Derecho Nacional e Internacional.
Al respecto, existe una presunción de que estas acciones por parte del Estado Venezolano son una manera de ejercer una retaliación contra mi persona debido a mis opiniones emitidas en el ejercicio de mi profesión de periodista. Esta afirmación se basa en que eventos similares se han presentado con otros periodistas desde aproximadamente la misma fecha.
Alta Comisionada, tengo 74 años y 57 años ejerciendo la profesión. Soy director-fundador del portal www.runrun.es, con mas de 3 millones de seguidores en mi twitter @nelsonbocaranda, así como lidero un programa diario de radio en Éxitos y otro en televisión dos veces a la semana a través de www.VivoPlay.net . Fui el periodista que anunció al país -y cubrí con mucho respeto- la enfermedad que sufrió el presidente Chávez.
En virtud de estos hechos, le solicito muy respetuosamente que durante su visita a Venezuela lleve a cabo las acciones que considere pertinente para hacer cesar las violaciones a los derechos humanos de que he sido objeto y pueda disfrutar del libre tránsito, mi derecho a la correcta identificación, al acceso a la justicia y a la libertad de expresión”.
Agradeciendo a la Alta Comisionada la atención prestada a nuestra petición me suscribo
Nelson Bocaranda Sardi