Huelga decir que los delitos, infundios y violaciones de los derechos humanos son tantos en la Venezuela de Maduro, que no caben en este corto espacio, así que solo mencionaremos los más recientes.
Una de las patrañas más grotescas es la de endilgar a la oposición el horrendo asesinato de la pobre mujer descuartizada Liana Hergueta, cometido presuntamente por dos «patriotas cooperantes» de fi liación chavista e infi ltrados en grupos de «resistencia». No solo Maduro y Cabello se aferran a la posibilidad de que alguien crea que la disidencia estaría involucrada en los crímenes que los delincuentes fi nanciados y armados por el régimen cometen impunemente , sino que ahora se añade el ministro de Interior, Gustavo González López, al declarar que los presuntos asesinos de Hergueta «están dando aportes importantísimos» sobre fi nanciamiento, operadores políticos, modos operandi, sitios de entrenamiento y «todo un esquema que indica que el hampa organizada tiene fi nes políticos (…) y están relacionados con la oposición venezolana». Es decir, que por el camino que va el ofi cialismo dentro de nada la culpa de los 25.000 asesinatos al año que ocurren en Venezuela será de la disidencia y las armas de guerra en manos de las 18.000 bandas delictivas que operan a sus anchas en el país habrían sido entregadas por la oposición.
Se regodea en ministro de Interior en destacar que los presuntos asesinos de Hergueta se conocieron durante las protestas contra el gobierno en 2014 en la plaza Alfredo Sadel, y en 2015 uno de ellos le ofreció en venta a ella «una cantidad importante de dólares». El acucioso Nelson Bocaranda derrumba la calumnia ofi cial al citar el documentado trabajo del colega Jesús Yajure en el portal www.runrun.es sobre un par de «patriotas cooperantes» que engañaban a su antojo no solo a ingenuos dirigentes opositores, sino también a funcionarios rojos rojitos cuando fueron detenidos Carlos Eduardo Trejo y José Pérez Venta, por el asesinato de Hergueta. La historia comienza en julio de 2014, cuando la técnico superior en Química Araminta González brindó alojamiento en su casa de Guarenas a dos supuestos activistas de «la resistencia».
Poco después Araminta denunció en las redes sociales el hurto de tecnología y enseres de su vivienda y señaló como responsables a quienes había dado refugio. Con el testimonio de estos ladrones «patriotas cooperantes», el régimen imputó a la inocente Araminta en un supuesto plan desestabilizador para elaborar explosivos.
Hoy lleva más de un año presa en el INOF. Hasta 2010, Trejo y Pérez Venta eran fervientes seguidores del chavismo en Twitter. Yajure siguió la pista de estos dos delincuentes que se hacían pasar por activistas estudiantiles opositores, para luego entregar al régimen a manifestantes de las protestas de 2014. Trejo y Pérez Venta tienen varias denuncias por delitos en varios estados del país.
Sus andanzas están grabadas y son prueba de su condición de espías rojos.
Todo en el gobierno es montaje, propaganda y mentiras. Maduro acusa a Capriles de «pactar con los criminales para que maten al pueblo», cuando quien está matando a los más pobres es su régimen. La ONG Provea está pidiendo al gobierno detener la OLP «por ser una razzia contra los pobres». De hecho, 90,8% de las más de 4.000 detenciones efectuadas por militares y policías fueron arbitrarias. El control mediático del régimen es usado para ocultar crímenes y violaciones oficiales. El gobernador de Aragua admitió la macabra ejecución policial porque quedó grabada y fue difundida en las redes sociales.
Los venezolanos no están seguros ni en su vivienda. Cada vez son más los crímenes y robos en residencias con sus dueños adentro. Ni los escoltas de enchufados están seguros. No se salvan ni los niños: delincuentes asaltaron un bus con 50 niños dentro en Yaracuy; ni las iglesias: destrozaron el vitral más antiguo de la catedral de Los Teques.
Dos graves omisiones de Maduro que, de enfrentarlas, podrían solucionar muchas necesidades colectivas: medios externos denuncian que María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente, poseería una fortuna superior a los $ 4 mil millones en cuentas en Andorra y Estados Unidos, y los técnicos del BCV acusan malversación de fondos que apuntan hacia su presidente Merentes, el mismo que fue señalado por la policía andorrana como jefe de dos «asesores», con pasaporte diplomático y antecedentes penales, de enviar millones de dólares por valija diplomática.
En un mes han sido saqueados 12 camiones con alimentos. Los camioneros se niegan a seguir viajando, porque ahora deben lidiar, no solo con delincuentes, sino con grupos hambrientos que vacían los contenedores.
Transparencia Internacional llama mentiroso al ministro Osorio, que prometió que en agosto habría abastecimiento pleno. 60% de los enfermos de cáncer no recibe tratamiento y por ello habrían repuntado casos de metástasis. Hace 17 años que no se hace mantenimiento al embalse de La Mariposa.
Imaginémonos el agua que estamos bebiendo. Más de cuatro tickets de alimentación se gastan en un almuerzo. Con razón el connotado economista Steve Hanke asegura que la infl ación anualizada en Venezuela llegó al 800% en julio.
Y con este panorama de hambre y destrucción, el gobierno sigue poniendo trabas para las elecciones del 6-D: no habrá observadores internacionales, sino «acompañantes», ratifi ca la tramposa Tibisay, es decir, amigos del régimen que llegarán el 5-D, almorzarán y beberán opíparamente el 6-D y se irán el 7-D diciendo que el sistema electoral rojo es el más confi able del mundo.
Pero ya ni dentro ni fuera del país se tragan los fraudes: el secretario de Estado, John Kerry advirtió esta semana que Estados Unidos analizará los comicios del 6-D «con mucho cuidado»: «si las autoridades no permiten observadores internacionales en las parlamentarias del 6-D y no liberan a los presos políticos, estos hechos tendrían un grave impacto en nuestras relaciones con Venezuela». El régimen está jugando con fuego sobre un polvorín.