Este jueves numerosas agencias y medios internacionales daban cuenta de la noticia aparecida en The Wall Street Journal, Fox News de Estados Unidos, ABC de España y otros latinoamericanos, de la captura hecha por la DEA en Haití y posterior traslado a Nueva York para presentarlos a la Fiscalía del Distrito Sur, de dos sobrinos de Cilia Flores (uno ahijado de Nicolás Maduro), acusados por tráfico de drogas.
Reportan que la DEA comenzó a investigarlos hace 8 meses, cuando contactaron con un informante encubierto de la DEA en Honduras a quien pidieron ayuda para transportar la droga hasta la isla hondureña de Roatán y, desde allí a México y Estados Unidos, ruta habitual para transportar la droga desde Venezuela. Al ser detenidos los dos jóvenes alegaron tener «inmunidad diplomática por lo cual no podían ser privados de libertad ni procesados». Los pasos dados por el ahijado y sobrino en los preparativos de la operación, según reporta El País de Madrid pudieron ser filmados, lo que ha reforzado las pruebas de la acusación. Cuando el avión privado con cerca de una tonelada de cocaína llegó a Puerto Príncipe, ambos fueron detenidos y entregados a la DEA, que los llevó a Nueva York.
El 3 de este noviembre el subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos y ex embajador en Colombia y Venezuela, William Brownfield, declaraba para El Tiempo de Bogotá, que en su país había mucha preocupación no solo por el aumento de la producción de coca en Colombia, sino porque «los narcotraficantes usan a Venezuela como una ruta segura para el tráfico de droga». Y añadía lapidario: «Por alguna razón los narcotraficantes han decidido que esa ruta es la más económica y eficiente para ellos». De su texto «diplomático» se colige lo que los venezolanos sospechamos desde hace tiempo y los periodistas especializados han comprobado con sus trabajos: que el gobierno hace que «no ve» a las FARC y a las bandas de narcos que pasan toneladas de droga por Venezuela. El presidente Juan Manuel Santos apuntaba cosa parecida, movido por el cierre de la frontera y el maltrato a sus connacionales. El hoy enmudecido Makled nombró a varios generales activos que formaban parte de su tropa de narcotraficantes, algunos de los cuales están en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y fueron nombrados por Chávez en altos cargos. Aquellas denuncias nunca fueron investigadas, al igual que Maduro dejó indemnes a los altos funcionarios involucrados en el envío de más de un tonelada de cocaína vía Air France con destino a Europa. Tal puerta franca tendrían los narcos, que hasta los sobrinos imputados (calificados de «aprendices» por los expertos en el tenebroso mundo del narcotráfico) se atreven a realizar operación tan arriesgada, convencidos de su inmunidad e impunidad. Lo fueron en territorio venezolano, pero no al salir de él. España estaría también investigando al ex presidente de Pdvsa y embajador de Venezuela en la ONU por el caso de la Banca Privada de Andorra, en la que habría blanqueado, a través de testaferros, unos $1.500 millones, como informasen El Mundo y ABC de España.
El saqueo de los bienes públicos y privados se introdujo temprano en la «revolución» que llegó al poder con la promesa incumplida de acabar con la pobreza en Venezuela. Ahora hay muchos más pobres que en 1997, cuando el petróleo llegó a $ 8 el barril. Entonces los mercados estaban llenos de alimentos y la inseguridad no aparecía como un problema nacional. En los 16 años largos de chavismo, el gobierno ha dispuesto, producto de la bonanza petrolera, de más de un millón de millones de dólares, más del doble de lo recibido por todos los gobiernos anteriores juntos. Mientras antes de 1998 se construyeron escuelas, hospitales, acueductos, un sistema eléctrico eficiente que cubría todo el país sin apagones, autopistas y las empresas de Guayana, entre otros, el chavismo ni siquiera dio mantenimiento a esas obras, a pesar del enorme caudal recibido. Las vías son cráteres, escasea el agua en muchas zonas del país, hospitales en ruinas y apagones constantes. De la falsa «revolución» con una corrupción rampante que dilapidó la riqueza petrolera, surgió una nueva clase social depredadora: la de los boliburgueses y sus bolichicos, con sus empresas de maletín, sus lujosas mansiones y sus nutridas cuentas en paraísos fiscales, en contraste con la masa de venezolanos empobrecidos haciendo colas para conseguir alimentos escasos, con una inflación que, bajo el silencio del BCV, sobrepasó 200%, y una canasta básica cercana a los Bs 100.000. Maduro trata de silenciar los saqueos de gandolas (3 la pasada semana en menos de 24 horas) y de escenas de personas hambrientas rodeando los abastos Bicentenario exigiendo comida. En tales circuntancias, los corruptos siguen su delictiva labor: la sobrefacturación de las importaciones del gobierno sobrepasa 40% y encarecen la comida. (La «guerra económica» es roja, rojita).
La rapiña e inmundicia acabaron con la institucionalidad, la meritocracia, la educación que formaba para la vida y para el trabajo; la grande, pequeña y mediana empresa y todo aquello que representaba las virtudes y los esfuerzos individuales y colectivos. ¿Qué hacen los dos sobrinos imputados con pasaporte diplomático? ¿Qué ha hecho Maduro con las denuncias del banco andorrano que señalan que a través de la valija diplomática fueron enviados millones de dólares producto de la corrupción, cuando no de posible narcotráfico? A medida que el régimen fue apropiándose de los inmensos recursos petroleros, pasó de los «exprópiese» que arruinaron la agricultura e industria nacionales, a la delictiva rapiña de asaltar y robar los alimentos y otros bienes en manos de pequeños comerciantes, como ocurrió hace días en Quinta Crespo, a cuyos establecimientos llegó la GNB, cuyo honor no se divisa, con armas de guerra, rompiendo candados y llevándose los alimentos para los vacíos anaqueles de Mercal y Pdval porque el régimen ya no cuenta con divisas ni crédito internacional.
Maduro y sus poderes públicos, con un rechazo superior a 80%, están al descubierto dentro y fuera del país. Millones de venezolanos, incluidos chavistas, iremos masivamente a votar el 6-D, conscientes de que, aún «sin garantías electorales en Venezuela» como dijera el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en carta magistral a Tibisay Lucena, estamos conscientes también de que la avalancha de votos va a liquidar los fraudes oficiales continuados y su abusiva campaña electoral en la que, a página plena, después de dilapidar más de un millón de millones de dólares de la bonanza petrolera, culpa a la «derecha» de «negarle los recursos al pueblo», y corona su mendacidad con el grotesco slogan «Con Maduro sí hay futuro». Fin de mundo.