Han pasado diez días desde que seis funcionarios de la Policía Municipal de Baruta y cuatro ciudadanos civiles resultaron heridos en un puesto de control en la entrada de la urbanización Las Mercedes, cuando un grupo de motorizados fuertemente armados les lanzaron dos granadas desde la autopista Francisco Fajardo, y casi simultáneamente, en la madrugada de ese mismo día, otra fue lanzada en la policía científica de El Llanito, que solo causó daños materiales. Durante ese fin de semana fueron atacadas con granadas cinco sedes policiales en diferentes estados del país.
Según el Comité de Desarme de la ONU, Venezuela ocupa el lugar con más fallecidos en el mundo por estallido de granadas y eso que, en teoría, no estamos en guerra. El gobierno ha guardado un sospechoso silencio sobre las granadas y armas que son de uso exclusivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y están en poder de la delincuencia, que mantiene a la población en estado de pánico. Estamos en permanente peligro de atentado, conviviendo con la muerte por sorpresa. Sin embargo, los ministros del Interior y el de Defensa hasta la fecha no han dicho ni pío.
Ese insólito mutismo da mucho qué pensar. Las conjeturas proliferan, entre ellas, que una arremetida del hampa organizada –lo que los expertos llaman terrorismo criminal– provoca un estado de conmoción en la población que pudiera servir de comodín para ampliar el estado de excepción y sabotear las elecciones parlamentarias que el gobierno tiene perdidas de calle.
El domingo pasado, en un acto del comando de campaña Bolívar-Chávez, el presidente Maduro dijo que las elecciones del próximo 6 de diciembre pueden ser “las más difíciles que haya enfrentado la revolución”, y para no bajar más los ánimos en el chavismo pidió que estén alertas, porque cree que los comicios serán parejos. Maduro y la élite del poder tienen la necesidad imperiosa de legitimarse, se acostumbraron a mandar, a gozar de privilegios y vivir muy bien, por eso están decididos a lo que sea para evitar la derrota.
Maduro lo ha intentado todo, desde las inhabilitaciones inconstitucionales, pasando por los estados de excepción en zonas con mayoría opositora hasta el fraude que se pretende fraguar con el CNE y el acompañamiento de sus amigos observadores de Unasur. Es tal la desmoralización en el oficialismo que no resulta descabellado pensar que el gobierno, a falta de los “colectivos” que se les voltearon, tenga en el hampa empoderada un recurso de intimidación contra la población que clama por un cambio, a no ser que Maduro salga personalmente al frente de una montonera, como lo anunció en meses pasados, para impedir la derrota.
La desesperación es mala consejera, el gobierno quiere incrementar al máximo el miedo para evitar la presencia masiva de electores en las votaciones. En ese escenario, un sujeto vinculado al ataque con granadas a puestos policiales, apodado “el Picure”, para quien matar es un fin en sí mismo, puede servir, aunque no sea su propósito, para seguirle el juego el gobierno.
El más buscado
El Picure sigue haciendo de las suyas y no han podido ponerle la mano. Según el diputado Freddy Bernal, que lo vincula con los ataques a instituciones policiales, resultó herido en enfrentamientos con funcionarios policiales en el estado Guárico; sin embargo, goza de buena salud, pues el viernes pasado cerró el tráfico en la carretera Chaguaramas-El Sombrero.
El Picure perteneció a la unidad de Operaciones Especiales de la Armada hasta que pidió la baja, luego apareció en el staff de escoltas del gobernador del Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, hasta que organizó su propia banda.