El fin del lodazal autoritario está próximo, y me temo que “nuestros” felones no podrán escaparse de la furia incontenible de un pueblo harto y decepcionado. Basta hacer un recorrido por la historia para saber cómo terminaron los tiranos: en el mejor de los casos, sentados en el banquillo de los acusados ante una corte internacional.
En Venezuela, a la salida del dictador Marcos Pérez Jiménez, no solo sus propiedades fueron saqueadas y confiscadas, sino las de casi todos sus funcionarios y colaboradores. Hay registros audiovisuales de lo que fue aquella reacción incontenible del pueblo en las calles. Al término de un período de odio siempre aparecen los pases de factura.
Los odios tan macerados durante esta larga revolución bolivariana copan la escena. Uno ve que la bestia acecha, avanza, uno ve que el mal se va apoderando completamente del ser o de quienes manejan las instituciones fundamentales y que pasados ciertos límites ya no se detienen. Por eso el gobierno de Maduro se ha ganado el reconocimiento en la comunidad internacional de ser una dictadura de facto. Las exigencias a restaurar el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos ya no son diplomáticas protestas de ritual, salvo el combo de Unasur, cuyas expresiones de confianza en la justicia bolivariana son puro sarcasmo, los verdaderos líderes demócratas le hacen ascos al dúo Maduro-Cabello. La arbitrariedad del poder único se impone y es lo único que cuenta en Venezuela, ¡por ahora!
El entramado judicial de funcionarios, fiscales y jueces provisorios que para mantenerse en el cargo mandan a la guillotina a inocentes, como al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión, y las otras detenciones arbitrarias de dirigentes políticos, estudiantes, tuiteros, militares que están en la cárcel con pruebas amañadas son un mecanismo perverso para dejar fuera de combate político a todo opositor que se movilice sin violencia.
Con la atrocidad cometida contra el líder opositor Leopoldo López la caída del régimen es irreversible. La indignación que ha generado es un combustible para derrotarlos en las elecciones del próximo 6 de diciembre, cuando empezaremos a construir un país nuevo, sin discriminaciones, donde todos podamos hablar libremente y criticar sin miedo a ser arrestados.
Antonio Ledezma
El próximo martes 22 de septiembre está fijada la audiencia preliminar en el juicio al alcalde metropolitano, Antonio Ledezma. El Código Procesal Penal obliga a celebrarla dentro de los 20 días siguientes a la acusación fiscal. ¡Pero al carrizo! Aquí la única ley es que no hay ley. En el caso Ledezma, el plazo expiró el 26 de abril y el juez aduce que no ha podido realizar la audiencia, porque las autoridades policiales no han trasladado a Ledezma y a otros acusados a la sede de su tribunal. Ser oído es un derecho elemental de todo procesado judicial. ¿Y cómo puede ser oída una persona si se le niega, con insólitas argucias, la apertura del acto que la ley le otorga?
Uno de los supuestos testigos de cargo contra Ledezma, el coronel José Gustavo Arocha, ha denunciado que fue torturado en el Sebin para que suscribiera un acta en la que inculpó a numerosos disidentes. El otro testigo, Rodolfo González, antes de suicidarse a causa de los tormentos infligidos en los calabozos de la policía política bolivariana, declaró ante un juez que la famosa fiscal Katherine Harrington, hoy convertida en viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, le ofreció su libertad a cambio de inculpar a Ledezma. Y todavía hay gente que piensa que hay que dejar gobernar a estos esbirros hasta 2019. Lo inaceptable es que sean de oposición.