El gobierno del dúo Maduro-Cabello resultó un chasco para las clases populares y hoy la repulsa colectiva es abrumadora. Chávez y su sucesor fracasaron en su intención de extirpar a la oposición del mapa político nacional y ahora pagarán con una estrepitosa derrota haber excluido de la vida política a más de la mitad de los venezolanos. Ni siquiera pudieron posponer las elecciones parlamentarias que sabían perdidas, saben que los ojos de toda la comunidad internacional están puestos sobre Venezuela y en las elecciones, donde el “estalinismo tropical” se juega su destino. Al no poder revertir la consecución de las elecciones, el régimen necesita legitimarse, para ello cuenta con el dominio del proceso electoral y la construcción innegable del fraude, que solo falta por consumarse. Cuenta con la comparsa de Unasur, que pretendía montar en la olla a la MUD, con la firma de un acuerdo para aceptar los resultados, el mismo propuesto por el PSUV. ¡Un descaro de parcialidad! El gobierno está en las chiquiticas, necesita controlar el Poder Legislativo para legalizar el proyecto ideológico castro-comunista y resguardar su status quo delictivo. Quiere retener la Asamblea Nacional a lo puro macho, no son nuevos los desafueros cometidos, incompatibles con la democracia: desde arrebatar con expedientes amañados el fuero parlamentario de varios opositores hasta practicar la violencia en el hemiciclo, bajo la mirada complaciente y sonrisa de satisfacción de su presidente, Diosdado Cabello. Conviene recordar aquella bochornosa sesión donde le lanzaron al diputado William Dávila un micrófono que casi le fractura el cráneo y a la diputada María Corina Machado le fracturaron la nariz a taconazo limpio después que la batieron contra el piso, arbitrariamente le impidieron entrar al Parlamento sin ninguna fórmula de juicio y la inhabilitaron políticamente para impedir que resultara nuevamente electa en la nueva Asamblea. La impunidad que en pleno apogeo de la cultura chavista permitió que se arrojaran sobre el país con uñas y dientes para arrasarlo, enriquecerse brutalmente –incluso con el narcotráfico–, está llegando a su fin. Estos 17 años de despojo y saqueo han signado con un vértigo inusitado a la cultura política. La identificación del país con los “mega-guisos” y el narcotráfico definen a la cultura política del chavismo-madurismo. El repudio a esa clase es expansivo hasta en lo interno del chavismo. No hay vuelta atrás, estamos viviendo los estertores de un ciclo histórico nefasto, en la Fuerza Armada –como lo hemos venido reseñando en esta tribuna–, existe una oficialidad consciente de sus deberes militares que se expresan en el cumplimiento de la Constitución Nacional y están dispuestos a activar acciones que permitan recuperar el Estado de Derecho en caso de un fraude electoral, para que se establezca un nuevo gobierno que garantice el ejercicio constitucional de la democracia y el servicio gubernamental a la población en pro de la paz y progreso de la nación. Las condiciones están dadas. Si el 6-D se expresa mayoritariamente la voluntad popular a favor del cambio, la sociedad civil junto a la Fuerza Armada debe demandar la renuncia de un gobierno que ese día perderá toda legitimidad.
Tic tac
Vientos del sur: después de las elecciones en Argentina que pusieron fin a la era Kirchner –Néstor y Cristina–, algunos funcionarios investigados por corrupción y violación de derechos humanos en Estados Unidos y organismos internacionales están poniendo sus barbas en remojo y tendiendo puentes para lograr un pacto MUD-régimen que facilite la transición a cambio de garantías para no ser enjuiciados.