Las protestas espontáneas del pueblo, como respuesta al deterioro exponencial del país y la caída dramática en su calidad de vida son naturales, justas y respaldadas por los derechos constitucionales.
Reprimirlas es una acción bárbara, típica de las autocracias buscando generar la bóveda de miedo para paralizar a sus adversarios y mantener el control del poder, sin resolver los problemas ni atender las demandas justas del país.
¿Es que no tiene derecho a protestar quien no tiene agua, ni luz, ni gasolina y cuyo ingreso real está pulverizado, su libertad política y de expresión coartadas y no tiene instituciones insesgadas y creíbles donde exigir sus derechos?
Entonces ¿a qué se refiere el derecho constitucional a la protesta? Por un lado, un gobierno primitivo que destruye lo que queda.
Por el otro, una oposición congelada, dependiente de terceros y fracturada por intereses encontrados que no puede resolver por ausencia de reglas de juego comunes para dirimir sus diferencias e incapaz de desarrollar estrategias creíbles para presionar el cambio.
Y en el medio, un pueblo empobrecido que al expresarse es y seguirá́ siendo salvajemente reprimido. Un desastre.