La decisión de adelantar las elecciones presidenciales no es una sorpresa. Es obvio que mientras más rápido ocurran, mejor para el gobierno. Primero porque evita el paso de un tiempo que será demoledor en materia económica, con una crisis de hiperinflación e hiperdevaluación como la que estamos viviendo y segundo porque la convocatoria inmediata encuentra a una oposición descolocada, desestructurada y fracturada, que difícilmente podrá articularse para enfrentar unida una elección presidencial o una convocatoria de abstención masiva.
El debate opositor empieza por discutir si se debe o no participar en la elección pese a no tener garantías de competitividad y transparencia. El problema se amplifica cuando cada grupo interno de la oposición intente desarrollar su estrategia, independientemente del otro. No hay duda que habrá participación de opositores en esta elección. No sabemos si la MUD decidirá participar o no, pero más allá de la oposición formal, saldrán al ruedo candidatos irreverentes o outsiders que representarán una oferta electoral alternativa, por lo que resulta difícil imaginar un llamado unitario a la abstención.
Por otra parte, luce poco probable que los abstencionistas tengan una posición pasiva. Lo más probable es que estos grupos convoquen a la protesta a través de la abstención y la campaña ataque no solo al gobierno sino a la oposición que decida participar. Y esta es una campaña aún más dura, demoledora y divisionista, con lo que se reduce la oportunidad de triunfo de la oposición que participa, mientras en paralelo los abstencionistas tampoco logran enviar su mensaje de protesta masiva. El peor escenario.
Ahora, si parece tan claro que al gobierno le conviene una elección adelantada, ¿por qué espero tanto para convocarla? La hipótesis que lo explica es que ésta era una pieza clave de negociación del gobierno. Es una de las joyas que podía colocar sobre la mesa para conseguir algunas cosas que le eran más importantes, como el reconocimiento de la ANC y la flexibilización de las sanciones, que no solo afectan el desenvolvimiento económico del gobierno sino que genera presiones internas en el chavismo, especialmente ese que no estando aún en las listas de castigo, se encuentra en este momento en una encrucijada: 1) respaldar a Maduro en una vía hostil a la oposición y a la comunidad internacional, que los tira automáticamente a la ruta castrista de aislamiento permanente y riesgos personales de futuro o 2) plantear una división interna que intente el revisionismo del chavismo, más similar al peronismo y trate de reconectar a la gente con otra figura distinta a Maduro que represente mejor el “legado” de Chávez, quien mantiene todavía niveles de respaldo popular relevante.
Pero con las negociaciones trancadas alrededor de la ANC y las sanciones europeas ya lanzadas y en expansión, el atractivo del gobierno para convocar la elección se amplifica e incluso podría servir como último cartucho para presionar a la oposición (o parte de ella) a negociar incluso sacrificando elementos fundamentales y éticos, para evitar el barranco de llevar al país al primitivismo político y económico total, donde lejos de poner en mayor peligro al gobierno, éste podría fortalecerse frente a una población más pobre y más dependiente de las migajas.
Es muy claro, mientras el gobierno perciba que su costo por tirarse una elección no competitiva, sin cambios en las condiciones electorales y sin ningún respaldo internacional es menor que ceder aspectos vitales en la negociación y arriesgar con eso su permanencia en el poder y costos infinitos de salida, es obvio lo que hará… o mejor dicho lo que ya está haciendo.