Gonzalo Boye es el abogado especializado en derecho penal internacional que defiende al Presidente de Catalunya Carles Puigdemont (destituido ilegalmente por el gobierno español en 2017 y que lucha democráticamente desde el exilio para que la sociedad catalana tenga la oportunidad de decidir sobre su marco de relación con el Estado español, independencia incluida).
En su último libro, Boye habla del «Catalangate». Es el caso de espionaje que destapó The New Yorker (1) el 18 de abril basándose en la investigación de la organización Citizen Lab, vinculada a la Universidad de Toronto. Citizen Lab había descubierto que alguien había espiado ilegalmente a 65 independentistas catalanes con los programas Pegasus y Candirú (2).
El Gobierno español negó tener nada que ver e intentó desacreditar a Citizen Lab. Pasados unos días, en lo que pareció una cortina de humo, el Gobierno español dió a conocer que el presidente español y varios ministros también habían sido espiados con Pegasus. Pero, aunque ellos también fueran espiados, esto no les exculpa de ser los supuestos responsables del espionaje a los catalanes. A pesar de esto, la mayoría de la prensa española ha aprovechado esta información para dejar de hablar de la vulneración de derechos a estos catalanes.
Por último, el Gobierno español ha reconocido que habían espiado con el programa Pegasus a 18 independentistas catalanes durante 2019. Pero lo justificaban como algo legal, pues afirmaban haberlo hecho con el aval de un juez: el juez Pablo Lucas Murillo del Tribunal Supremo. Pero lo sorprendente es que hicieron públicos casos nuevos, porque los descubiertos por Citizen Lab no eran de 2019, sinó de 2017 (1 caso) y de 2020 (64 casos). Por tanto, estos 18 casos reconocidos por el Gobierno español se deberían sumar a los 65 ya descubiertos: 65 + 18 = 83 casos como mínimo!
El caso de espionaje al abogado Boye sirve para entender cómo actúa la Justicia en España. El juez Lucas Murillo autorizó el espionaje a Boye y, al mismo tiempo, él era el juez que resolvía los recursos del abogado a favor de la petición de inmunidad de los europarlamentarios catalanes Puigdemont, Comín y Ponsatí. Ya en ese momento, Boye intentó recurrir a este juez por falta de imparcialidad, debido a unas declaraciones públicas contra el independentismo catalán. Pero, entonces, el juez defendió su imparcialidad con vehemencia. Ahora sabemos que, por la mañana, el juez autorizaba que espiaran al abogado y, por la tarde, analizaba los recursos que le había presentado el mismo abogado.
Además, según la ley española, un juez puede autorizar intervenir comunicaciones, pero en ningún caso puede autorizar lo que posibilita Pegasus: acceder a todo el contenido del móvil (comunicaciones, documentos, vídeos, fotografías…) y también controlarlo (activar cámaras y micrófonos, escribir o borrar emails…).
Además, esta información debe estar siempre bajo custodia judicial, mientras que, con Pegasus, la información es controlada por la empresa israelí NSO. Esta empresa, que infecta los móviles por órdenes de su cliente, opera fuera del territorio de la UE.
Por ejemplo, durante el periodo que se estuvo espiando a Boye, llevaba también la defensa de unos dirigentes sirios que fueron juzgados y condenados en Alemania. Lo que él y sus clientes hablaban estuvo en posesión de la empresa israelí. ¿Podemos estar seguros de que estas informaciones no fueron utilizadas para condenar a estos sirios?
Es muy negativo que la comisión del Parlamento Europeo que investiga los abusos cometidos con Pegasus solo quiere investigar Polonia y Hungría y no España. Ya sabemos que la UE es un club del que España es miembro y Catalunya no, pero si la UE no quiere ser cómplice de abusos de los derechos civiles de ciudadanos europeos, no debe ceder a las presiones españolas.
(1) The New Yorker: https://www.newyorker.com/magazine/2022/04/25/how-democracies-spy-on-their-citizens
(2) Amnistía Internacional: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/spain-pegasus-spyware-catalans-targeted/