El abogado Jesús Silva, escribió su artículo de opinión advirtiendo que concejales pro gobierno podrían destituir a los 80 alcaldes opositores que hay actualmente en el país.
ACÁ SU ARTÍCULO:
Chacao, Baruta, El Hatillo, altos mirandinos y tachirenses son municipios emblemáticos. Con amplia base jurídica para actuar, la nueva mayoría chavista de concejales podrá hacer limpieza en alcaldías opositoras que impulsaron actos de terrorismo guarimbero en 2017.
Como se sabe, las violaciones a derechos humanos no prescriben y pueden ser castigadas en cualquier momento, por lo tanto son enjuiciables por los mencionados sucesos violentos, los aproximadamente 80 alcaldes opositores que indirecta o directamente participaron en la referida violencia guarimbera que produjo centenares de muertos, ya que pruebas de responsabilidad legal son abundantes, públicas, notorias y comunicacionales.
Mediante juicio parlamentario municipal de naturaleza breve, la mayoría chavista de concejales puede y debe destituir a los alcaldes que sean hallados culpables por los delitos aquí descritos u otros que hayan cometido durante su gestión como casos de corrupción; nótese que esta rápida actuación de las concejalías revolucionarias será para beneficio de los vecinos del municipio quienes con su voto soberano eligieron a estos legisladores municipales para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, fundamentalmente en aras de la paz del país.
Es necesario hacer valer el poder que el pueblo delega en sus representantes, siempre dentro de los procedimientos jurídicos y nunca fuera de ellos. En su momento de esplendor electoral la oposición ganó la Asamblea Nacional (2015) y quiso destituir al Presidente de la República pero la Carta Magna no lo permite, distinto ocurre con los concejales que tienen expresa facultad legal para destituir alcaldes.
Es menester advertir que se respetará el derecho de los alcaldes opositores destituidos a ejercer acciones judiciales para impugnar los procedimientos de destitución que los concejales chavistas hayan efectuado contra ellos, tal como lo garantiza el Estado de Derecho y la democracia que prevalecen actualmente en Venezuela.