El economista y ex ministro Rodrigo Cabeza habrá sorprendido a más de uno dentro del gobierno al declarar que creía necesario un refinanciamiento de la deuda externa como herramienta para mejorar la economía del país y al sugerir un proceso de titularización de deuda del sector privado para restablecer el flujo con los proveedores de materia prima e insumos del extranjero. “Debería haber un espacio para el diálogo sobre el tema económico”, habría señalado en una reflexión que seguramente ha tenido muchas y variadas lecturas y reacciones.
El Banco Central de Venezuela, por su parte, de acuerdo con una fuente anónima citada por el diario El Nacional, ha enviado hace unas semanas al Fondo Monetario Internacional, por primera vez en 12 años, la información estadística sobre el comportamiento de nuestra economía. Dejó de hacerlo de forma regular en 2004 cuando el presidente Hugo Chávez ordenó el cierre de la oficina del FMI en Venezuela. El gesto ha hecho pensar en un acercamiento al FMI, acercamiento que no tendría nada de especial ni debería verse como extraordinario dada la difícil realidad del país y sus apremiantes necesidades de financiamiento. Ecuador, de hecho, está negociando con los organismos multilaterales, incluido el FMI, líneas de crédito para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que afectó a ese país el pasado mes de abril.
La deuda no es tema para el encubrimiento. En el caso de Venezuela, el peso de la deuda no ha hecho sino acumularse en los últimos años. Solamente la que sostiene el gobierno con los empresarios ha sido calculada en 12 mil millones de dólares, cifra por cierto muy cercana a la de las reservas internacionales del país (12.087 millones de dólares), según datos del BCV en el cierre del 8 de julio. ¿Hay opciones para reducir la deuda y, en consecuencia, también el monto del imprescindible refinanciamiento? Sin duda, entre ellas la de canjear la deuda con el sector privado por activos ahora en manos del Estado, activos en muchos casos improductivos o en proceso de deterioro.
Un canje de deuda por activos mediante un proceso transparente de licitación abriría para el país una doble oportunidad: el Estado, en primer lugar, reduciría su deuda y el monto del refinanciamiento por negociar; los empresarios, en segundo término, lograrían darle un valor de canje a su acreencia. Por esta vía, además, se pondría a valer un conjunto de activos en este momento improductivos.
El planteamiento afronta, otra vez, la apetencia o el cálculo político con la racionalidad económica. Frente al grave problema de una deuda creciente y de un aparato productivo camino de la parálisis la acción oficial parece haber optado más por un propósito de control del poder que por el de la promoción de un desarrollo productivo y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Se insiste así en una política de debilitamiento de la clase media y de los sectores productivos, política que ha probado sus negativos resultados y que solo ha servido para generar escasez y para abonar las fuerzas negativas de la sumisión y la dependencia.
La pavorosa crisis que vive el país no se resuelve, está visto, por mayor concentración de poder y de actividades en el gobierno o en las Fuerzas Armadas, sino por una comprensión más realista de la economía y sus mecanismos y por un mayor reconocimiento de la capacidad del sector privado para generar bienes y movilizar la economía. Lo contrario es insistir en el error. Si los instrumentos son los mismos los resultados serán los mismos, no importa el nuevo nombre de la misión o del nuevo ministerio. Lo decía Einstein: “Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”. La producción solo mejorará en manos de quienes han probado su capacidad para generarla con eficiencia.