El gobierno se prepara para la gran batalla del 2016. Frente a los nubarrones que presagian la tormenta que se producirá el 6D, Maduro y sus asesores cubanos han comenzado a diseñar el denominado Plan B. Los números indican que el PSUV va a perder la mayoría en la Asamblea Nacional, y desde ya, la orden que ha dado el gobierno es alistar los cañones para enfrentar un escenario adverso a partir del 5 de enero del año que viene.
La decisión de jubilar anticipadamente a 13 magistrados del TSJ, para proceder, antes de que finalice el 2015, al nombramiento de nuevos jueces en el máximo tribunal del país, es una clara demostración de que el oficialismo da por descontada su derrota electoral en las parlamentarias de diciembre próximo. Maduro y el PSUV juegan posición adelantada: elegirán a 13 nuevos miembros del TSJ ahora, cuando todavía gozan de una mayoría en la AN, antes de que esa prerrogativa se pierda para siempre a partir de enero de 2016.
Maduro ensayó todas las opciones posibles para suspender las elecciones: 1) buscó una guerra con Guyana, pero los cubanos no le compraron la pólvora; 2) buscó una guerra con Colombia, pero el extraño y misterioso accidente (¿?) del Sukhoi 30 en la frontera entre ambos países le enfrió el guarapo. 3) decretó estados de excepción en 23 municipios de 4 estados, pero la medida se ha ido desvaneciendo hasta el punto de que los gobernadores de Táchira y Zulia han empezado a solicitar, soterradamente, la flexibilización de los controles.
Las únicas opciones que le quedan para impedir los comicios son la del autogolpe y la del magnicidio, pero tal parece que estas dos propuestas no cuentan con el “consenso” de la Sala Situacional de Miraflores y, al menos por el momento, no parecieran estar en el tablero de juego. Así las cosas, el único camino que queda es el de ir a los comicios y tratar de ganarlos a cómo de lugar. Los expertos en montar trampas ya están trabajando.
Pero, si como todo parece indicar, el PSUV pierde las elecciones el 6D, el gobierno ya tiene preparado su plan B. La gran batalla del 2016 se librará entre la nueva AN con mayoría opositora y el TSJ.
Frente a este escenario, Maduro y sus asesores cubanos han ordenado reforzar el TSJ. El trabajo legislativo de la nueva AN, dominada por la oposición, encontrará en 2016 un muro de contención en el máximo tribunal del país, cuyos magistrados se aprovecharán del Artículo 203 de la CRBV, el cual establece que “las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de orgánicas serán remitidas antes de su promulgación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico”.
Maduro y los jueces del horror del TSJ también se aprovecharán del Artículo 214 de la CRBV, el cual establece que “cuando el Presidente o Presidenta de la República considere que la ley (aprobada por la nueva AN) o alguno de sus artículos es inconstitucional solicitará el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma. El Tribunal Supremo de Justicia decidirá en el término de quince días contados desde el recibo de la comunicación del Presidente o Presidenta de la República”.
Una ley de Amnistía para los Presos y Perseguidos Políticos, que con toda seguridad debería ser una de las principales preocupaciones de la nueva AN, tendrá que pasar por el “filtro” de la Sala Constitucional del TSJ, cuyos magistrados “socialistas y revolucionarios” probablemente la declararán ilegal.
Los nuevos diputados que resulten electos en los comicios del 6D, deben tener en cuenta que su trabajo a partir del 5 de enero de 2016 no será nada fácil. Los magistrados “socialistas, anti imperialistas y revolucionarios” del TSJ los estarán esperando en la bajadita, con el Artículo 336 de la CRBV, el cual señala que “son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución”.
El choque de trenes entre la nueva AN y el TSJ luce casi inevitable a partir del mes de enero de 2016. Los 13 nuevos magistrados, que con toda seguridad, serán designados antes de que concluya el presente año, serán comprobados “militantes del socialismo revolucionario, bolivariano y anti imperialista” escogidos nada más y nada menos que por el dedo generoso de la abogada Cilia Flores, quien no dudará en meter en el TSJ a algunos de sus ex compañeros de clase.
Y si las cosas se ponen color de hormiga, motivado al control que ejercerá la oposición en la nueva Asamblea Nacional, el oficialismo apelará entonces al Artículo 236 de la CRBV, el cual en su parágrafo 21 establece que el Presidente de la República, podrá “disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución”.
El supuesto al que se refiere el artículo 236 se encuentra en el artículo 240 de la CRBV, el cual señala que “la remoción del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al Presidente o Presidenta de la República para disolver la Asamblea Nacional. El decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los sesenta días siguientes a su disolución. La Asamblea no podrá ser disuelta en el último año de su período constitucional”.
En un acto desesperado, Maduro podría provocar a la nueva AN designando en la vicepresidencia a personajes como María Iris Varela, Darío Vivas o Mario Silva, para que se enfrenten a los diputados y generen mociones de censura que le sirvan de escenario para disolver una Asamblea Nacional que le es adversa. Todo con el ánimo de ganar tiempo y mantener la crispación política del país, ambiente en el cual el oficialismo parece sentirse muy cómodo.
Así las cosas, el año 2016 luce muchísimo más complicado que el 2015. Ganar la mayoría en la AN será, sin lugar a dudas, un primer gran paso. Pero no significa, por nada del mundo, que los problemas del país se acabarán. Las fuerzas democráticas deben explicar a los venezolanos que las elecciones del 6D constituyen la primera gran prueba de fuego por la que debemos atravesar para iniciar el camino de la reconstrucción.
La batalla del 2016 será mucho más fácil si la emprendemos con una Asamblea Nacional dispuesta a asumir el papel que le asigna la Constitución: ser el muro de contención frente a los desmanes que a diario comete el Poder Ejecutivo. En nuestras manos está la gran oportunidad histórica de ganar la mayoría parlamentaria y de asumir el gran reto que significa ponerle un freno a este desastre. No será fácil como algunos creen. Pero tampoco es imposible. Ocho de cada diez venezolanos quiere que haya cambio. Lo que debemos hacer es que esos 8 de cada 10 venezolanos salgan a votar el 6D. Maduro sabe que va a perder. Diosdado también lo sabe. A este par de personajes ya no les preocupa el 2015. Les preocupa lo que viene en 2016.
17 de octubre de2015
Twitter: @gustavoazocara