¿Estamos informados o simplemente tenemos una opinión sobre todo?
La pregunta me incomoda porque también me incluye. Puedo pasar una hora mirando noticias en el teléfono y terminar con más opiniones que al principio, sin entender mucho mejor lo que sucede. He visto declaraciones, imágenes, denuncias y respuestas. Pero ¿qué sé del asunto? ¿Podría explicar qué ocurrió antes de ese video, qué se decidió realmente o qué información falta?
Y, sin embargo, ya estoy en condiciones de discutirlo. Incluso de indignarme.
Las redes sociales tienen un papel protagónico en esta forma de relacionarnos con el mundo. La distracción es la parte más visible: memes, bailes, chistes, videos que nos entretienen unos segundos antes de pasar al siguiente. Lo más serio ocurre cuando consumimos la información con esa misma disposición.
Entre una receta y una caída graciosa aparece una guerra. Después, una denuncia de corrupción, un consejo para adelgazar y un dirigente anunciando algo que afectará nuestras vidas. Todo llega por la misma pantalla y compite por conseguir que no deslicemos el dedo.
Una noticia condensada puede servir para enterarnos de que algo ocurrió. El problema comienza cuando creemos que también nos ha permitido comprenderlo. Treinta segundos después tenemos un culpable, una explicación y una posición. El contexto exige un esfuerzo adicional que podemos decidir no hacer.
Entonces compartimos. Y al compartir, añadimos nuestra credibilidad a algo que quizá ni siquiera hemos comprobado.
Lo inquietante es la facilidad con la que defendemos esas conclusiones. Una objeción puede parecernos un ataque; una corrección, una provocación. A veces exigimos más pruebas para aceptar un hecho incómodo que para difundir una acusación que confirma lo que ya pensábamos.
Ahí encuentro una expresión de nuestro infantilismo: querer la seguridad de tener razón sin asumir el trabajo de averiguar si la tenemos. Y esa comodidad tiene quien la aproveche.
Un gobernante puede explicar una decisión o presentar una frase que facilite a sus seguidores defenderla. Puede responder por un resultado o abrir una pelea que desplace la conversación. Puede reconocer un costo o anunciar únicamente el beneficio, dejando que descubramos después quién paga.
La diferencia importa. Explicar permite al ciudadano evaluar; la consigna le ofrece algo que repetir.
Quien sabe cuándo provocar indignación, a quién señalar y qué promesa ofrecer decide de qué hablamos. Y, de paso, de qué no.
Una declaración contundente suma más apoyo que una respuesta completa. Y el escándalo siguiente suele llegar antes que la rendición de cuentas del anterior.
La sociedad infantilizada aparece cuando aceptamos ese trato. Cuando nos basta con que alguien diga que todo está bajo control, que la culpa es del adversario o que cualquier cuestionamiento favorece al enemigo.
Gobernar supone tomar decisiones sobre recursos ajenos, establecer prioridades y aceptar que habrá intereses en conflicto. Tenemos derecho a saber qué se busca y qué se descartó.
Pedir esas explicaciones debería ser una práctica habitual de ciudadanía. Sin embargo, podemos volvernos sorprendentemente indulgentes cuando quien debe darlas pertenece a nuestro bando. La misma evasiva que nos indigna en un adversario nos parece una respuesta inteligente en alguien a quien apoyamos.
Hay quienes gobiernan como si acabaran de llegar, como si no hubieran participado en las decisiones que produjeron aquello que ahora prometen arreglar. Y hay quienes convierten la legitimidad de una causa en una autorización permanente para conducirla, como si el respaldo recibido los eximiera de explicar sus próximos pasos. Haber contribuido al problema exige responder por el pasado. Aspirar a resolverlo exige explicar qué se propone para el futuro.
A unos se les celebra la estabilidad; a otros, la firmeza. Entre los aplausos quedan pendientes las preguntas: qué compromisos asumen, en qué plazos y ante quién responderán si no los cumplen.
También conocemos la escena del gobernante que responde a una crítica clasificando a quien la formula. Antes de explicar su gestión, le asigna al interlocutor una ideología y da por terminada la conversación. O la del dirigente que encuentra en el inmigrante una explicación portátil para problemas que requieren hablar de vivienda, salarios, servicios públicos y decisiones acumuladas durante años.
Y entre quienes reproducen ese discurso aparecen inmigrantes que parecen haber dejado de considerarse tales. Su propia historia merece comprensión; la del recién llegado despierta sospechas. Aplauden que se señale a otro y dejan de preguntar qué se propone realmente para resolver el problema.
Aquí sí cabe una comparación con los niños, aunque nos deje mal parados. A veces un niño sigue preguntando porque la explicación que recibió no le basta. Un adulto puede dejar de preguntar en cuanto escucha la respuesta que le conviene. En esa escena, el niño es el más exigente de los dos.
Tampoco basta con culpar a las redes. Nosotros elegimos qué compartimos, a quién creemos y cuánto estamos dispuestos a revisar. Pero quien ejerce el poder tiene una responsabilidad mayor: dispone de información, administra recursos y debe responder por decisiones que afectan a otros. Esa obligación no desaparece porque su público le permita eludirla.
Una sociedad adulta necesita poder escuchar que un problema tardará años en resolverse, que una medida tendrá costos o que todavía hay preguntas sin respuesta, y gobernantes capaces de decirlo sin tratar al ciudadano como alguien a quien hay que mantener satisfecho hasta la próxima elección. La madurez también consiste en soportar esa conversación, en exigirla cuando resulta incómoda para los nuestros y en reconocer que una frase puede gustarnos mucho y explicarnos muy poco.
Mientras nos baste un video para sentirnos informados y una consigna para sentirnos representados, habrá espacio para gobernar sin dar demasiadas explicaciones.
Después les pediremos a los niños que aprendan a pensar por sí mismos.
