Existen muchos códigos, leyes, reglamentos, cartas de principios…, pero muy pocos incentivos para la conducta ética.
Para los cargos públicos debería exigirse un código ético y que su incumplimiento sea causa de despido irrevocable.
Las proclamaciones éticas deben ser exigidas puntualmente a todos los profesionales con responsabilidad como lo que son: el requisito para la confianza que requiere cualquier actividad productiva.
Se trata de imponer la legalidad del lado de la ética, de forma que los contratos dejen de amparar una flagrante falta de ética para convertirse en garantes de la buena conducta.
El problema está que quienes suelen hacer muchos de esos códigos éticos son los mismos que comenten los delitos, es decir, se pagan y se dan el vuelto. La paradoja es que se puede ser corrupto sin ser ilegal.
La ética y la responsabilidad corporativa no son cuestión de buena voluntad, moral o religión, sino la esencia de la competitividad.
No es suficiente con confiar en que alguien va a ser ético; la falta de ética debe convertirse en un mal negocio.
Estamos asustados por la fragilidad y la vacilación de nuestra situación social, vivimos en la incertidumbre y en la desconfianza en nuestros políticos e instituciones precisamente por la falta de ética de estos. Estudiar una carrera ya no se corresponde con adquirir unas habilidades que serán apreciadas por la sociedad, no es un esfuerzo que se traduzca en frutos. Toda esta precariedad se expresa en problemas de identidad, como quién soy yo, qué pasará con mi futuro y como me comporto de manera ética.
Hay que poner a las personas por encima de los beneficios. Y nosotros, los ciudadanos tenemos mucho más poder del que creemos: ponemos y quitamos gobiernos; responsabilicémonos.
Enrique Guzmán.
@kikeamsterdam
Amsterdam 10-6-2017