La verdadera noticia debería ser que Ipostel existe. De hecho, hay personas que se bañan (si tienen agua ese día) y se visten cada mañana para realizar un «trabajo» que hasta ahora consistía en, presuntamente, hacer llegar cartas o paquetes que enviaban ingenuamente los ciudadanos confiando en que llegarían a su destino. Que de chistes y anécdotas está llena la historia del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela sobre los años – léase años-, que podía tardar una postal para llegar a su destino.
Porque desde la llegada de Internet a la civilización, con sus emails, chats y afines, cualquiera supondría que Ipostel había fenecido de inanición. Que bastaba con mirar a algunas de sus sedes, como la de El Cafetal en Caracas, ahora convertida en módulo policial, para corroborar que el organismo había llegado a su triste fin gracias a ese escollo que suele ser el progreso.
Pero en una suerte de resurrección publicitaria, el Ministerio del Transporte publicó hace poco en sus redes fotos del ministro visitando Ipostel para anunciar que el organismo «se incorporaba a la Gran Misión Transporte de Venezuela», algo que a nadie le importó. Pero, una semana después, Ipostel protagonizaba el verdadero sablazo: se encargará de regular el sector delivery. Noticia que vino justo después de que habíamos visto aquellas fotos oficiales con miles de paquetes arrumados quién sabe cómo, más centenares de cartas y sobres languideciendo dentro de unas cestas de plásticos sucias, donde «clasifican» mediante un cartelito de papel arrugado las zonas donde milagrosamente llegará su contenido: «Caucagua», «Guarenas», «El Valle», toda una pesadilla para Jeff Bezos, el genio detrás de Amazon.
Pesadilla que ahora sufrirán empresas y particulares que han hecho del delivery un medio de subsistencia en estos días tan duros, ciudadanos que deberán enfrentar a la burocracia habitual esta vez para inscribirse en Ipostel, cuyo portal hasta ahora no ofrece información alguna sobre absolutamente nada.
Lo único que se sabe, vía Gaceta Oficial, es que las empresas de delivery pagarán 300 dólares anuales para obtener una licencia que les permita hacer las entregas a domicilio- aún no se sabe a quién ni cómo-, y que habrá otro pago del 1% sobre las encomiendas que se concreten, dinero que seguramente se trasladará a los usuarios. Y, para redondear la hecatombe, Ipostel creará una aplicación móvil, «para que sirva de plataforma única de la prestación del servicio de entregas a domicilio a nivel nacional». Es decir, que el gobierno será el único que se encargará de que nos llegue desde la comida hasta las medicinas, chiste que se cuenta solo.
Y si bien es cierto que la mayoría de los países donde se ha desarrollado el sistema de deliverys han regulado su actividad- desde Argentina hasta Rusia, pasando por China y España-, sus medidas han ido dirigidas a proteger a los motorizados o encargados de llevar la compra a domicilio. Algunos los han sindicalizado, otros han exigido un salario fijo y otros hasta han solicitado seguridad social para esos trabajadores. Pero solo en Venezuela se intenta sacarle dinero a las empresas de delivery, sin haber estudiado siquiera si son realmente empresas o si se trata simplemente de individuos que han hecho de la encomienda un modo de vida y ganan apenas la cifra que cada empresa cobra al usuario por ese trabajo, que suele ser entre 3 y 6 dólares, según la distancia. De modo que habrá días cuando el motorizado cobre mucho y días cuando no cobre ninguno. ¿Se deben entonces inscribir ellos también en Ipostel para recibir la certificación que les permita andar con su cava a cuestas o le saldrá más barato pagar el consabido peaje que seguramente se desarrollará también como consecuencia de que el gobierno inventó otro permiso que les permitirá circular en paz?
«Métanse con el Santo, pero no con la limosna», dicen por ahí. Porque si bien es obvio que en plena campaña electoral el gobierno anda buscando dinero debajo de las piedras, también deberían cuidarse de enfurecer a un sector que se ha apropiado de las ciudades a escala nacional y, en menos de tres minutos, trancan medio país por un choque o una llovizna. Mosca pues.