Las acciones del gobierno para el control de la economía han propiciado el avance de la Delincuencia Organizada en Venezuela. A esta conclusión conduce la segunda encuesta realizada por la Asociación Civil Paz Activa y el Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso), cuyos resultados evidencian que por cada cuatro entrevistados, tres perciben que las medidas económicas del gobierno propician hechos de corrupción.
Asimismo, el muestreo representativo de la población venezolana, desconfía de la política oficial y la percibe como un elemento clave de los altos niveles de inseguridad e impunidad en Venezuela.
A esta percepción de la población se suma la actuación de los cuerpos policiales, que según los entrevistados, lejos de combatir a la delincuencia organizada, la propicia. Pero también manifiestan desconfianza en los colectivos y se muestran en desacuerdo con las llamadas zonas de paz y las negociaciones con grupos delictivos.
Los datos mencionados son apenas una parte de los resultados de la amplia encuesta sobre el “delito organizado” en Venezuela, pero de gran importancia para determinar el claro enfoque de la población venezolana sobre la infiltración de la delincuencia organizada en las instituciones del Estado, es decir, el Estado Delincuente.
Sin duda, el fenómeno pluriofensivo – como dice Bayardo Ramírez Monagas- de la Delincuencia Organizada ha degradado las bases del Estado de Derecho y de la democracia en Venezuela, hasta el punto que los entrevistados involucran al Estado y al gobierno en las actividades de los grupos delictivos organizados, lo que se traduce en temores y desconfianza sobre las instituciones.
Esos temores se reflejan cuando la gente considera peligroso denunciar a los grupos de delincuencia organizada, cooperar con la policía para enfrentarlos o ser testigo en un juicio penal. En otros casos consideran que muchos hechos quedan impunes, porque los jueces están amenazados o comprados y atribuyen las pocas acciones contra las bandas delictivas al hecho que el gobierno ha debilitado a las policías. Además es un hecho indiscutible, reconocido por el propio gobierno que la corrupción y la impunidad se han ido adueñando del país.
Indiscutiblemente, la casta militar, funcionarios de alto nivel y sus cómplices necesarios, los boliburgueses, han sustituido la democracia por una cleptocracia y una kakistocracia, creando un estado delincuente, donde lo lícito y lo ilícito se mezclan para cocinar un estado corrupto y alcahuete, que persigue a los que piensan distinto, pero calla mientras se muestra cómplice de los corruptos responsables del saqueo que ha sufrido el país, que es la causa de la inflación, la escasez y la violencia que estamos padeciendo.