Como si fuera poco, a la inseguridad se le une el hambre.
Hoy quiero dedicar este espacio para reflexionar sobre los principales males que agobian a cada hogar venezolano por la inseguridad desbordada.
La inseguridad ha llevado al país entero a un toque de queda no declarado, donde las ciudades quedan en silencio al caer la noche y ni siquiera la luz del día es garantía de no ser víctima de algún delito.
Lo primero que nos preguntamos es si el Gobierno nacional se detuvo alguna vez en el pasado a medir las consecuencias de no atajar este monstruo de mil cabezas a tiempo. Porque la desatención al asunto, el hecho de ser más reactivos que preventivos e incluso, el dejar semejante responsabilidad en manos de funcionarios sin la preparación adecuada, solamente han abonado el terreno para que todo empeore exponencialmente.
¿Hay voluntad política para abordar el tema? ¿Existe una inclinación real de los gobernantes para entender lo que vivimos, fijar objetivos y desarrollar estrategias para reducir de manera importante la violencia?
Lamentablemente ni siquiera en los frecuentes discursos oficialistas está presente el tema. Para quienes hoy ostentan el poder, las prioridades son otras. Y esta decisión de gobierno está costando día a día numerosas vidas de venezolanos.
Por otra parte, el ritmo epiléptico en el enfrentamiento de esta calamidad nos coloca cada vez más lejos de solucionarlo. Nos referimos a esporádicos esfuerzos, como el plan desarme, que se anuncia con bombos y platillos para luego quedar abandonado y que, como sabemos es de lejos insuficiente para solucionar, aunque se implementara en forma impecable. Es apenas uno de los tantos elementos que deben componer una verdadera política seria contra el delito.
Tampoco ayudan mucho operativos, alcabalas y otras medidas punitivas de similar corte. Medidas que, por supuesto deben formar parte de la política mencionada antes; pero que también son insuficientes por sí solas. Y mucho más insuficientes si no son aplicadas con la máxima rigurosidad de la profesión policial y muy especialmente en el marco de una sociedad con balance de poderes que pueda mantener el equilibrio entre la aplicación de justicia y el respeto a los derechos humanos.
Por otro lado, hay que revisar seriamente qué está sucediendo con la institución policial en el país. Sueldos, beneficios, compensaciones, formación. Un buen funcionario que desee hacer su trabajo se encontraría de manos atadas ante el deterioro de esa institucionalidad en el país.
Nos falta piso como ciudadanos. Instituciones sólidas, formación en valores, castigo para el transgresor. Hasta que eso no se concientice y se accione en función de ello, no habrá alcabala, operativo ni recolección de armas que valga. Y seguiremos perdiendo vidas a manos del hampa.
Es enorme la tarea, y debe ser ejecutada conjuntamente por especialistas y ciudadanos, trabajando hombro a hombro. Pero sí es posible. Muchas sociedades lo han demostrado.
¿Estamos dispuestos?
Alexander Pertuz
Concejal de Guatire