Venezuela rechazó este martes la aprobación por la Cámara de Representantes de Estados Unidos la «Ley Bolívar» que busca fortalecer las sanciones y congelar activos del presidente Nicolás Maduro.
Según el Gobierno venezolano, la ley «ofende la memoria de Simón Bolívar» al adoptar su acrónimo. Este acto ha sido calificado como «un nuevo ataque contra el legado del Libertador», quien, a juicio de las autoridades, dedicó su vida a combatir el «imperialismo y el colonialismo».
El comunicado señala que este proyecto de ley busca «obstaculizar las relaciones y la cooperación económica entre Venezuela y Estados Unidos», violando así los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Asimismo, denunció que este esfuerzo es impulsado por sectores de la derecha estadounidense, alineados con más de 930 «medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales impuestas contra el pueblo venezolano y su economía».
«Esta nueva arremetida tendrá asegurado su fracaso, como todas las ridículas aventuras a las cuales han sometido al gobierno de los Estados Unidos, incluido el estrafalario apoyo a Juan Guaidó en el año 2019», señala el comunicado.
En este contexto, Venezuela hizo un llamado a los órganos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional, especialmente a los países de América Latina y el Caribe, para que condenen lo que considera un «acto ilegal e injerencista».
¿Qué establece la «Ley Bolívar»?
En la sesión llevada acabo el 18 de noviembre, el representante Michael Waltz afirmó que esta norma «transmite un mensaje claro a Maduro y a otros líderes mundiales: no habrá lugar para el apaciguamiento ni para la impunidad en respuesta a acciones ilegales».
Además, subrayó la necesidad de que la política estadounidense se base en la «solidaridad» con aquellos que buscan romper las cadenas de la «opresión».
Waltz subrayó la situación que enfrenta Venezuela, atribuyéndola a las políticas de Maduro y su círculo cercano. Destacó que el presidente de Venezuela «desconoce la voluntad del pueblo», fomentando la «violencia» contra la oposición.
Asimismo, enfatizó la importancia de mantener la solidaridad con los activistas que «luchan por la libertad. «Hay que fortalecer las sanciones actuales contra el gobierno y buscar nuevas medidas que limiten los recursos de Maduro, que utiliza para pisotear la libertad y el bienestar de los venezolanos», afirmó.
Por otra parte, la representante Debbie Wasserman Schultz señaló que esta legislación bipartidista está destinada a «desmantelar la red de apoyo que sustenta a Maduro, dejando claro que los ciudadanos estadounidenses no tolerarán la represión antidemocrática y que no respaldarán su Gobierno a través de subsidios u otras formas de apoyo económico».
María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores, reafirmó la postura de la Cámara al declarar que Estados Unidos «no legitimará ni respaldará a Maduro».
La Ley Bolívar se suma a las sanciones existentes, estableciendo una prohibición para que el gobierno de EE. UU. contrate a cualquier individuo o entidad que mantenga relaciones comerciales con la admistración de Maduro, así como con cualquier futuro gobierno en Venezuela que no sea «reconocido como legítimo» por Estados Unidos.
El proyecto de ley incluye exenciones para contratos relacionados con asistencia humanitaria y socorro en caso de desastre, asegurando que los esfuerzos de ayuda a la población venezolana no se vean afectados.
Se espera que la legislación sea considerada por el Senado en los próximos días, antes de ser enviada al presidente para su firma.