Venezuela rechazó el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en la que prohíbe el relacionamiento y la cooperación económica entre las dos naciones en distintos ámbitos de acción.
En ese sentido, el canciller de Venezuela, Yván Gil, precisó en un comunicado que esta es una «franca violación a la Carta de Naciones Unidas, solicitado por la derecha fascista de los grandes apellidos, sumándose a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales en contra del pueblo venezolano».
Además, fustigó que la normativa estadounidense lleve el acrónimo de Bolívar, por lo que es «una ofensa contra el genio más grande de la historia americana».
La autoridad venezolana exhortó a los órganos de Naciones Unidas encargadas de los Derechos Humanos, así como a la comunidad internacional, especialmente en América Latina y el Caribe, «a condenar estos actos ilegales y de violación en contra de la soberanía nacional».
Ley aprobada en la Cámara de Representantes de EEUU
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó un proyecto de ley que prohíbe al gobierno de Estados Unidos contratar a personas que tengan lazos comerciales con el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La llamada «Ley Bolívar», que ahora debe ser aprobada por el Senado estadounidense, también establece la misma prohibición para «cualquier gobierno sucesor de (Maduro) en Venezuela que no sea reconocido como legítimo por Estados Unidos».
No cambia nada
Por su parte, el economista Francisco Rodríguez explicó que a primera vista, esta normativa «parece un paso firme contra Maduro, pero en realidad no cambia nada respecto a Venezuela ni impone nuevas restricciones al Gobierno de EEUU».
Resaltó que la «Ley Bolívar» prohíbe que el Gobierno de EEUU contrate empresas que negocien con el Gobierno de Nicolás Maduro. «Sin embargo, negociar con el Gobierno ya es ilegal bajo las sanciones existentes, como la Orden Ejecutiva 13884 de agosto de 2019″, acotó.
Asimismo, expresó que cualquier empresa que actualmente haga negocios con el Gobierno venezolano «estaría violando las sanciones de EEUU y enfrentaría consecuencias mucho más graves que perder contratos con el Gobierno de Estados Unidos, como multas significativas o incluso cargos criminales».
Rodríguez puntualizó que empresas extranjeras como Repsol «no están sujetas a sanciones de EEUU. Sin embargo, pueden recibir sanciones secundarias si proveen ‘asistencia material’ al Gobierno, lo que limita indirectamente sus actividades con Maduro».
Precisó que muchas empresas no estadounidenses buscan licencias o «cartas de confort» del Gobierno de EEUU «para asegurarse de que no enfrentarán sanciones al negociar con Venezuela. Esto aplica principalmente a compañías grandes con intereses en EEUU».
«En la práctica, empresas pequeñas que no dependen del mercado estadounidense, como refinerías chinas, podrían ignorar estas restricciones. Sin embargo, estas empresas tampoco suelen tener contratos con el gobierno de EEUU, por lo que la ley no las afecta», enfatizó en sus redes sociales.
El economista venezolano aseguró que la «Ley Bolívar» es simbólica: «no impone restricciones nuevas ni cambia la situación actual de sanciones. Su principal efecto está en su mensaje simbólico: una postura firme contra Maduro».
Un tiro en el pie
A juicio del periodista y analista político William Castillo, la llamada Ley Bolívar, aprobada este lunes 18 de noviembre por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, no es más que “un tiro en el pie”.
Así lo aseguró a través de un video publicado en su cuenta en la red social X, en el que hace un análisis sobre lo que realmente significa la aprobación de esta legislación, que ahora deberá recibir el visto bueno del Senado gringo.
“En realidad lo que le están diciendo es: ’Miren, cierren todos los contratos porque, si no, los vamos a perseguir’. Es decir, es una ley que lleva el nombre de Bolívar para ocultar que impiden el desarrollo de las propias empresas de Estados Unidos. Es una cosa increíble”, apuntó.
En este sentido, señaló que esto generará que esos producto y servicios que el Gobierno nacional contrataba con empresas gringas, sean reemplazados por proveedores vinculados a países miembros del grupo BRICS.
Para Castillo, el que dicha ley sea conocida como Ley Bolívar, no es más que un intento del régimen yanqui por ofender a Simón Bolívar y agredir a Venezuela a través del lenguaje.
“No ofendan el nombre del hombre más grande de esta Patria”, precisó.
