En el país del billete, un comercio dedicado al rubro panadero por años decidió, de la noche a la mañana, vender licores e instalar un karaoke en su terraza cada viernes en la noche, intoxicando de ruidos molestos a todo el vecindario. Semejante detalle funciona para ilustrar cómo nos hemos convertido en un territorio donde manda la ley del más fuerte. O el más abusador, o el más enchufado
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«Haga lo que quiera», me responde el portugués encargado del negocio cuando le planteo mis quejas. Me asegura que tiene permiso para vender licores (las botellas de vino se colocan entre los panes y las tortas) y que el karaoke seguirá en pie lanzando todos los viernes de cada semana destempladas canciones de mujeres que tratan de imitar el hit de Karina «!Siento un vacío entre tu y yo!» o el borracho que prefiere gritar sus rancheras al viento, mientras los vecinos nos calamos semejante abuso.
Por supuesto venden licores (habría que saber si cuentan con el permiso correspondiente) y no le hacen caso en absoluto a las quejas de los residentes, como me consta cuando fui a reclamar, porque ocurre que es la única panadería en los alrededores de la urbanización Chuao, vive llena de clientes de domingo a domingo y en semejante posición de poder, se sienten con derecho a abusar. El mismo derecho con el que han tomado parte de la acera como estacionamiento mientras los peatones tenemos que lanzarnos a la calle esquivando los autos y maldiciendo a este país sin ley. O de leyes que nadie cumple porque ¿para qué?
Revisando la Gaceta Municipal de Baruta, resulta que en el Artículo 2º de la Ordenanza sobre Contaminación por Ruidos, que está vigente, se lee clarito que: «Las actividades que produzcan ruidos molestos dentro del Municipio Baruta deberán adaptar su infraestructura y/o ajustar sus condiciones de funcionamiento, a los fines de respetar los niveles de ruido máximos permitidos por la presente ordenanza, según el tipo de zona a la que estén afectando, a manera de evitar los efectos negativos en los ciudadanos, en especial en los sectores residenciales, siendo obligación de los propietarios responsables de dichas actividades, cumplir con las medidas correctivas o de prevención exigidas en esta Ordenanza.»
Ordenanza que no ha sido derogada y que se puede consultar en el portal de la Alcaldía de Baruta, que tan buen servicio presta a los vecinos, valga la cuña.
Y si bien esto parece una pequeñez dentro de la centenares de tragedias que viven los ciudadanos a diario – como cualquier podría reclamar y con razón-, también es cierto que los vecinos de esa zona no estamos exentos de ninguna. Porque casi todos hemos sufrido por años el rompimiento de la familia por la emigración de los hijos, el alza de todos los precios, el empobrecimiento generalizado, salvo las deshonrosas excepciones de quienes han aprovechado sus contactos con el poder para hacerse ricos sin disimulo. Pero la mayoría somos lo que sufrimos el día a día de un país donde impera la ley del más fuerte, el abuso como norma y la insensibilidad de quienes se quieren enriquecer a costa de lo que sea, incluyendo por supuesto la tranquilidad de pasar un viernes en la noche en casa sin amargarse la vida por culpa de unos panaderos que decidieron convertir su local en un bar a costa de la tranquilidad de sus clientes, vaya paradoja.
Y más irónico aún es que semejante conducta, que podríamos envolver dentro de las dichosas burbujas que cada quien ha decidido habitar a beneficio propio, proviene de una empresa privada. No es un ministerio el que abusa, ni un gestor del SAIME ni un peaje policial. Es un pequeño empresario que le debe buena parte de lo que tiene al dinero que dejamos en su caja los vecinos, clientes habituales por años. Vecinos de una nobleza que, cuando vimos alguna chiripa descuidada entre los panes, decidimos no comprar pan allí más nunca en lugar de llamar al Ministerio de Salud (¿eso aún existe?), para que le hicieran una inspección reglamentaria al estado de su cocina. Pero la suspicacia sobre los sospechosos habituales -«seguro el funcionario va a cobrar quién sabe cuánto por hacerle una inspección favorable»-, obligó a dejar las cosas de ese tamaño y excluir el pan de las compras, todo un beneficio para la chequera por cierto.
Por ahora, seguiremos ejerciendo nuestro derecho al pataleo. Recogeremos firmas entre los afectados, exigiremos que la urbanización no se convierta en un campo sin ley, que los ruidos molestos de la panadería no devalúen aún más nuestra propiedad y estaremos alertas, no vaya a ser que en cualquier momento también se les ocurra montar una casa de citas, como se le dice elegantemente a los sitios que se llenan de «prepagos» en busca del mejor postor, mientras se escucha de fondo a una tipa, karaoke en mano, imitando a Rocío Durcal.
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