El partido es la formación más antigua del país y acompañó al chavismo en su ascenso al poder en 1999, tras lo cual mantuvo una cercanía con el gobierno que se rompió en la última década, cuando se volvió crítico de Nicolás Maduro.
El Tribunal Supremo de Justicia ordenó este viernes la intervención del Partido Comunista de Venezuela (PCV), al admitir un amparo constitucional introducido el pasado 10 de julio por un grupo que alega que la junta directiva actual es ilegal y se ha alejado de los preceptos que rigen la organización.
La sentencia número 1160, emanada de la Sala Constitucional y publicada en la página web del TSJ, «admite procedente» el amparo constitucional y nombra una «junta directiva ad hoc de dirección de la organización para que organice los procesos democráticos internos que garanticen los derechos a la participación política de los asociados».
Intervinieron al PCV
El TSJ designó a Henry Parra, quien se ha identificado como dirigente nacional de la formación e introdujo este amparo constitucional, presidente de esta junta; al ciudadano Sixto Rodríguez como secretario general; y a Griseldys Herrera como secretaria de organización.
Asimismo, nombró a Carlos Figueroa secretario de administración y finanzas, a Zoilo Aristegui como secretario de ideología, a Joahan Coraspe secretario de agitación y propaganda y a Robinson García como secretario por el trabajador agrario y campesino del partido político.
El PCV es la formación más antigua del país y acompañó al chavismo en su ascenso al poder en 1999, tras lo cual mantuvo una cercanía con el gobierno que se rompió en la última década, cuando se volvió crítico del presidente Nicolás Maduro.
La directiva del partido había alertado en reiteradas ocasiones de un «plan para asaltar e intervenir el PCV». Esta denuncia que aumentó luego de que un grupo de comunistas pidiera al Supremo intervenir esta formación política, el pasado 10 de julio.
A finales del mes pasado, más de 300 políticos, intelectuales, sindicalistas y activistas de varios países firmaron una petición en la que solicitaban al gobierno de Maduro que evitaran «la judicialización» de esta organización. EFE