El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió este jueves convalidar los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dan el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio.
Este jueves 22 de agosto la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia definitiva que convalida los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de las elecciones del pasado 28 de julio, que dan como ganador al presidente Nicolás Maduro.
La sentencia fue leída por la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, tras finalizar el proceso de peritaje practicado al material electoral de los comicios presidenciales.
“Se certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, emitidos por el CNE, donde resultó electo Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2025-2031″, refiere el texto.
En el documento se exhorta al CNE a publicar los resultados definitivos de las elecciones en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela.
Además, se indica que, con base a los resultados obtenidos en el peritaje, se pudo concluir que los boletines emitidos por el CNE están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por las máquinas de votación en el proceso electoral, y mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros de totalización.
También, la sentencia ratifica que “se evidenció un ataque cibernético masivo” al poder electoral.
Asimismo, se informó que será sancionado a Edmundo González, excandidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), por no asistir a las comparecencias.
Se concluyó que los boletines emitidos por el CNE el día 28 de julio están respaldados por todas las actas emitidas por las máquinas y con ello se convalida el triunfo de Nicolás Maduro en el proceso para el periodo 2025-2030.
Asimismo, la sentencia del TSJ ordena al CNE publicar el resultado total de las elecciones presidenciales y se le solicitó al Ministerio Público abrir una investigación penal por los delitos de: usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración.
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