La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la nulidad de la designación de una directiva ad-hoc al Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por la Asamblea Nacional (AN).
Asimismo, señalaron que quienes acepten los cargos de esta junta directiva, estarán incurriendo en usurpación de funciones.
«Quienes sean designados y/o acepten dicha designación incurren en delitos de usurpación de funciones y otros delitos de acción pública consagrados en el ordenamiento jurídico penal venezolano relativos a corrupción, delincuencia organizada y terrorismo, entre otros», expresa la sentencia publicada en el portal web del ente.
También declaró nulo el «Acuerdo en rechazo a la designación de Calixto Ortega Sánchez como presidente del Banco Central de Venezuela», quien fue nombrado por Nicolás Maduro, en junio del año pasado, y aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), al encontrarse el Parlamento en desacato desde 2016, según propia sentencia del TSJ.
El alto tribunal recalcó en su sentencia, que las acciones emprendidas por el Legislativo son actos «absolutamente nulos» y un «asalto al Estado de derecho», por su condición de desacato.
La AN se encuentra en desacato desde el 2016 al juramentar los tres candidatos del estado Amazonas –cuya elección el 06 de diciembre de 2015 fue impugnada debido a presuntas irregularidades–, pese la orden del TSJ que dejó sin efecto su elección hasta tanto culminaran las investigaciones, según reseña AVN.
Parlamento reclama violación de la Constitución en decisión del TSJ
Sin embargo, más de tres años después aún no se conoce el resultado de dichas investigaciones y el órgano judicial no se ha manifestado al respecto, alegando que la junta directiva del Parlamento no desincorporó a los diputados.
Mientras que desde la oposición afirman que la desincorporación fue realizada pero el TSJ no la aceptó, por lo que volvieron a incorporarlos, considerando que la decisión del poder Judicial atenta contra la propia Constitución al dejar a un estado sin representación en el Parlamento.
Aunque en las negociaciones entre Gobierno y oposición en Barbados, propiciadas por el Reino de Noruega, los puntos que se están tratando se han mantenido en secreto a pedido de sus promotores, se estaría discutiendo devolver las facultades al Legislativo para que puedan escoger en consenso un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), según fuentes cercanas al sector opositor.
Es importante recordar que el actual CNE fue ratificado por el TSJ lo que ha generado que el grueso de la oposición no haya querido participar en los últimos cinco comicios, incluido en el que se escogió la ANC, un órgano plenipotenciario que se ha abrogado las atribuciones constitucionales del Parlamento, por lo que quedó compuesta en su totalidad por personas afectas al oficialismo.