Quienes realizan trámites para abandonar el país denuncian la poca oferta diaria para tramitar los antecedentes penales, el oficio que certifica el estatus legal de la persona. La oferta para gestionar el documento es escasa. Cada día el Ministerio de Interior, Justicia y Paz expide apenas 7000 documentos, una cantidad irrisoria en un país donde se calcula que a diario emigran más de 5000 personas por la frontera colombiana.
Julio Materano/Crónica Uno
Al drama de tramitar un pasaporte se le suman otros requisitos para salir del país. Es el alud de documentos que certifican la legitimidad y procedencia de un emigrante, en este caso de origen venezolano. Quienes realizan trámites para abandonar el país denuncian la poca oferta diaria para tramitar los antecedentes penales, el oficio que certifica el estatus legal de la persona. La oferta para tramitar el documento es escasa. Cada día el Ministerio de Interior, Justicia y Paz expide apenas 7000 documentos, una cantidad irrisoria en un país donde, se calcula, emigran a diario más de 5000 personas por la frontera colombiana.
Usuarios de la plataforma del Ministerio de Interior y Justicia aseguran que el funcionamiento del portal es intermitente y el proceso de entrega de citas es lento, falla con frecuencia. Según advierte la cartera de Interior en su sitio oficial, las personas solo podrán tramitar una certificación diaria, tres mensuales y un máximo de 10 por año.
Las solicitudes, que se tramitan de lunes a viernes, durante un plazo de 24 horas o hasta que se cumpla el cupo diario, se cuentan por miles. Quienes solicitan el oficio sostienen que no existe otra forma de solicitar los antecedentes sino a través de la página del MIJ. En las taquillas solo son atendidas las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con un estado grave de salud comprobado.
Aun cuando en redes sociales circulan algunos consejos para tener éxito en la solicitud, hay quienes aseguran que los cupos se agotan cinco minutos después de la medianoche, cuando sugieren ingresar al portal.
Gloria Amada Rangel, una exalumna de la Universidad Simón Rogríguez, cuenta que las fallas se extienden a la oficina de Gestión de Trámites Universitarios del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, cuyas citas están canceladas. “No hay forma de pedir una cita. Solo puedes hacer las gestiones con un boleto en mano, de esa forma te atienden para el GTU“, señala en redes sociales.
A propósito de las dificultades y la burocracia que complica algunas gestiones, hay quienes se valen de la situación para ofrecer sus servicios como gestores. Es el caso de Olga López, una madre que vive de gestionar cupos para la legalización de documentos. Los hace para el registro principal de Los Teques, donde se verifican las firmas de los notarios de Miranda, y para el registro de Petare, donde se legalizan documentos de Caracas.
En el caso de la legalización los documentos pueden tener un costo de 3000 bolívares y si de apostilla se trata, hay gestores que cobran hasta 70 dólares por la apostilla exprés de un documento civil, título o credencial.
En el Registro de Distrito Capital, ubicado en el sector Lebrún de Petare, ciudadanos esperan desde las 4:00 de la mañana para realizar los trámites de registro, legalización y apostillado de sus documentos. La mayoría expresa sus intenciones de salir del país en busca de oportunidades.
En la sede del Registro ubicada en Petare se procesan documentos como partidas de nacimiento, actas de matrimonio, y registro y apostillado de títulos universitarios para residentes de Distrito Capital, Vargas y Delta Amacuro; en el resto del país se debe acudir a agencias regionales del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).
En Caracas, donde las certificaciones deberían ser entregadas en 24 horas, el proceso se divide en dos fases: el primer día para solicitud, consignación y pago de aranceles y el segundo día para retiro del documento legalizado. Pero el proceso se extiende hasta por cinco días hábiles.
En abril de 2018 el Saren anunció que continuará con el proceso de modernización de sus servicios, para facilitar trámites en los registros principales y al mismo tiempo optimizar los controles sobre práctica de la gestoría. En esa ocasión, el Ejecutivo aseguró que la idea era agilizar las citas programadas, cada 15 días, para reducir las colas en los registros, pero nada de ello ha ocurrido.